Servicio Universal de Salud: El rigor financiero detrás de la integración y el riesgo del subsidio cruzado

El pasado 17 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación atestiguó la promulgación de uno de los instrumentos de política pública más ambiciosos y complejos de la historia contemporánea de México: el Decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud (SUS). Desde una perspectiva estrictamente analítica y de economía pública, el documento representa un esfuerzo mayúsculo por corregir una falla estructural que ha mermado la competitividad y el bienestar social del país durante décadas: la fragmentación operativa y financiera de nuestro sistema sanitario.

Sin embargo, transitar de la retórica de la universalidad a la viabilidad operativa exige un análisis minucioso de las letras pequeñas. La arquitectura institucional que plantea el decreto no es la de un monopolio estatal de nueva creación, sino la de una red integral e integradora. Esta red se nutre de la capacidad instalada interinstitucional, sentando en una misma mesa operativa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al IMSS-BIENESTAR, a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la red de alta especialidad (CCINSHAE).

El diseño es relevante y responsable al evitar una fusión jurídica de los fondos, optando en su lugar por un modelo de intercambio de servicios sostenido por un esquema de compensación presupuestaria y financiera. Bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Medica (SISCOSAM), y con la estricta vigilancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se establece que la institución a la que pertenece el paciente (por derechohabiencia o afiliación) deberá pagar invariablemente a la institución que le preste el servicio.

El cronograma de implementación es agresivo y no deja margen para el error administrativo. A partir del 1 de enero de 2027, el sistema deberá absorber la atención universal de urgencias, embarazos de alto riesgo, y los protocolos críticos como "Código Infarto" y "Código Cerebro", además de garantizar la continuidad de tratamientos de alto costo. Para el 1 de julio de 2027, la red sumará estudios de laboratorio, imagenología avanzada y radioterapia. Todo esto, según el transitorio décimo, bajo una regla fiscal inquebrantable: no habrá ampliaciones de recursos ni presupuestos adicionales. Es un juego de suma cero donde la eficiencia dictará la supervivencia financiera de cada subsistema.

Para que esta maquinaria funcione, el decreto apuesta fuertemente por la trazabilidad tecnológica. Se mandata la creación de un padrón nacional cimentado en la CURP, materializado en una credencial de salud con códigos QR, y respaldado por la anhelada interoperabilidad del Expediente Clínico Electrónico (ECE). Esta infraestructura, apoyada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, es fundamental para reducir la asimetría de información y evitar la duplicidad de estudios.

No obstante, aunque el andamiaje digital es un requisito sine qua non, es apenas la punta del iceberg. El verdadero reto, el que definirá si el SUS es un parteaguas histórico o un colapso burocrático, no es tecnológico, sino profundamente clínico y económico.

En economía de la salud, es un axioma que no se puede intercambiar comercial ni presupuestalmente aquello que no está estandarizado. El desafío mayúsculo del SUS radica en la homologación real de los servicios médicos. Para que exista equidad y reciprocidad en el intercambio, es imperativo y urgente que los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAMs) pasen de ser guías de referencia a convertirse en manuales de ejecución obligatoria y auditables para todas las instituciones prestadoras.

Si un paciente con un evento cerebrovascular ("Código Cerebro") ingresa a una clínica del IMSS o a un hospital de Pemex, el abordaje diagnóstico, los tiempos de respuesta y los insumos utilizados deben ser clínicamente idénticos. Las asimetrías en la práctica médica entre instituciones no solo generan desigualdades graves en la calidad y los resultados de salud para el paciente, sino que imposibilitan cualquier intento serio de conciliación contable. Si el ISSSTE utiliza un tratamiento conservador y el IMSS-Bienestar opta por uno intervencionista de última generación para el mismo padecimiento, las discrepancias en la facturación paralizarán el sistema de compensaciones, derivando en disputas interinstitucionales y, eventualmente, en la suspensión táctica de los servicios compartidos.

Este nivel de estandarización clínica nos lleva a la piedra angular de la sostenibilidad del SUS: la construcción rigurosa de precios de transferencia en el sector público. La promesa de que el esquema de compensación restituirá a las entidades de manera oportuna y con una periodicidad mensual, será una inviable si la SHCP y la SISCOSAM no publican tabuladores de costos universalmente observados, asociados al cumplimiento estricto de los PRONAMs.

No basta con fijar un "costo promedio por día-cama" o "costo por consulta". Se requiere una reingeniería de costos basada en actividades que cuantifique, centavo a centavo, cada intervención: el valor del tiempo de quirófano, el costo de horas-hombre especializadas proporcionales y equiparables, la amortización del equipo de resonancia magnética, los medicamentos específicos y demás insumos asociados.

Sin un catálogo de precios transparente, exhaustivo y actualizado, las instituciones se enfrentarán al riesgo inminente del subsidio cruzado perverso: las unidades más eficientes y con mayor capacidad resolutiva terminarán absorbiendo la demanda y los costos de las más ineficientes, sin recibir la justa retribución. Al operar bajo presupuestos fijos y techos de gasto inamovibles, este desequilibrio arrastraría rápidamente a las instituciones ancla hacia la insolvencia o la "quiebra técnica", comprometiendo la atención de su propia población objetivo, algo que el mismo decreto intenta blindar.

El Servicio Universal de Salud es, conceptualmente, la política económica y social más trascendente de la década. Sin embargo, su éxito no dependerá de la intención de inclusión, sino de la observancia estricta de los números. Requerirá una rectoría firme que obligue a homologar el quehacer médico mediante PRONAMs y que se implemente una matriz de costos exacta. Solo así, mediante el rigor contable, garantizaremos que el derecho a la salud no termine fracturando las finanzas públicas ni la calidad operativa del Estado mexicano.

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Peter F. Drucker: "La eficiencia es hacer mejor lo que ya se está haciendo.”

*Oscar Flores cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.