El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, mira el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz desde la ventana que representa el expediente de los hechos violentos de 1968, para entender cómo y qué hizo en ese episodio de la historia.

Después de un análisis jurídico riguroso de los 60 tomos del expediente, Cossío Díaz llega a la conclusión que el origen de lo que sobrevino para el movimiento estudiantil de 1968 en México, fue que el presidente Díaz Ordaz ordenó procesar a la gente de izquierda, utilizando como pretexto el desorden ocurrido en marchas ocurridas a finales de julio, con el fin de mantener incólumes los juegos olímpicos celebrados entre 12 y 27 de octubre de ese año.

En su más reciente libro “Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil”, editado por DEBATE, publicado hace unos días, el ministro en retiro analiza la gestación del expediente (particularmente el inicio de las primeras cuatro averiguaciones previas); el crecimiento (la acreditación de los delitos por el ministerio Público); madurez (producción de efectos) hasta la muerte del expediente, con lo que debería ser la compurgación de la pena.

Además, añade lo que llama epitafios, que son análisis, tanto con la mirada de hace 50 años, como la de 50 años después, de aquellos hechos.

Un expediente tras una narrativa oficial

El expediente, como esa parte de la historia del país comenzó el 26 de julio de 1968 con una marcha que salió de Salto del Agua al Hemiciclo a Juárez, para conmemorar un aniversario más del asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

A partir de ahí, el gobierno creó una narrativa, según la cual las movilizaciones de estudiantes fueron producto de las fuerzas de izquierda interesadas en descarrilar a México. Según esa lógica, los comunistas no podían querer otra cosa más que tomar el poder para instaurar un nuevo régimen.

Por ello, expone el doctor en derecho, en lo que hace al expediente, cuando un manifestante rompía un vidrio o varios dañaban un edificio, lo que importaba era que detrás estaban los comunistas y su intención de derrocar al Estado mexicano.

Según el análisis del especialista detener comunistas fue lo que guió a las autoridades. Lo grave es que, según su apreciación, la conjura dominó el sentido jurídico.

Sin embargo, expone, las defensas de los detenidos tuvieron un carácter técnico. No deslegitimaron el proceso. Ni siquiera lo cuestionaron, salvo en uno o dos casos.

El experimentado jurista destaca que, según como procedieron en su defensa, los detenidos y procesados no se concebían como actores de un drama político conspiratorio y destructor de instituciones. Se sometieron a las reglas del proceso judicial no político.

Al final, el juez terminó por asumir en gran parte lo que planteaba la Procuraduría General de la República, es decir, la narrativa del Presidente, la misma que medios de comunicación fueron reproduciendo.

Lo delicado fue que, en opinión de Cossío Díaz, al derecho expresado en instituciones, no se le permitió actuar.

Además, al final del recuento, más que un Leviatán hecho de hombres inteligentísimos y astutos, fue un Estado torpe y burdo.

El análisis del experto muestra también el poco respeto que tuvieron las autoridades por las formas jurídicas al instrumentar el derecho como lo hicieron y dejaron las huellas de sus malas acciones y procedimientos. Eso también lo expone en entrevista con El Economista.

Foto: AFP

—¿En el expediente se desprende algo que pudiera haber convalidado las tesis del gobierno sobre la invasión de unas teorías extranjeras sobre la destrucción de México?

—Mi respuesta es que no. Creo que no hay ningún elemento contundente que demuestre esa teoría. Son pedacitos aislados. Se recogen libros de autores marxistas o maoístas; se recogen algunas armas, pero nunca queda clara la procedencia de las armas. Los panfletos eran absolutamente públicos. Entonces, sí creo que no hay en todo el expediente la corroboración de esos elementos  de la tesis fundamental del gobierno.

—¿El Estado se asumió con una fragilidad tal que no pudiera haber solucionado el problema que se identificó por las vías institucionales?

—Me preguntaban con qué sensación me quedé y es precisamente la que usted dice. Me parece que era un Estado que aparentaba una gran fuerza, estábamos muy cerca nada menos que de la olimpiada de la que México era sede, etcétera, pero en el fondo era un Estado bastante débil. Uno porque, usted lo pone muy bien, no podía procesar demandas sociales por sus cauces institucionales de todo lo que pasaba.

Sé que otros autores han trabajado temas semejantes, pero esta parte me parece que sí demuestra, más que una fragilidad, una debilidad o a lo mejor un anquilosamiento del Estado que ya no podía, ni resolver bien las demandas que se le estaban presentando, ni ejercer cabalmente sus competencias.

—¿A partir del análisis del proceso es posible identificar si las personas que estaban siendo procesadas eran conscientes de la magnitud que le estaba dando el gobierno a sus actos o es posible identificar si el gobierno le estaba dando una magnitud que no tenían a las manifestaciones de estudiantes en las calles?

—Creo es que el Estado no se dio cuenta al principio que la forma en la que estaba tratando de armar los procesos, ni iba a ser posible de concluir y determinar porque la visibilidad que adquirió el propio movimiento y después el cierre que tuvo tan trágico con  los hechos del dos de octubre, pues le echaron, déjeme decirlo así, le echaron tanta luz encima al proceso que ya no tuvo capacidades de maniobra. 

Termina muy mal el juicio.  Al final las conclusiones, la forma de redacción de las sentencias, pues sí lo voy a decir metafóricamente, no tiene ni pies ni cabeza.

—De hecho, no fueron indultados o declarados no culpables, solo los soltaros ¿verdad?

—Así fue. La sentencia se dicta a mediados de noviembre y a finales de diciembre del 70, pocas semanas después de que el presidente (Luis) Echeverría había tomado posesión al cargo, los van soltando y la forma en que los sueltan es que algunos se van fuera del país, otros se quedan aquí y se diluyen en el territorio nacional.

Así de pintoresco, peculiar y violatorio del delito fue la salida de los del ‘68. Todos salieron así. Para el cuarto mes del ‘71 ya no quedaba nadie en la cárcel.

—¿Investigar e impartir justicia con consigna puede traer complicaciones para quien lo hace?

—Sí y sabe por qué, porque se ven los trucos. Es decir, la justicia bien llevada es bastante predecible. Hay una racionalidad que es bastante evidente.

Entonces para los que hoy pueden querer andar haciendo cosas o las han hecho o las han pensado hacer, pues también que sepan que en el futuro nos daremos cuenta todos y no en un futuro muy lejano porque hoy en día hay mucho mayor transparencia y mayores posibilidades de acceso a la información que uno se da cuenta inmediatamente en donde están las bajezas que se fueron cometiendo en esos años.

—¿Estas cosas, ese tipo de prácticas son de un pasado ocurrido y enterrado?

—No, no, no, que va a ser. Tiene usted toda la razón a mi mis amigos historiadores  con frecuencia eso me han enseñado, que uno analiza fenómenos históricos, pero también luego tiene que hacer con la ideología, la inteligencia, con la presencia del presente. No es algo que diga analicemos el pasado en estado puro. 

Parte importante de la forma en que uno se aproxima a los acontecimientos históricos es desde una perspectiva presente. Entonces creo que eso sí se da.

Y dos, me parece que seguimos viviendo en un país donde hay muchas irregularidades judiciales.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg