Pese a los avances, en México aún persisten prácticas que inhiben la participación de grupos de la diversidad sexual y mujeres en puestos de elección popular, alertó la directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Tania Ramírez Hernández.

“En nuestro país enfrentamos todavía situaciones estructurales que hacen que el ascenso de las mujeres y de las personas a la diversidad sexual a los puestos de elección popular no se den naturalmente, entonces es importante que estas medidas provengan del Estado”, precisó en entrevista.

La funcionaria expuso el caso de las candidaturas a munícipes de “supuestas mujeres trans” en Oaxaca, que en realidad eran hombres que falsificaron su identidad para burlar las leyes de paridad de género y cuyas candidaturas fueron luego canceladas por la autoridad electoral local; éste, dijo, es un ejemplo de que se debe vigilar el correcto cumplimiento de las reglas.

“A las autoridades que les toca actuar en ese sentido son a las electorales, pero sin duda lo que se puede hacer… es informar y hacer conciencia sobre la importancia de que las mujeres estén en los cargos de decisión en los puestos públicos, porque desde ahí se generan condiciones de igualdad y paridad que benefician no sólo a las mujeres sino a todas y todos”, apuntó.

Como avances para garantizar la paridad e igualdad entre géneros en el actual proceso electoral, Ramírez Hernández citó el protocolo firmado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en diciembre pasado a favor de las personas travesti, transgénero y transexuales para que, sin importar que se parezcan o no a su foto en la credencial de elector, su derecho a sufragar el próximo 1 de julio esté garantizado.

“Ese protocolo se hizo del conocimiento y en este momento están siendo capacitadas y capacitados en este momento funcionarios de casilla y personal en todos los estados (de la República Mexicana) para poder garantizar que (la identidad de género) no sea un obstáculo para una persona transgénero”, detalló.

Otro protocolo para la paridad y que se aprobó también en diciembre pasado —añadió la funcionaria pública—, se firmó con la Procuraduría General de la República (PGR), el cual pretende dar acceso a la justicia sin discriminación.

Ramírez Hernández concluyó que tanto a nivel federal como al interior de los 32 estados del país, se cuenta ya con un robusto marco de leyes antidiscriminación por lo que las administraciones de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que sean electas en julio próximo deberán de enfocarse en hacerlas cumplir.

“Las siguientes administraciones deberán enfocarse en realizar su mandato de Estado… tienen obligaciones asumidas de acuerdo con instrumentos internacionales ratificados y de nuestro propio ordenamiento legal, simplemente de lo que se trata es de cumplir con este ordenamiento, con el(artículo) primero constitucional, con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación”, dijo.