En los últimos meses, las acusaciones por presuntos actos de corrupción de exfuncionarios de la pasada administración de Enrique Peña Nieto, como los casos Rosario Robles o Emilio Lozoya, entre otros, han transcendido.

No obstante, poco se ha hablado de ello en las reuniones de este año del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pese a que cuenta con los lineamientos necesarios para tratar los asuntos e, incluso, dilucidar si se trata de un hecho de corrupción o no y emitir un posicionamiento, el cual, cabe mencionar, no es vinculante.

El año pasado, el Comité Coordinador del SNA aprobó dichos lineamientos para que sus integrantes, es decir, los titulares del Instituto Nacional de Transparencia, Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana puedan llevar casos emblemáticos en materia de cohecho al Comité Coordinador y discutirlos; sin embargo, hasta ahora esto no ha sucedido.

Entrevistado por El Economista, el secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat, explicó que los lineamientos consisten en que “si cualquiera de los miembros, de los siete miembros del Comité Coordinador, considera que un asunto es relevante, que puede ser un asunto o un caso de corrupción, lo lleva al comité, se vota el asunto y entonces lo que hace la Secretaría (Ejecutiva del SNA) es incorporar cierto tipo de documentos o documentar el asunto y luego llevarlo al comité para que ahí determinen si es o no un hecho de esta naturaleza (de corrupción)”.

No obstante, el secretario técnico añadió que el fin principal del SNA es coordinar a las instituciones que lo integran.

“Finalmente, la parte del Comité Coordinador es más bien una parte técnica, no es que ahí vayas a ver los asuntos o vayas a buscar a quién vas a sancionar o a quién vas a perseguir desde el punto de vista de un delito; yo creo que más bien hay que ver la parte técnica que es la política (anticorrupción) o los formatos (de declaraciones patrimoniales), que sí le corresponden de manera directa al Comité Coordinador”, dijo.

Cabe señalar que el primer caso de corrupción que se presentó al Comité Coordinador del SNA fue el del software espía Pegasus, utilizado por instituciones como la entonces Procuraduría General de la República para espiar a activistas y periodistas.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por seis votos en contra.

“Creo que el papel que debe jugar el SNA debe de ser de mucha exigencia en cuanto a la conformación de los expedientes de estos casos (de corrupción), (que) realmente sea muy sólida, de estar vigilando de manera muy cercana (cómo) se van dando cada una de las acciones para atender cada uno de los casos de corrupción”, aseveró en tanto Liliana Veloz, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.

La académica opinó que es “de llamar la atención” que en las reuniones recientes del SNA no se toquen casos como el de Robles y Lozoya, entre otros, “ni se pongan sobre la mesa mecanismos de exigencia más claros y posicionamientos” sobre cómo se van desahogando los casos de corrupción.

Por su parte, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, indicó que si bien puede resultar “raro” que el SNA no se pronuncie por los casos de corrupción, en la actualidad el Comité Coordinador del SNA se ha centrado en temas como la aprobación de los formatos de declaraciones patrimoniales.

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