Desde el escándalo del toallagate, pasando por las irregularidades de la Estela de Luz y la Estafa Maestra, múltiples casos se han registrado en los últimos 19 años en el gobierno federal, y éstos permanecen en la mente de los mexicanos, ya sea porque sus investigaciones no concluyeron con un castigo a funcionarios, porque las indagatorias fueron inconclusas, o porque fueron archivadas.

Sexenio de Vicente Fox quesada (2000-2006)

Amigos de Fox

En el 2003, el entonces IFE impuso una multa de 499 millones de pesos al PAN y al PVEM por la triangulación ilegal de recursos de privados desde el extranjero, a la campaña presidencial de Vicente Fox. El órgano electoral dio vista a la Fepade y a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para que continuara las investigaciones por presunto lavado de dinero, las cuales quedaron archivadas.

Hijos de Marta Sahagún

En el 2007 se denunció el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de la entonces primera dama, Marta Sahagún, para que la empresa Oceanografía obtuviera contratos de Pemex por 6,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar el caso, lo mismo la Secretaría de la Función Pública, sin que hubieran presentado conclusiones ni denuncias.

Fundación Vamos México

En el 2004, Función Pública abrió una investigación por el supuesto desvío de 110 millones de pesos del Fideicomiso Transforma México de la Lotería Nacional a la Fundación Vamos México que presidía Marta Sahagún. La PGR investigó el caso sin que haya presentado conclusiones.

Enciclomedia

Fue un “programa estrella” anunciado por el gobierno de Fox para instalar  una computadora, un pizarrón electrónico y un proyector en todas las escuelas. En el 2008, la Auditoría Superior determinó que el programa no mejoró el desempeño educativo, además de que los equipos no funcionaban correctamente y el manejo presupuestal fue con deficiencias. No se judicializó.

Toallagate

Una investigación periodística reveló en el 2001 el uso de 7 millones 795,000 pesos por parte de la Presidencia de la República para adquirir suntuoso menaje para las cabañas en Los Pinos; por ejemplo, tres toallas importadas con bordado especial con un costo por pieza de 4,025 pesos; cuatro juegos de sábanas con un valor total de 154,280 pesos y una vajilla en porcelana con un costo de 40,250 pesos, entre otras cosas. El caso no mereció ninguna investigación.

Primera fuga de el Chapo

El 19 de enero del 2001, Joaquín el Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, oculto —supuestamente— en el carro de la ropa sucia y acompañado por funcionarios sobornados que empujaron el carrito hasta el garaje de la prisión. Por este hecho, únicamente el entonces director de la prisión, Leonardo Beltrán Santana, fue sentenciado por cohecho y evasión de reos, pero fue liberado en el 2010.

Biblioteca José Vasconcelos

Se inauguró el 16 de mayo del 2006, pero como resultado de la premura para inaugurar a tiempo, presentó deficiencias, por lo que tuvo que cerrar sus puertas en marzo del 2007, debido a que se descubrieron filtraciones de agua. La Auditoría Superior de la Federación detectó 36 irregularidades en su construcción y emitió 13 averiguaciones contra servidores públicos del gobierno federal. Entre dichas irregularidades destaca la mala colocación de bloques de mármol, con un costo de 15 millones de pesos. Ningún funcionario fue procesado por ello.

Sexenio de Felipe Calderón hinojosa (2006-2012)

Estela de Luz

El 16 de septiembre del 2012 fue inaugurado en su parte inferior el Centro de Cultura Digital Estela de Luz, un espacio para actividades artísticas en torno y debajo al monumento. La obra estuvo enmarcada por un sobrecosto de 192%, debido a que su construcción se prolongó 15 meses más de lo estimado. La ASF presentó las denuncias correspondientes ante la PGR sin que se haya judicializado la indagatoria.

