El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea penal en materia de libertad de expresión en México, que tiene por objeto brindar seguridad jurídica a los periodistas víctimas de delitos relacionados con su oficio, y hace obligatoria la facultad de atracción de la PGR en este tipo de ilícitos.

El dictamen aprobado por unanimidad, y turnado al Senado para su análisis, estipula que el Ministerio Público de la Federación, en el marco de su facultad de atracción, “deberá” investigar y agotar las diversas líneas de investigación relativas al desempeño de las labores de un periodista violentado.

Además, modifica lo estipulado con respecto al Código Federal de Procedimientos Penales, que fue sustituido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entró en vigencia el 18 de junio del año pasado.

La presidenta de la Comisión Especial de la Cámara Baja para dar seguimiento a agresiones a periodistas, Brenda Velázquez (PAN), confía en que esta reforma coadyuvará a erradicar el escenario actual en el que 99.7% de esas agresiones queda impune, debido a que las autoridades federales dejan en el ámbito local las investigaciones, aun cuando está demostrado que 53% de los agravios son cometidos por funcionarios locales.

La legisladora dijo que la actual legislación deja en incertidumbre jurídica a las y los periodistas cuando sufran de algún delito en contra de la libertad de expresión.

Cabe destacar que la reforma modifica la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para sustituir la referencia que se hace en el artículo 11 sobre el abrogado Código Federal de Procedimientos Penales en relación con la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, para que en su lugar se haga referencia al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Seguiremos insistiendo hasta conseguir la obligatoriedad de la facultad de atracción que tiene la Procuraduría General de la República en los casos de delitos”, dijo la diputada.