México no cumple plenamente con las normas mínimas de la Ley de Protección de Víctimas de Trata y es una gran fuente de tránsito y destino para víctimas de tráfico con fines sexuales y trabajo forzoso, reveló el informe del Departamento de Estado de la Unión Americana Trata de Personas 2011 .

Presentado por la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, el estudio establece a la República Mexicana en el nivel 2, lo que significa que pese a que no cumple con la Ley de Protección de Víctimas de Trata, las autoridades hacen esfuerzos considerables para cumplir con esas normas.

No obstante, enlista a grupos vulnerables de este delito, los cuales se centran en mujeres, niños, indígenas y migrantes indocumentados principalmente originarios de zonas rurales que, atraídos por oportunidades de empleos fraudulentos, son sometidos a servicios sexuales en el país y Estados Unidos.

Existe también el problema de trata de personas sometidas a condiciones de trabajo forzoso en agricultura, servicio doméstico, construcción y la mendicidad callejera, tanto en EU como en México.

Durante el 2010, la mayoría del tráfico de víctimas identificadas en México era de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. El municipio de Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, fue identificado como una de las principales fuentes de mexicanos explotados víctimas de tráfico sexual. En algunas partes del país, el miedo del público de las organizaciones delictivas obstaculiza la capacidad del gobierno y la sociedad civil de combatir la trata.

De acuerdo con el reporte, la gran mayoría de las víctimas extranjeras de trabajo forzado y explotación sexual en México proviene de Centroamérica, en particular Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes en el tránsito hacia Estados Unidos para encontrar empleo o, en el caso de los menores no acompañados, reunirse con la familia, son interceptados por los cárteles y redes internacionales de crimen organizado.

El turismo sexual infantil continúa creciendo en México, detalla este trabajo del Departamento de Estado, especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún, y en las ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez. La mayoría de los turistas sexuales procede de EU, Canadá y Europa Occidental, pero también hay mexicanos.

Pese a que el Congreso mexicano aprobó un programa nacional contra la trata de personas con una inversión de 4.2 millones de dólares, el número de investigaciones sobre la trata, procesamientos, condenas y sentencias se mantuvo baja, y el financiamiento del gobierno a las víctimas sigue siendo insuficiente.

Ante este problema, el gobierno estadounidense recomienda al mexicano aumentar los esfuerzos federales y estatales para investigar y enjuiciar los delitos de tráfico, así como condenar y castigar a los tratantes, incluyendo a los cómplices de los funcionarios públicos.

Es necesaria una aplicación agresiva del Programa Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y aprobar la reforma legislativa a la ley del 2007 para prevenir y sancionar la trata de personas en la actualidad.

También se requiere incrementar el financiamiento para atender a las víctimas, así como destinar más recursos a los albergues y garantizar protección a los testigos.

Aumentar la colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales es clave para proporcionar mejor atención de los vejados. Por otro lado, según el gobierno de EU, en México deben optimarse los procedimientos formales de identificación de las víctimas, mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales, con el fin de responder con más eficacia ante cada caso.

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