Chuayffet da otro manazo a La Maestra

De nueva cuenta el gobierno federal dio otro golpe a los planes de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reveló que abrogarán tres puntos del Acuerdo 648 que entraría en vigor en julio de este año y que promovió el yerno de Gordillo, Fernando González, mientras fue Subsecretario de la SEP.

Durante una reunión con senadores, el Secretario expuso los tres puntos que frenarán: ya no se evaluará con calificativos de suficiente e insuficiente a los niños de preescolar, sí habrá reprobados en los primeros tres años de primaria y darán certificados de primaria y no cartillas hasta secundaria, como plantea dicho Acuerdo.

Explicó que se haría un daño a los niños de cuatro y cinco años de edad que están en jardín de niños si se les aplica la calificación de suficiente o insuficiente ; además, precisó, se abolirá el punto que plantea que en los tres primeros años de primaria no habrá reprobados, excepto con el consentimiento de los padres.

Discúlpenme la ironía, no imagino padres de familia haciendo cola para que reprueben a sus hijos , exclamó.

Argumentó que en primero y segundo año de primaria se evalúa la destreza para leer, comprender y escribir, por lo que no se promoverá a los estudiantes que no desarrollen estas habilidades.

El Acuerdo también establece que se entregará al estudiante, sólo hasta el último año de secundaria, una cartilla de educación básica y se suprimirán los certificados de primaria. Esto ya no procederá.

Esto sería ideal si los 100 niños que salen de primaria entran a la secundaria, pero como nada más entran 88 y de esos 88 no acaban todos, yo me pregunto: ¿y quién va a certificarle al niño su primaria? , declaró.

Las críticas hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación y a Elba Esther Gordillo continuaron luego de que el senador del PRD Fidel Demédesis expusiera que él, como miembro del SNTE, se ha dado cuenta de que La Maestra es malquerida por el gremio, y el Estado no se debe conducir ni por acuerdos ni por mandatos de un sindicato que no tiene mandatos constitucionales para ejercer la rectoría educativa.

Chuayffet contestó que estaba de acuerdo con la postura de que el Estado es el único que debe garantizar esa rectoría, que los maestros deben ser escuchados en los alcances de la reforma educativa, pero, aclaró, sólo los docentes que el Estado elija por sus capacidades y no los que diga el Sindicato .

El silogismo jurídico es lo más maravilloso que hay: si A es; debe ser B. Si no vas a dar clases, entonces te quito tu salario. Ése es el silogismo jurídico, el derecho lo hemos ido abandonando para hacer acuerdos, acuerditos y acuerdazos en lugar de aplicar la ley como debe ser aplicada , exclamó.

No obstante, alertó que toda reforma educativa corre el riesgo de fracasar si no pasa por el magisterio.

Chuayffet Chemor adelantó que en septiembre se prevé entregar computadoras a niños de primaria pero sólo en tres estados, que están por definirse, uno gobernado por el PRI, otro por el PRD y otro por el PAN. Además, ese mes se impulsará una campaña de alfabetización.

Expresó que la Secretaría de Educación Pública parece una Torre de Babel pues se han revisado miles de documentos para hacer efectiva la educación en relaciones con las condiciones reales del país.

Incluso precisó que los programas de la SEP también se revisarán, pues el exsecretario de Educación, Reyes Tamez, le hizo ver que hay 17 programas en primaria cuya impartición cuesta 19,000 millones de pesos, es decir, casi tres veces el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el rendimiento de éstos es nulo.

El SNTE alista una contrapropuesta de ley reglamentaria de la reforma educativa, la cual entregarán al Congreso de la Unión para su discusión, con el fin de integrar una propuesta generalizada. El secretario general de la Sección 10 del SNTE, Jaime León, destacó que con su proposición pretenden conciliar una propuesta generalizada, integral , en la que participen todos los actores, maestros, sociedad y los propios legisladores.

tania.rosas@eleconomista.mx