Un estudio de la organización Causa en Común reveló que actualmente hay 55 militares en activo y retirados que ocupan diferentes cargos en los tres niveles de gobierno, mismos que normalmente corresponden a civiles.

“A partir de 2018, se incrementaron las designaciones de militares en puestos que corresponden a autoridades civiles. Al día de hoy, hay, al menos, 55 elementos ocupando cargos civiles en el país”, mencionó el estudio.

La organización social reportó que al menos 12 Almirantes y Vicealmirantes fueron nombrados como responsables de las Administraciones Portuarias Integrales del país.

Adicionalmente, al menos 17 elementos de las Fuerzas Armadas son titulares de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en las entidades federativas.

En tanto, a nivel estatal, al menos 24 militares y marinos ocupan cargos en los gobiernos estatales y municipales. En el gobierno federal, el general retirado Audomaro Martínez Zapata es titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras que el General de División, Jens Pedro Lohmann es titular de la Dirección de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A juicio de Causa en Común, “este proceso se le conoce como nuevo militarismo que consiste en un nuevo tipo de intervención de las Fuerzas Armadas en los gobiernos y en la toma de decisiones políticas, por la invitación de los gobernantes democráticamente electos”, destacó.

Causa en Común dijo que otros elementos de dicho proceso son “la instrucción de mantener distancia frente al crimen organizado, la ampliación de tareas (al Ejército) y un creciente descontento social”.

El documento “Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México”, mencionó que la prioridad del gobierno federal es “atender las necesidades de las corporaciones militares, cualquiera que sea su denominación, y colocarlas en tareas clave dentro del ámbito civil”. 

Por ello, estimó que “no hay interés, que se refleje política o presupuestalmente, por rescatar a las policías locales”.

El estudio de Causa en Común alertó que las Fuerzas Armadas no podrán resolver los problemas de seguridad pública del país, ya que no es su vocación y no están ahí sus fortalezas.

“Atender los graves problemas de seguridad no requiere de despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, con una clara definición de vinculación ciudadana, y apoyados en una auténtica política de prevención”, consideró.

El estudio indicó que no existe un esfuerzo real para rescatar y fortalecer a las policías del país, y en lo político, "se están alterando los equilibrios entre las esferas civil y militar, lo cual resulta preocupante a la luz de otras circunstancias que hoy debilitan a nuestra democracia".

Creación de la Guardia Nacional

El documento refirió que el gobierno federal ha profundizado la acción de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, particularmente a través de la Guardia Nacional, como una corporación esencialmente castrense. Mencionó que esta definición quedó oficialmente ratificada mediante el reciente acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el cual asume un pleno control operativo de la Guardia.

“Nos queda claro que la Guardia Nacional es un departamento de las fuerzas armadas. ¿esto es malo? Si bien para algunas regiones del país son la única forma que tienen de protección sobre todo a los municipios alejados de las ciudades, también es cierto que la falta de transparencia y rendición de cuentas en su actuar, esto se vuelve un peligro ante las violaciones a los derechos humanos que ocurren de manera frecuente”, afirmó Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Por ello indicó que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública no cumple con imperativos nacionales e internacionales, pues dicha participación debe ser: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Recordó que recientemente la organización México Unido contra la Delincuencia obtuvo un amparo judicial sobre ese tema. 

Exceso de atribuciones

El documento mencionó que el gobierno federal les asigna a las Fuerzas Armadas responsabilidades y proyectos que corresponden a la esfera civil, tales como las funciones de policía migratoria, las de control y operación de aduanas y puertos, construcción de obras, así como apoyo a programas de distribución de recursos a grupos sociales.

Presupuesto

Expuso que el proyecto de presupuesto para el 2021 muestra el incremento de recursos para los rubros militares, ya que la Guardia Nacional tiene asignado casi 36,000 millones de pesos, lo cual representa un aumento de 17.7%, equivalente al presupuesto de la Secretaría de Marina.

El organismo ciudadano precisó que, "además de un desorbitado incremento de dinero para fideicomisos que ejercerán las Fuerzas Armadas de manera completamente discrecional, también es cada vez más evidente la decisión de abandonar a las policías locales del país, desapareciendo incluso al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), apoyo indispensable para cientos de municipios".

Nacimiento del “Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México”

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización coordinadora de este esfuerzo colectivo, indicó que “no tiene sentido enfrentar los problemas de criminalidad y violencia con despliegues militares. Hay que enfrentarlos con acciones eficaces de prevención, que atiendan circunstancias que favorecen la violencia, y con cuerpos de policía que, a nivel federal y local, desarrollen permanentemente capacidades de investigación e inteligencia, así como una cultura de proximidad social”.

Lucy Sánchez, integrante del Observatorio y directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, mencionó que "desde el 2006, las Fuerzas Armadas han detenido a más de 100,000 personas, todas supuestamente en flagrancia, además de que hay más de 1,600 denuncias por tortura, de las cuales 99.9% siguen impunes. En ese sentido, la única forma de fortalecer a las instituciones es creando confianza institucional, y eso sólo se va a lograr disminuyendo la impunidad".

Por su parte, Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, señaló que "no estamos en contra de nuestras Fuerzas Armadas, lo que nos preocupa es que se haga uso de ellas de manera discrecional, pues los policías y los militares no son intercambiables, su formación está orientada a objetivos distintos. En lo que debemos insistir es en buscar el fortalecimiento de las instituciones civiles desde lo local, además de avanzar hacia un modelo de despenalización de las drogas".

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg