Tila Patricia Galera León, agente del ministerio público de la entonces Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo y Javier Ruiz Ortega, juez del Poder Judicial de Quintana Roo, fueron detenidos por elementos de la PGR, señalados por armar una acusación falsa contra el periodista Pedro Celestino Canché Herrera, que desarrollaba su profesión en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y quien fue encarcelado nueve meses.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) indicó que la falsa acusación se originó porque el periodista tomó fotografías, grabó video y recabó información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en esa ciudad, para realizar los trabajos que le habían sido encomendados.

Información que Canché Herrera publicó en diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica para que se pusiera atención a la población maya de dicha comunidad por parte de las autoridades estatales y municipales, posteriormente fue detenido y acusado de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general y encarcelado por un periodo de nueve meses aproximadamente.

La investigación de la FEADLE arrojó que el ministerio público inició una indagatoria sin contar con la evidencia que acreditara el cuerpo del delito, solicitó una orden de aprehensión, como represalia por su actividad periodística, y consignó al comunicador ante el juez Ruiz Ortega, quien sin elementos dictó auto de formal prisión, afectando, limitando y menoscabando el derecho humano a la libertad de expresión.

“Hecho histórico”

En tanto, Artículo 19 destacó la detención de los funcionarios como un hecho de “relevancia histórica” al establecer un precedente inédito, por lo que celebró el avance de la investigación a tres años y 10 meses de la denuncia ante la FEADLE.

“Este es un importante paso para lograr verdad, justicia y reparación en el caso del periodista maya, acusado sin prueba alguna del delito de sabotaje y recluido durante nueve meses en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, en un proceso penal plagado de irregularidades, y que evidenció una operación de Estado en su contra”, puntualizó.

Sin embargo la organización internacional externó su preocupación por el uso de instancias judiciales, principalmente penales, como “medio represivo en contra de periodistas”, limitando su libertad de expresión y como forma de censura a través de la prisión.

En este sentido, consideró que la detención de los funcionarios significa reconocer que en México la procuración de justicia “es utilizada para perseguir y escarmentar a periodistas críticos, y en general, cualquier voz disidente del gobierno en turno”.

Aunado, dijo, a la falta de independencia de las autoridades judiciales que convalidan estas actuaciones violatorias de derechos humanos.