En los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,  el incremento desmesurado de homicidios dolosos, el incremento desmesurado de homicidios dolosos, feminicidios, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y narcomenudeo hace necesaria una estrategia diferente a las que hasta el momento se han implementado, planteó el Observatorio Nacional Ciudadano.

De acuerdo con el organismo, durante el primer trimestre de 2018, la tasa de homicidio doloso y feminicidio aumentó 18.41% respecto al mismo periodo del 2017. Además, los primeros tres meses de este año registraron los niveles más altos de homicidio doloso y narcomenudeo. Este último delito tuvo el mayor incremento, que fue de 35.77% con relación al mismo lapso del año anterior.

Desde 1997 que se tiene registro de estos delitos, el homicidio doloso y feminicidio ocupó el primer lugar, el robo a negocio el segundo sitio, el robo con violencia el cuarto escaño y robo de vehículo el quinto lugar durante el primer trimestre de este año. Mientras que el narcomenudeo tiene el primer lugar y la trata de personas el cuarto sitio desde el 2015 que se tienen registros oficiales.

El documento consigna que la situación de seguridad es aún más crítica en determinadas zonas del país.

Tal es el caso de las entidades ubicadas en la frontera norte como Baja California, donde las tasas de crímenes fueron mayores que la nacional: homicidio doloso + feminicidio en 170.83%, extorsión, 19.23%; robo con violencia, 91.64%; robo de vehículo, 249.22%; robo a casa habitación, 271.45%; robo a negocio, 199.17%; robo a transeúnte, 154.89% y narcomenudeo 350.34 por ciento.

En Tamaulipas las tasas fueron mayores que la nacional: homicidio doloso + feminicidio en22.12%; homicidio culposo 70.24%; secuestro 316.56%; extorsión 8.54% y Robo a casa habitación 13.62%mayores que la escala nacional.

Sonora reporta las tasas mayores que la nacional: homicidio doloso + feminicidio y homicidio culposo en 5.78 y 13.5%, respectivamente.

Al tiempo que Chihuahua presenta sus tasas de homicidio doloso + feminicidio, robo a casa habitación y narcomenudeo, en 123.29, 41.5 y 495.79% mayor que la nacional.

El análisis de la organización de la sociedad civil refiere que en Coahuila su tasa de robo a casa habitación y narcomenudeo fue de 10.53 y 201.98%, respectivamente mayor que la escala nacional.

En Nuevo León sus tasas de extorsión y narcomenudeo fueron 201.99 y 39.65% mayores que la nacional, respectivamente.

Esta incidencia de delitos de alto impacto sólo representa una parte de la problemática de seguridad de esa zona; falta por considerar otro tipo de fenómenos, como desapariciones y desplazamientos forzados o bien conductas netamente relacionadas con la delincuencia organizada.

Ante esa situación, el ONC propone la creación de la Subdivisión Fronteriza de Seguridad Regional que estaría integrada por personal de la División de Seguridad Regional, de la Unidad de Inteligencia de Policía Federal, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera y de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta división operaría en las entidades federativas fronterizas.

También señala que es necesaria la profesionalización del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de aduanas de la SHCP, lo cual conlleva la generación de un certificado único individual en el cual se concentrarán las acreditaciones en materia de capacitación, los controles de confianza y el régimen disciplinario de cada uno de los integrantes de dichas dependencias.

Además, plantea una reingeniería del INM mediante la creación de un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, que incluya un comité ciudadano que supervise el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos, una contraloría interna independiente, así como la depuración y capacitación de sus integrantes.

Asimismo, propone una nueva política migratoria que privilegie la seguridad de los migrantes en tránsito por México y la defensa de sus derechos humanos, en lugar de su detención y devolución a sus países de origen como primer filtro migratorio de los flujos que se dirigen a los Estados Unidos.

Señala que la nueva política de colaboración con Estados Unidos debe tener como ejes mayor intercambio de inteligencia y compromiso para reducir disparidad regulatoria en materia de armas.

diego.badillo@eleconomista.mx