La impunidad es uno de los riesgos que se corren cuando se viola el debido proceso, advirtieron juristas.

El abogado del Instituto Tecnológico Autónomo de México Miguel Sarre alertó de costos muy altos por no respetar las garantías mínimas a las que todas las personas tienen derecho.

“No se puede rebasar el debido proceso para hacer justicia; no hay otra manera de hacer justicia”, sentenció el también integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Ayer, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas publicó y notificó oficialmente tres sentencias de amparo a favor de Salvador Reza Jacobo, el Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, y Gildardo López Astudillo, el Gil, presuntos integrantes del cártel de Guerreros Unidos y quienes estarían acusados de secuestrar y quemar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La protección de la justicia les fue concedida a los indiciados porque se encontraron indicios de tortura durante su detención. Por lo anterior, el juez pidió a la Procuraduría General de la República reponer el procedimiento.

Con esta acción, el Ministerio Público Federal tiene 10 días hábiles —a partir del miércoles— para cumplir con el fallo, de lo contrario, los tres acusados quedarían en libertad.

El Tribunal Colegiado ordenó también la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el caso Ayotzinapa.

Cabe mencionar que, en sentencia aparte, el juez primero de Distrito en procesos penales de Matamoros, Tamaulipas, dictó una sentencia con reservas de ley a favor de Marco Antonio Ríos, el Cuasi, y Martín Alejandro Macedo Barrera, el Becerro, Luis Alberto José Gaspar, el Tongo, y Honorio Antúnez, el Patachín, vinculados con el caso Iguala por haber encontrado indicios de que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura.

“El debido proceso no es sólo una garantía para los inculpados o imputados en un determinado delito (...) también es una garantía de certeza”, refirió Miguel Sarre.

Alberto Castillo del Valle, jurista de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, expuso, por su parte, que si se desploman casos como el de la desaparición de los jóvenes normalistas, por violaciones al debido proceso, es un impacto para las víctimas colaterales y la sociedad en general.

Para el especialista de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, es necesario que aquel que incumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba ser sancionado.

“La única forma de contar con sentencias claras y totalmente apegadas a la Constitución y debido proceso es que todos los indicios, que presente el Ministerio Público para imputar a una persona sobre la comisión de un delito, sean absolutamente apegados a la Constitución y bajo ninguna circunstancia exista indicio alguno de coacción”, expresó Ricardo Peralta, catedrático en derecho penal de la UNAM.

Explicó que, en todos los casos donde se acredita la comisión de tortura, es necesario reponer el proceso.

En el caso Ayotzinapa, abundó, no sólo se desploma la versión del Estado de la “verdad histórica”, sino que debe reiniciarse la averiguación con nuevos indicios para que, eventualmente, se pueda acreditar alguna responsabilidad a quienes han estado acusados.

De no llegar a la verdad y hacer justicia en el caso Iguala, las familias de los desaparecidos quedan “en total estado de indefensión”, condenó Ricardo Peralta.