Trabajo digno, deuda para el 60% de la fuerza laboral

Tener un empleo no significa tener un trabajo digno; es decir, contar con seguridad social, salario suficiente, condiciones seguras y derechos laborales. Aunque es un derecho reconocido por la legislación, para millones de personas está lejos de ser una realidad.

Si bien los indicadores económicos de ocupación en ocasiones son optimistas, al examinar el mercado laboral mexicano resalta una brecha a la cual están expuestas millones de personas pues muchos de los puestos carecen de los elementos mínimos de protección.

El trabajo decente o digno se define como el acceso a un empleo productivo que se desarrolla en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. De acuerdo con Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, se trata de un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que para que un trabajo sea digno, necesita articular cuatro pilares: acceso a un empleo con ingreso justo que permita cubrir las necesidades básicas de la persona trabajadora y de su familia, protección social, derechos laborales garantizados y diálogo social con representación colectiva.

Lo anterior significa que, para que un empleo sea digno debe cumplir de manera simultánea con todos los pilares señalados. Al respecto, Marianela Fernández, coordinadora de estrategia de justicia laboral en Oxfam México, subraya que “si alguno de estos pilares no está, entonces no tiene las características de trabajo decente”.

En el contexto del día de la Jornada Mundial de Trabajo Decente, que se conmemora cada 7 de octubre, evaluar la calidad del empleo digno en México se vuelve fundamental, pues cifras oficiales demuestran que la consolidación de este aún tiene pendientes.

Trabajo digno en México, entre la precariedad y la informalidad

En México hay 60.0 millones de personas ocupadas, pero 36.0 millones no tienen acceso a una institución de salud, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Al carecer de protección social, su ocupación no cumple con las condiciones de trabajo decente.

Este universo que carece de seguridad social equivale al 60% de los ocupados. Paulina Gutiérrez explica que el 85% trabaja en micronegocios, muchos de ellos familiares que no pueden asumir el “alto costo” de la seguridad social.

Por otro lado, los datos de la ENOE indican que hay 27.7 millones de personas que ganan hasta un salario mínimo, 12.5 millones de asalariados trabajan sin prestaciones, 16.7 millones no tienen un contrato escrito y 9.2 millones enfrentan jornadas superiores a las 48 horas semanales.

Marianela Fernández agrega que la precariedad y la informalidad laboral se concentran aún más al sur del país. “Por ejemplo, Oaxaca tiene una tasa de informalidad del 80.1%, Guerrero del 77.6% y Chiapas del 76.9 por ciento”.

Reconoce que, aunque ha habido una mayor inclusión de sectores específicos hacia trabajo digno en la legislación, en la práctica los resultados no muestran variaciones relevantes, al punto que el 55% de las personas trabajadoras quedan fuera; una brecha que se amplía aún más en ciertos sectores.

Avance en papel, pendientes en la práctica

Fernández ejemplifica que, aunque existe un régimen de incorporación a la seguridad social en trabajadoras del hogar o plataformas digitales, este se calcula por días o tiempo laborado, lo que genera vacíos y una mayor complejidad para que las personas y sus familias accedan a una protección social amplia.

“A pesar del avance discursivo de reconocer la subordinación de algunas personas trabajadoras, en la práctica la cotización genera una carrera contra el tiempo que dificulta acumular las semanas cotizadas necesarias para acceder a derechos como licencias de maternidad o incapacidades”, explica.

Por otro lado, menciona que el trabajo agrícola tiene una tasa de informalidad de casi el 80%, con trabajadores eventuales, con brechas de lectoescritura, sin documentos de identidad, que les impiden exigir sus derechos y dificulta su protección laboral.

Si bien Paulina Gutiérrez reconoce que gracias al incremento del salario mínimo el porcentaje de trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que perciben salarios de pobreza, es decir, que no cubren dos canastas básicas, bajó del 40% en 2023 al 2% en 2026, el monto mínimo actual aún está lejos de convertirse en un “salario digno”.

Ejemplifica que, en una familia de cuatro personas se necesitan 28,800 pesos mensuales para vivir con dignidad, esto implica que trabajen al menos dos personas con un ingreso de 14,400 pesos cada una, lo cual supera al mínimo actual de 9,582.47 pesos.

“En el papel se promueve el concepto de trabajo decente, pero en la práctica un empleo puede cumplir con seguridad social o contrato, pero suele fallar en otros pilares, como el ingreso justo, la seguridad ante riesgos o la libertad de negociación colectiva; entonces deja de ser digno”, sostiene Marianela Fernández.

Paulina Gutiérrez agrega que para que un trabajo sea decente tiene que entenderse como un derecho humano que debe ser garantizado para cualquier persona trabajadora. “No es una concesión de los empleadores, sino que el Estado tiene que generar las condiciones para que este se pueda dar”, puntualiza.