La política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de atención a víctimas de violaciones graves a derechos humanos tiene claroscuros. Ha habido un reconocimiento a la crisis en la materia; se han echado a andar acciones muy importantes como la Comisión Nacional de Búsqueda, pero existe un desastre en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), afirmó Ximena Antillón Najlis.

La investigadora del centro de análisis de políticas públicas, Fundar, dijo que, si bien es preocupante que no haya un titular de la CEAV, luego de la salida de Mara Gómez Pérez, ocurrida el 23 de junio pasado, lo que es más importante en este momento es eliminar la inercia de maltrato y revictimización que hay desde hace varios meses en el equipo de esa instancia.

La especialista en acompañamiento psicosocial en graves violaciones a los derechos humanos, violencia política y catástrofes explicó que la promulgación de la Ley General de Víctimas, en 2013, fue un logro de las personas que han padecido atrocidades, principalmente a raíz de los llamados daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico.

Explicó que, en términos dogmáticos, la ley es bastante completa porque recupera estándares internacionales como de reparación integral del daño.

Sin embargo, desde el principio se observó que el problema era llevar lo que está en la ley a la práctica, a través de mecanismos institucionales, reglamentos y lineamientos donde actualmente hay un vacío que ha generado que la institución de atención a víctimas colapse.

Es una estructura revictimizante

De acuerdo con su diagnóstico, la CEAV es inoperante. “Es una instancia revictimizante, a grado tal que personas que han padecido violaciones graves a derechos humanos se han instalado en plantón frente a sus instalaciones y, en lugar de recibir una respuesta a sus demandas, han sido humilladas por los funcionarios”.

En estos momentos se vive una situación de alerta, porque la institución perdió la brújula y no logra operar una política coherente de atención a las víctimas, afirmó.

Según la especialista, ante la exigencia de apoyo a esas personas, el Estado mexicano ha respondido con políticas clientelares y de simulación para administrar los problemas y neutralizar sus demandas.

Por ello, no ha habido un reconocimiento pleno de la responsabilidad del Estado a pesar de que en la actual administración federal se han visto avances en el reconocimiento a la problemática de la crisis de derechos humanos, particularmente en el tema de desaparición forzada.

En su opinión el problema es que no se logra que la CEAV recupere el espíritu para el cual fue creada; no se logra que se fortalezca institucionalmente y genere mecanismos claros de atención para que la gente sepa con quien ir y a donde ir.

Ximena Antillón consideró que la CEAV está enredada en su propio discurso, pero lo más delicado es que empezó a mostrar a las víctimas como si éstas abusaran de las medidas de ayuda, asistencia y atención.

“Ellos fueron construyendo un discurso de la víctima abusiva, cuando esos problemas que se están presentando ocurrieron porque sus políticas eran discrecionales, porque con tal de administrar a las víctimas y generar políticas clientelares, accedían a ciertas medidas, pero para algunas y para otras no”, dijo.

Lo delicado del asunto es que, según la investigadora, esa situación generó, no solo desigualdad, sino la evidencia de que no hay mecanismos claros para otorgar los apoyos.

Explicó que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) debe entenderse como un mecanismo de articulación de diferentes instituciones que implementen una política armónica y coordinada de atención.

Dijo que eso es relevante porque a mayor descoordinación mayor revictimización.

El SNAV fue diseñado con esa idea, pero en estos momentos es complicado que pueda generar estos mecanismos porque, si bien ha establecido diferentes convenios con organizaciones e instituciones, al implementarlos han ocurrido complicaciones.

“Eso se complica aún más porque la Comisión Ejecutiva, que debería ser la guía se ha quedado enredada en sus propios problemas internos. Ya en estos momentos es una institución que está muy polarizada, desacreditada frente a las víctimas y cada vez le cuesta más hacer algo para enderezar la condición en que se encuentra”, agregó Antillón Najlis.

diego.badillo@eleconomista.mx