Está demostrado, tras una década, que la estrategia de combate a la inseguridad con militares en las calles ha fracasado; de ahí que, más que concretar la Ley de Seguridad Interior para respaldar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se necesita redefinir el modelo de seguridad integral del país, coincidieron especialistas en materia de derechos humanos.

Al participar en una mesa de debate sobre seguridad y derechos humanos en México, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, planteó:

Mejor que crear una ley específica para la participación de las Fuerzas Armadas es establecer una política o estrategia de salida del paradigma militar.

Adoptar medidas que favorezcan y materialicen el retiro gradual, medible y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas de tareas que les desnaturalizan, medidas que favorezcan el cambio, la transición a otro modelo basado en la reforma y el fortalecimiento de las corporaciones policiacas .

Desde su óptica, la disminución de la violencia no pasa por la continuación del paradigma militar.

Llamó a una discusión mucho más abierta del tema, con la participación no sólo de los políticos, sino sobre todo de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, defensores de derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Nuestra Oficina está preocupada con la intención de adoptar una Ley de Seguridad Interior porque, según nuestra opinión, va en contra de la necesidad, varias veces admitida por las propias autoridades, de salir del paradigma militar, de reconstruir las corporaciones policiacas y de adoptar un modelo distinto de seguridad .

La Oficina, aclaró Jarab, no tiene ninguna orientación ideológica en contra de las Fuerzas Armadas, ni el propósito de desprestigiarlas, sino de ver a los militares en los roles que les son idóneos, no en el combate al crimen.

La continua debilidad de las policías civiles, explicó, es resultado del despliegue permanente de las Fuerzas Armadas porque para las autoridades locales sigue siendo más fácil llamar a la Federación para ayudarles con militares, que invertir en el trabajo difícil de la reconstrucción de policías profesionales, competentes y creíbles.

La posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas ha actuado como desincentivo para la mejora de las policías y, según nuestra evaluación, se necesita lo contrario, incentivar el cambio, la salida del paradigma militar. La adopción de una ley definiendo la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior podría dar una señal equivocada .

Por su parte, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que los gobiernos estatales tienen que responder por la nula profesionalización de sus policías, pese a que han recibido recursos públicos en abundancia.

Los gobiernos de los estados tienen gran responsabilidad en no tener policías preparadas (...) Se tiene que establecer una verificación de que los estados cumplan, o que se finquen responsabilidades .