Con la ejecución del mexicano Édgar Tamayo, Estados Unidos una vez más violó el derecho internacional, exhibió la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó la conclusión de la sentencia del connacional.

A través de un postura oficial, la ONU expresó su oposición a la pena de muerte como política, pero además, este caso coloca a Estados Unidos una vez más en violación del derecho internacional, ya que al señor Tamayo Arias no se le otorgó la atención consular, que -como extranjero- era su derecho bajo el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares .

La falta de asistencia consular suscita preocupaciones sobre si su derecho a un juicio justo, garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculante para EU, fue completamente garantizado, indicó la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Este organismo recordó que en el 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución que ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los casos de 51 ciudadanos mexicanos sentenciados a muerte, incluyendo el caso de Tamayo, sentenciado a pena capital, acusado del homicidio de un policía en 1994.

La revisión del caso del señor Tamayo no ocurrió. Lo que el estado de Texas ha hecho en este caso compromete la responsabilidad internacional de Estados Unidos. Estamos muy decepcionados porque ni la Texas Board of Pardons and Paroles ni el Gobernador dieron los pasos necesarios para prevenir que esta violación de las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional ocurrieran .

TEXAS, RESPONSABLE

Por su parte, el Departamento de Estado de la Unión Americana lamentó, vía comunicado, la ejecución del connacional y responsabilizó al estado de Texas por el incumplimiento de la resolución del caso Avena. El Departamento lamenta la decisión de Texas para continuar con la ejecución del señor Tamayo sin revisión ni reconsideración .

Este caso ilustra la importancia crítica de que el Congreso apruebe la ley de cumplimiento de la notificación consular , que proporcionaría un mecanismo adicional para EU para cumplir con sus obligaciones internacionales.

Si Texas no debía aplicar la inyección letal a Tamayo y lo hizo, ¿qué ocurrió entonces?, cuestionó el Director del Programa de Derechos Humanos de Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en un artículo. Su respuesta fue corta: Una combinación mortal de un Estado sediento de sangre y un Congreso paralizado .

ana.langner@eleconomista.mx