En Chihuahua, defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas a las que acompañan para la protección de sus territorios se ven amenazados por caciques, empresas madereras, intereses mineros, el crimen organizado y la colusión de autoridades con los poderes fácticos.

En 2017, fueron asesinados los activistas ambientales rarámuris Juan Ontiveros Ramos e Isidro Baldenegro por oponerse a la explotación maderera ilegal en los territorios que históricamente han pertenecido a su etnia.

Sumando los homicidios de Ontiveros y de Baldenegro, en México se registraron 15 asesinatos contra defensores los derechos humanos, de la tierra y el medio ambiente en 2017, de acuerdo con el informe anual Global Witness ¿A qué precio?, sobre agresiones a defensores de derechos humanos.

“Nos estamos enfrentando a intereses económicos de empresas madereras, caciques mestizos que por décadas han tratado de despojar de los territorios ricos en madera de pino encino a las comunidades indígenas en la región, y ahora a las concesiones mineras”, dice Isela González, directora ejecutiva de Alianza Sierra Madre A.C., durante la presentación del informe de Global Witness.

Alianza Sierra Madre A.C. es una organización no gubernamental que trabaja con los pueblos indígenas ódami y rarámuri en la Sierra Tarahumara en la defensa de sus derechos humanos. Concentra sus actividades en el municipio de Guadalupe y Calvo, localidad que hace años se ve aquejada —además— por la presencia permanente del crimen organizado, que tiene ahí una operación de producción de estupefacientes.

Las comunidades se encuentran bajo el poder fáctico de grupos de la delincuencia organizada, que arribaron a la región como consecuencia de la declaratoria de guerra al narcotráfico que hizo Felipe Calderón al inicio de su sexenio, explica Isela González en entrevista.

Estos grupos delincuenciales han establecido alianzas con los caciques de la región, hecho que ha incrementado el grado de amenaza bajo la que viven los pobladores que emprenden la defensa de sus territorios y de los recursos en ellos, así también para los defensores de los derechos humanos que les compañan, como es el caso de Isela González y los miembros de otras organizaciones civiles.

Aunado a ésto, Isela González denuncia también la colusión de las autoridades con los caciques. Explica que existen registros en los expedientes históricos de Choreachi y Coloradas de la Virgen de que demuestran que funcionarios de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, y en la actualidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han tenido una actuación parcial al favorecer los intereses de los caciques en detrimento de los comunidades rarámuri y ódami.

Como ejemplo, dice que la delegación estatal de Chihuahua de la Semarnat ha otorgado permisos de aprovechamiento forestal a favor de caciques y empresas madereras, sin consultar a las comunidades indígenas a las que pertenecen los territorio de la concesión, violando así su derecho al consentimiento previo, libre e informado.

Presentadas las denuncias ante los Tribunales, los litigios han conducido a la suspensión de los permisos, toda vez que las autoridades judiciales han reconocido la violación del derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas denunciantes. 

Para entender mejor lo que ocurre en esta región, pedimos a Isela González que nos explicara a detalle lo que ocurre en la Sierra Tarahumara:

—¿Cómo se articulan los intereses económicos y los poderes fácticos en la región para afectar los derechos de rarámuris y ódamis?

—Los caciques, entendidos como los mestizos que han tratado de despojar del territorio a las comunidades indígenas de la región a través de litigios y otras acciones, son el factor vinculante. Sus intereses económicos, centrados en la explotación de recursos madereros, les han llevado a establecer acuerdos, consensos, con grupos de sicarios para realizar los ataques letales, los asesinatos, de los activistas ambientales, y hacerse con los territorios indígenas.

La aparición de grupos armados del crimen organizado en la Sierra Tarahumara inició entre 2007 y 2008, a partir de la declaratoria de guerra de Felipe Claderón contra el narcotráfico, estrategia que continuaría Enrique Peña Nieto. 

En el 2010, ya estaban establecidos grupos armados de civiles con armamento de alto poder, a los que se les comenzó a denominar “sicarios”. Están en todos lados y operan en todas las comunidades de la región, controlando los territorios. No estoy tan segura de que los empresarios madereros estén involucrados con el crimen organizado; en cambio, sí me atrevo a decir que los caciques que intentan despojar a las comunidades de Coloradas de la Virgen y a Choreachi, por lo menos han tenido, o tienen, relaciones con el crimen organizado.

No identificamos agentes estatales, por acción, en los ataques a defensoras y defensores, pero sí corrupción y colusión de instituciones del sector agrario —sobre todo de nivel central y de la Semarnat— con los caciques. Eso ha quedado asentado en los expedientes históricos de las comunidades, en los que está registrado que los principales actores que ayudaron a que estos caciques depojaran “legalmente” de sus territorios y derechos ejidales a las comunidades fueron visitadores de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Tenemos el caso de tres comunidades ódami que están enfrentando el intento de despojo de por lo menos 3,000 hectáreas de su territorio por parte de dos caciques mestizos, los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete, hijos de Gabino Alderete, que presentaron una solicitud de terrenos nacionales ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La Sedatu mandó a ingenieros a hacer mediciones en  colusión con los caciques. 

