La voz de los gobiernos subnacionales en la negociación del T-MEC

En un momento en el que la economía global se reorganiza y América del Norte vive una nueva etapa de integración productiva, México enfrenta una pregunta estratégica: ¿cómo negociar mejor en un contexto cada vez más competitivo? La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a replantear no sólo los contenidos de la negociación, sino también quienes deben estar sentados en la mesa.

México es una federación, sin embargo, durante décadas las negociaciones comerciales internacionales se han conducido bajo una lógica centralista que no siempre incorpora la experiencia productiva de los territorios. Hoy esa visión resulta insuficiente. Las decisiones que se toman en acuerdos como el T-MEC impactan directamente en los sectores económicos de los estados, en sus exportaciones y en millones de empleos.

Por ello, cobra sentido fortalecer la participación de los gobiernos subnacionales sentándolos en la mesa en el proceso de negociación comercial o cuando menos en una mesa de la Federación y los Gobiernos de los Estados, particularmente a través de espacios institucionales como los que impulsa la Asociación Mexicana de Autoridades de Inversión Extranjera (AMAIE). No se trata de sustituir la conducción del gobierno federal en materia de política exterior o comercio internacional, sino de enriquecerla desde el dialogo directo con información territorial, conocimiento sectorial y visión productiva.

La secretaria de Economía informó que, tras consultar a 2,900 empresarios e industriales, surgieron preocupaciones centrales para la próxima negociación: aranceles impuestos por Estados Unidos, reglas de origen, el mecanismo laboral de respuesta rápida y prácticas de comercio desleal en productos agropecuarios. No es un tema menor, el comercio en América del Norte supera los 834 mil millones de dólares anuales. Además, el propio análisis reconoce que los beneficios del tratado no se distribuyen de manera uniforme entre los estados. Precisamente por eso, en esta etapa de revisión sería fundamental incorporar a las entidades federativas en la discusión: son los estados donde se produce, exporta y se enfrentan todos los días los retos de competir en el mercado norteamericano.  Además, que los gobiernos locales son los que mantienen la cercanía con sus Cámaras, sociedad civil, empresarios e industriales.

Chiapas, por ejemplo, tiene en el plátano uno de sus productos agrícolas más representativos. Las condiciones sanitarias, los estándares fitosanitarios y las reglas logísticas que se discuten en tratados comerciales inciden directamente en la capacidad de los productores chiapanecos para competir en el mercado norteamericano. Michoacán, por su parte, es el principal productor y exportador de aguacate del mundo y Colima del limón, así muchos ejemplos. Las reglas comerciales, las inspecciones sanitarias, los protocolos de exportación y los mecanismos de solución controversiales determinan el acceso de miles de productores a uno de los mercados más importantes del mundo. Sinaloa vive una realidad similar con el tomate; Jalisco con el tequila y la agroindustria.

En el norte del país, Nuevo León representa con claridad el papel estratégico de los estados en la integración económica regional. Nuestra entidad es hoy uno de los principales centros industriales de América Latina, con cadenas de valor en manufactura avanzada, electrodomésticos, automotriz, electromovilidad, tecnologías de información y centros de datos. Miles de empresas instaladas en el estado dependen directamente de la estabilidad y claridad de las reglas comerciales que rigen la relación con Estados Unidos y Canadá.

Cuando se negocian reglas de origen, comercio digital, estándares laborales o mecanismos de facilitación aduanera, no se trata de conceptos abstractos, son decisiones que impactan directamente en la competitividad de las industrias estatales, en la atracción de inversiones y de la generación de empleos.

Por eso, incorporar la visión de los estados en el proceso negociador no debilita la posición del país; al contrario, la fortalece. Permite anticipar riesgos sectoriales, entender mejor las dinámicas productivas regionales y construir una postura nacional más informada.

La experiencia internacional muestra que las economías federales más competitivas trabajan de manera coordinada entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. En Estados Unidos y Canadá, los estados y provincias participan activamente en procesos de consulta y análisis técnico cuando se discuten acuerdos comerciales y México debe avanzar en la misma dirección.

Desde la AMAIE hemos sostenido que para que el país consolide una verdadera diplomacia económica federalista, es necesario que la federación y los estados trabajen como un solo equipo para atraer inversión, fortalecer cadenas productivas y aprovechar plenamente el momento histórico que vive América del Norte con el nearshoring.

La competitividad de México no se define únicamente en la capital del país. También se construye en los campos agrícolas de Michoacán, en los puertos del Pacífico, en los parques industriales de Nuevo León, en los centros de innovación de Jalisco y en todas las cadenas productivas que atraviesan el territorio nacional.

Abrir la mesa del T-MEC a la experiencia de los estados no es una concesión política, sino una decisión estratégica para que México negocie con una mayor inteligencia, defienda mejor a sus sectores productivos y consolide su papel como uno de los principales motores económicos de América del Norte.