Cinco estados ocultan cifras de secuestros

La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, aseguró que durante el mes de agosto se denunciaron 138 secuestros, lo que representa una disminución de 21.5% respecto al mes anterior.

Si comparamos los ocho primeros meses del 2014, donde ocurrieron 1,708 secuestros, con el mismo periodo del 2015, donde se registraron 1,197 secuestros, existe una disminución de 29.91% en este delito , dijo.

Destacó que las entidades con mayor incidencia de secuestros la encabezó otra vez el estado de México, con 32 casos, seguido de Veracruz, con 17; Tamaulipas, con 13 casos; DF y Guerrero, con 11.

En cuanto a los municipios donde más se secuestra, refirió a Ecatepec con 189 casos; Acapulco con 163 casos; Cuernavaca, Morelos, con 140; Nezahualcóyotl, Estado de México, 134; y Ciudad Victoria, Tamaulipas con 12 casos.

En conferencia de prensa, Miranda de Wallace destacó que de los 10 ejes estratégicos comprometidos por el presidente de la República en enero del 2014, sólo se ha cumplido con la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Acompañada por la familia de una víctima de secuestro y homicidio proveniente del estado de Michoacán, presentó un caso real que dijo prueba que los estados ocultan las cifras, que tienen un plan de investigación y que no siguen el protocolo de secuestro, además de las graves violaciones a los derechos de las víctimas y al debido proceso que cometen los ministerios públicos y jueces.

Aseguró que México, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Veracruz esconden las cifras reales de incidencia de ese delito.

Atribuyó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) un acuerdo para registrar en el rubro de extorsión los actos denunciados de secuestro, y con ello evitar que se conozca la verdadera cifra de delitos cometidos en esas cinco entidades.

En otro caso, Miranda de Wallace consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en conflicto de interés para revisar la investigación sobre el caso Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues dijo que el secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, es mexicano, y desde ahí está impedido para revisar el caso; además de que tiene relación con diversas organizaciones asentadas en el estado de Guerrero.