En documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional exhibidos vía transparencia, los grupos de autodefensa a pesar de carecer de fundamento jurídico no están incluidos en sus listados. Desde el 2000, el órgano de inteligencia sólo tenía registro de 20 documentos relacionados con grupos armados. En ninguno de ellos se hace mención a los autodefensas.

Además, en su Agenda Nacional de Riesgos de los últimos 12 años tampoco agregó algún tema relacionado con estos grupos. En los dos últimos sexenios integró 13 aspectos para ser tomados en cuenta; entre ellos, riesgos al entorno ecológico, ciberseguridad, distorsiones del modelo de desarrollo, pero no a los autodefensas.

Los documentos desclasificados que tiene el Cisen dan cuenta de grupos armados surgidos. Por ejemplo, en el 2005 se conoció del EPR, algunos en Distrito Federal, Puebla; en el 2006 hubo en Oaxaca; en el 2007 del Ejército de Reconstrucción Regional y del EZLN; en el 2008 del Ejército de Liberación del Pueblo; en el 2011 del Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro.

Entre los documentos que tiene abiertos el órgano de inteligencia destaca un estudio elaborado por Javier Brown César, quien fue funcionario en la Secretaría de Gobernación. Ahí da cuenta de algunas características de los grupos de autodefensa. Estas figuras carecen de fundamento jurídico; surgen como acción colectiva con el potencial de convertirse en movimiento social; son de tipo reactivo; no se da preparación formal estructurada; pueden o no estar apoyadas por la comunidad, el financiamiento es propio y carece de monitoreo.

Cabe recordar que en octubre del 2013 el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicitó a la Segob informar sobre el número de policías comunitarias y grupos de autodefensa que operan en cada municipio del país, especificando nombre, localización y fecha de creación.

Y es que un ciudadano pidió los datos, pero la respuesta fue inexistente. En aquel momento, el IFAI no realizó la búsqueda en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, ni en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.

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