En México, defender el medio ambiente, la tierra y el territorio continúa siendo una actividad peligrosa y de alto riesgo, y bajo este contexto, en el 2020 fueron asesinadas 18 personas defensoras del medio ambiente en nuestro país, documento el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (CEMDA).

Además de registrar 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, de los cuales incluye ocho ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; tres relacionados con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; tres con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y tres más con construcciones de carreteras en diferentes estados.

Al presentar el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, CEMDA dio a conocer que luego de ocho años de registro y documentación, en México prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio, con 26 de las agresiones (40% de los casos) como posible agresor registrado un agente del Estado.

El documento añade que al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas se elevó en comparación con el año anterior.

Durante el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA) contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este número la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.

Se recordó que del periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, destacando el 2019 como el año con la cifra más baja de los últimos seis, con 39 agresiones registradas, sin embargo, de ese número, casi un tercio fueron homicidios.

Por entidad, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

Mientras que al tipo de víctima, los ataques perpetrados se realizaron tanto hacia personas en lo individual, contra dos o más personas, contra comunidades, así como contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la defensa ambiental, de la tierra o el territorio.

Sobre las agresiones en contra de personas en lo individual, 19 fueron contra hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se registraron 16 ataques (24.6%) contra comunidades y 12 ataques (18.5%) contra organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina.

Sobre el tema de obras relacionadas con vías de comunicación, se añadió que, en menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros.

Asimismo, el documento advirtió que por segundo año consecutivo desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la agresión más frecuente ha sido el homicidio, ya que en 2019 se documentaron 15 asesinatos y en 2020 esta cifra llegó a 18.

Cabe señalar que en diversos casos se identificó que, previo a su homicidio, las personas defensoras habían sido víctimas de otras agresiones como amenazas e inclusive desaparición.

En tanto, la segunda agresión, con un total de 16 casos (17.8%), corresponde a las amenazas. Otras agresiones documentadas incluyen la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las agresiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, el allanamiento, la difamación y la estigmatización.

Mientras que en 26 de las agresiones (40% de los casos) se conoce que el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado.

En menor medida, se identificó como agresores a miembros de las comunidades donde habitan las personas defensoras (6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del total); así como a caciques y grupos paramilitares (3.1%), respectivamente.

“Luego de ocho años de registro, documentación y visibilización de las agresiones perpetradas contra las defensoras y los defensores ambientales en México, resulta alarmante la situación de riesgo creciente en la que desempeñan su trascendente labor de defensa”, advierte el informe.

El CEMDA también recordó que México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas; asimismo, persiste una grave situación de violencia a la que se enfrentan las defensoras y defensores ambientales, de la tierra y el territorio.

“Así, la grave situación de violencia ha encontrado nuevas manifestaciones a través de las omisiones estatales de protección y garantía de los derechos de las defensoras y los defensores frente a un contexto pandémico sin precedentes.

“A los comunes denominadores anualmente expuestos como causantes de la violencia hacia las y los defensores ambientales, se suman las restricciones a la movilidad, la violencia de género, los recortes presupuestarios a instituciones de relevancia ambiental, la falta de información y garantías para la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones ambientales, la eliminación de apoyos económicos para los mecanismos de protección de las personas”, se expresó.

Finalmente, la organización defensora recalcó que ha continuado el registro de amenazas, estigmatizaciones y criminalizaciones ─entre otras agresiones─, dos quintas partes de las cuales han sido perpetradas por algún agente del Estado mexicano, sin que se haya sancionado a los responsables.

Por lo que los datos nuevamente ponen de manifiesto las deudas consolidadas del Estado mexicano respecto de sus obligaciones de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores. “Las cifras preocupan porque muestran un Estado violento e impune, donde los agentes del Estado, en vez de prevenirla, ejercen la violencia misma contra la defensa ambiental”.

rrg