Caso Mouriño

El 24 de febrero del 2008, el entonces dirigente del Frente Amplio Progresista, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Juan Camilo Mouriño (ya fallecido), uno de los colaboradores más cercanos de Felipe Calderón, de haber cometido tráfico de influencias, por promover —cuando era subsecretario de Electricidad entre el 2003 y el 2004— contratos de Pemex a empresas de su familia, entre ellas Grupo Energético del Sureste.

Caso ABC

El incendio ocurrido el 5 de junio del 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde 49 bebés perdieron la vida, evidenció posibles responsabilidades por omisión de parte del entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (ya fallecido). La guardería era subrogada por el IMSS a una sociedad civil privada constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Los padres de los menores fallecidos también responsabilizaron al entonces gobernador Eduardo Bours. La PGR y la Procuraduría local hicieron las indagatorias que concluyeron con algunas detenciones. El actual gobierno ha prometido reabrir la investigación.

García Luna

Durante su encargo como secretario de Seguridad federal, del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012, Genaro García Luna enfrentó severas acusaciones por presunto involucramiento con organizaciones delictivas, sin que al funcionario se le haya abierto una investigación.

Hildebrando

En el debate presidencial del 2006, el entonces candidato AMLO acusó a Felipe Calderón de tráfico de influencias cuando fue secretario de Energía (2003-2004), por haber promovido contratos en Pemex a la compañía de software Hildebrando, administrada por su cuñado. No hubo investigación.

Sobornos Walmart

El 21 de abril del 2012, el diario The New York Times reveló que la subsidiaria en México de Walmart pagó sobornos a funcionarios federales y locales hasta por 24 millones de dólares para lograr la expansión de sus tiendas en nuestro país.

Sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Viajes en helicóptero

El 29 de enero del 2016 se reveló que el director de Conagua, David Korenfeld, utilizó frecuentemente el helicóptero de la dependencia para trasladarse desde su casa en Huixquilucan, Estado de México, hacia distintas partes de Ciudad de México. El 6 de mayo del 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le ordenó pagar 638,653 pesos por el uso de la aeronave. No se presentó denuncia penal. El 2 de noviembre del 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el secretario general del sindicato de trabajadores de Pemex y senador, Carlos Romero Deschamps, utilizó en 10 ocasiones, un año antes, un helicóptero de la empresa petrolera sin una justificación para ello. No hubo una amonestación o sanción. En su revisión a la Cuenta Pública del 2015, la ASF además reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, utilizó un helicóptero Eurocopter EC-145 para realizar 727 traslados durante ese año, principalmente a la Torre Arcos, ubicada en Paseo de los Tamarindos, colonia Bosques de las Lomas, en la delegación Cuajimalpa, así como a la Torre GAN, ubicada en Campos Elíseos, colonia Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, sin que se conocieran las razones públicas para ello.

Gasolineras de Coldwell

El 20 de mayo del 2014, la entonces senadora Dolores Padierna acusó al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de conflicto de interés, por ser dueño o socio en seis compañías, entre ellas Servicio Cozumel SA de CV, Planta de Combustible Cozumel y Combustible Tatich, que tienen contratos con Pemex para la venta de gasolina. Al respecto, Joaquín Coldwell pidió a la SFP hacer públicas sus declaraciones patrimoniales del 2012 y 2013, donde declara su participación en cinco empresas expendedoras y distribuidoras de combustible. No hubo una investigación más detallada.

Casa de Videgaray

El 11 de diciembre del 2014, el diario The Wall Street Journal publicó que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, era propietario de una casa que adquirió a Juan Armando Hinojosa, representante legal de Grupo Higa, la empresa que estuvo involucrada en los señalamientos de conflictos de interés de la propiedad de la primera dama, Angélica Rivera. No mereció del gobierno ninguna indagatoria.

Estafa Maestra

Investigaciones de la ASF revelaron 27 convenios irregulares celebrados por la Sedesol y Sedatu con universidades públicas, por un monto de 5,073 millones de pesos, para adquisiciones de servicios de los cuales no pudo comprobarse su ejecución. Por esta investigación, actualmente se encuentra presa la extitular de la Sedatu y Sedesol, Rosario Robles.

Paso Exprés

Un socavón ocurrido la mañana del 12 de julio del 2017 en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, que dejó dos muertos, puso al descubierto diversas omisiones de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la contratación de obra. Previamente, la ASF había hecho diversas observaciones a la SCT, de las cuales no se hizo caso. La investigación continúa abierta, mientras que la SFP ha destituido o inhabilitado a ocho exfuncionarios.

Ruiz Esparza

OHL y supuestos desvíos. El 29 de noviembre del 2018, el senador Emilio Álvarez Icaza y otros legisladores presentaron cuatro denuncias ante la PGR en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por presuntamente desviar 3,600 millones de pesos de la dependencia para la campaña del Estado de México.

Fundación Juntos Podemos

En el 2016, una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el gobierno federal entregó entre el 2014 y el 2016 a la asociación Juntos Podemos, encabezada por la senadora Josefina Vázquez Mota (PAN), alrededor de 900 millones de pesos a través de la fundación AEM-USA Foundation y Parents Alliance INC, a pesar de no estar registrada como donataria. En el 2017, la SFP anunció que podría abrir una investigación, lo cual no sucedió.

Casa Blanca

El 21 de agosto del 2015, el secretario Virgilio Andrade (SFP)dijo que, luego de revisar 33 contratos entre la empresa Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, amigo del presidente Enrique Peña Nieto, y otras ligadas a ese consorcio, concluyó que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no incurrieron en conflicto de interés al adquirir casas de la empresa Higa en Ixtapan de la Sal y Malinalco, respectivamente. Dicha investigación causó rechazo entre algunos sectores sociales, por considerar que la investigación de Función Pública no cumplió con criterios de objetividad, al haber sido ordenada por el propio presidente.

Supuestos sobornos de Odebrecht

En mayo del 2019, Función Pública inhabilitó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por 10 años para ocupar cualquier puesto en la administración pública, luego de determinar que había mentido en su declaración patrimonial, en la que escondió una cuenta bancaria con varios saldos por cientos de miles de pesos. La Fiscalía General de la República lo investiga y mantiene orden de aprehensión en su contra por supuestos  sobornos que habría recibido de Odebrecht, lo cual niega.

Sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

Superdelegado

Después de las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la SFP investiga al exsuperdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, debido a posibles actos irregulares de él y sus empresas farmacéuticas, que obtuvieron contratos del actual gobierno federal por más de 164 millones de pesos. La indagatoria aún no concluye.

Departamentos no declarados

Los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, justificaron no haber incluido en su declaración patrimonial departamentos familiares en Nueva York y Houston, respectivamente. Jiménez declaró que el inmueble era propiedad de su esposa, pero lo donó a una fundación, mientras que la ministra en retiro dijo que habían incluido la propiedad en su declaración, aunque esto no se reflejó en la misma hasta que ordenó a la SFP hacerlo público. El gobierno no inició ningún procedimiento.

Posibles conflictos de interés

Al renunciar como secretario de Hacienda el 9 de julio, Carlos Urzúa señaló al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, de tener conflicto de interés. Sin embargo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que no habrá ninguna investigación al respecto. Diputados federales han señalado a la propia secretaria Sandoval de conflicto de interés, debido a que su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, es superdelegado en Guerrero, y ella es la encargada de supervisar su labor. La funcionaria ha evitado comentar sobre ello.

Posibles conflictos de interés

El 12 de marzo de este año, Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), atribuyó conflicto de interés de Arturo Alcalde Justiniani, por ser padre de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y estar involucrado en la reforma laboral que el gobierno federal promueve en el Congreso de la Unión. También se le ha atribuido al padre de la secretaria, y él lo ha negado, ser el abogado de Carlos Romero Deschamps, y estar detrás de la huelga en la Universidad de la Ciudad de México.