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¿De verdad vamos tan mal?
Jonathan Ruiz Torre | Parteaguas
Hay una parte de la historia de estos días que los críticos más radicales del gobierno prefieren dejar a un lado.
Destacan la narrativa construida desde la Casa Blanca, pero marginan la del propio Gobierno de Estados Unidos.
Parece cierto lo que dice el presidente Donald Trump cuando señala que hay temor entre funcionarios mexicanos para atacar a narcotraficantes. Algunos mexicanos incluso aplauden sus discursos sobre atacar directamente a esos criminales en territorio nacional, con una anuencia que revela una ignorancia supina de la historia.
¿Pero ahí termina la relación bilateral actual?
Entonces, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos sacó hace unos días a México de su lista negra en materia de respeto al derecho de las empresas?
El 30 de abril, México salió de la Lista de Vigilancia Prioritaria —Priority Watch List— en el informe Special 301 Report de 2026, publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, que por cierto negocia el T-MEC con funcionarios mexicanos.
Me resulta incongruente un discurso que habla de un supuesto “narcogobierno” frente a otro que reconoce “avances significativos” en protección de propiedad intelectual, derechos de autor, medidas contra la piratería digital y mejoras en el marco regulatorio.
Y no creo que México sea todavía un país seguro. No cuando temo cruzar el país en carretera con mi familia, como lo hacíamos años atrás.
Pero percibo un cambio del Gobierno en la dirección correcta, y haríamos bien en reconocerlo todos. Porque nos conviene.
Quien encabeza una empresa y busca oportunidades debería analizar las circunstancias desde la lógica, no desde las pasiones.
¿Vieron lo de ayer? La Secretaría de Energía hizo anuncios que habrían sido impensables en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó el nuevo plan de gasoductos hacia 2030: más ductos, más mantenimiento, más capacidad de transporte y más centrales de ciclo combinado.
La promesa es enorme: más de 140,000 millones de pesos para ampliar y rehabilitar una red que ya suma más de 21,000 kilómetros.
El país necesita infraestructura, mantenimiento, tecnología y servicios especializados para sostener su crecimiento eléctrico e industrial.
CFE construirá nuevos ductos para alimentar centrales de ciclo combinado; Cenagas modernizará instalaciones, estaciones de compresión y tramos que requieren mantenimiento profundo.
Ahí hay una oportunidad concreta: acero, ingeniería, construcción, monitoreo, automatización, seguridad industrial, integridad de ductos, maquinaria, financiamiento y operación especializada.
El legado que pretende Sheinbaum no parece perseguir elefantes blancos.
El mensaje de fondo es claro: si México quiere más manufactura, más polos industriales, más turismo, más data centers y más actividad en regiones como Yucatán, Sonora, Veracruz, Tabasco o el centro del país, necesita energía confiable.
Y esa energía requiere infraestructura. No se construye sola ni se mantiene con discursos. Menos aún con críticas de café.
El proyecto se suma a otros anuncios en materia de generación eléctrica y a la posible explotación de yacimientos de gas natural mediante fracking, cuyo análisis está en proceso.
No pretendo aquí festejar ingenuamente. El gobierno fue desmantelado durante el sexenio pasado y carece de talento en áreas administrativas mal pagadas. También me hablan de una corrupción temeraria. Espero que Sheinbaum ataque a los funcionarios bandidos.
Pero instalar nueva infraestructura energética es lógico, y el gobierno pretende hacerlo con las reglas vigentes.
Negar eso es esconder la mitad de la historia y hundirnos a todos en un escenario oscuro, como si las cosas estuvieran siempre pintadas de blanco o negro.
No, perdón. No es así. Nunca ha sido así.