Estos caciques de mucho peligro, que tienen asoladas a estas comunidades desde hace dos años, hicieron una solicitud de unos supuestos terrenos nacionales para enajenación ante la Sedatu. El procedimiento administrativo indica que es necesario llevar a cabo una medición de los terrenos por parte de personal de la Sedatu. Cuando van los ingenieros adscritos a la secretaría a medir no aceptan que las comunidades digan lo que conocen de los territorios, sino que los caciques van indcándoles de qué punto a qué punto deben medir. Esto evidentemente es una violación a los derechos de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones, acción sólo explicable por la colusión existente entre los caciques y los funcionarios de la Sedatu.

—¿Cómo se da esta colusión entre caciques y las autoridades?

—Corrupción. Los caciques, gracias a su poder económico, dan dinero a las autoridades para ser favorecidos con permisos forestales, o para mantener los que ya tienen. En el caso de Coloradas de la Virgen, nosotros ya habíamos obtenido una resolución de un Tribunal Agrario que le ordenaba la suspensión de los permisos en el ejido que están en poder de estos caciques. Semarnat no pudo notificar a los caciques de esta resolución del tribunal porque no los encontraba. En cambio, cuando la autoridad ambiental autoriza los permisos de aprovechamiento forestal, los encuentra de inmediato. 

En el caso de la comunidad de Choreachi, la delegada estatal de la Semarnat, Brenda Ríos, se negó sistemáticamente a suspender los permisos de aprovechemiento forestal a pesar de que nosotros y las comunidades le acreditamos que esos territorios donde se había dado el permiso estaban en litigio, y por ley estaba obligada a suspenderlos. Fue hasta que logramos la orden del Tribunal que por fin los suspendieron. El cumplimiento de la delegada estatal de la Semarnat de los dispuesto por los tribunales se dio cuando ya habían asesinado a los activistas Juan Ontiveros, Socorro Ayala y Jaime Subía y los caciques habían explotado grandes volúmenes de los bosques de pino encino en la región.

—¿Esto ha generado amenazas en su contra?

—Los caciques que están intentando despojar de sus territorios a los compañeras y compañeros de Coloradas de la Virgen, afuera de tribunales me amenazaron para que dejara de dar acompañamiento a los indígenas. Denuncié, visibilicé... visibilizamos. Me cuesta trabajo centrar en mi persona las agresiones, cuando todo el colectivo de Alianza Sierra Madre y las comunidades que acompaña han sido objeto de amenazas. 

En el 2014, me amenazaron con enviar sicarios por mí si volvía a Coloradas de la Virgen. A otra compañera, habitante de la misma comunidad, le amenazaron con matarla. El miedo te puede paralizar unas horas, pero no permanentemente. El miedo no nos inmovilizó. Rápidamente buscamos al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, a la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, y junto a estas organizaciones enfrentamos las amenazas. Desde entonces, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres nos ha dado un acompañamiento permanente para llevar los casos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para visibilizarlos.

Por la gestión de Peace Brigades Internacional (PBI, una organización internacional dedicada a la protección de activistas), pudimos denunciar ante la ONU los asesinatos de Juan Ontiveros Ramos e Isidro Baldenegro. Fue también PBI quien nos acercó a Global Witness, organización que ahora pone en el centro de su informe el caso de las comunidades de la Sierra Tarahumara que acompañamos y el nuestro como defensores de derechos, amenazados por los poderes fácticos en la región. Gracias a esta visibilización no concretaron sus amenazas.

La Fiscalía General de Chihuahua, durante la administración de Javier Corral, no nos ha negado los acompañamientos cuando tenemos que ir a las comunidades, pero han sido ineficientes en ejecutar las órdenes de aprehensión en las investigaciones que se realizan por el asesinato de nuestras compañeras y compañeros. Así, la mayoría de los crímenes contra defensores ambientales permanecen sin que los autores materiales, mucho menos intelectuales, sean apresados y llevados a juicio. Además, se han negado a investigar el vínculo entre los autores materiales y los posibles autores intelectuales de los asesinatos de defensores ambientales.

Por otro lado, el gobierno de César Duarte Jáquez, en lugar de apoyar o brindar serguridad a los defensores de derechos, emprendió campañas de desprestigio en nuestra contra en medios de comunicación local que controlaba.

—¿Cómo se resuelve el problema?

—El nuevo gobierno tiene un reto fundamental, que es resolver las causas estructurales que originaron los conflictos. Tiene que hacer, por ejemplo, revisión puntual de los expedientes históricos para ubicar dónde estuvo la complicidad de las autoridades en la entrega de permisos de aprovechamiento forestal sin el debido proceso. Es necesario que ataje la violencia.

Sobre todo, debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas. México es uno de los 22 países que ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación. La observación de este convenio internacional, que está a la par de la Constitución y por encima de las leyes agrarias, garantizaría la protección de los derechos indígenas.

El gobierno entrante tiene también la obligación moral y política de cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y de legislar para hacer vinculante la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento valioso que garantiza a las comunidades indígenas autodeterminación en sus territorios. Debe reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, y, por lo tanto, con poder para decidir con libertad sobre los proyectos que se implementen en sus territorios. 

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