El reto de sostener el crecimiento del salario mínimo

En México, el salario mínimo ha registrado un crecimiento sostenido de 2016 a la fecha. Sin embargo, el avance fue más marcado a partir de 2019 con la implementación de la Nueva Política de Salarios Mínimos impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tan solo entre 2016 y 2026, el salario mínimo creció 165% en términos reales. Actualmente se ubica en 315.04 pesos diarios (alrededor de 9,582 pesos mensuales), mientras que en la frontera norte alcanza los 440.87 pesos diarios (aproximadamente 13,400 pesos al mes).

Esta política ha contado con un amplio respaldo, debido al consenso sobre la necesidad de devolver el poder adquisitivo a las personas trabajadoras. Además, los incrementos del salario mínimo también han tenido efectos positivos sobre el ingreso de los hogares y la reducción de la pobreza. Sin embargo, sus beneficios no impactan de igual manera a toda la fuerza laboral.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el ajuste para 2026 beneficia de forma directa únicamente a 8.5 millones de personas. Considerando que la población ocupada en el país asciende a 60 millones (de los cuales solo 27 millones laboran en el sector formal), resulta que la medida llega apenas al 31% de las personas ocupadas en la formalidad.

Si bien el incremento al salario mínimo ha contribuido a mejorar diversos indicadores, también ha representado una mayor presión financiera para el sector privado. Este costo adicional se suma a los desafíos estructurales que implica operar en México: la inseguridad (traducida en robos y extorsiones), el alza en las cuotas de seguridad social, la rigidez en la contratación y despido, y la continua fiscalización del Servico de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

Frente a esta coyuntura, existen vías alternativas para lograr un incremento constante y sostenible en los ingresos de las personas trabajadoras. Una de ellas es elevar la productividad del país. Cuando una empresa logra generar más bienes o servicios con los mismos recursos, incrementa su rentabilidad y obtiene un mayor margen para ofrecer mejores sueldos. El crecimiento salarial puede alcanzar a más personas y perdura en el tiempo cuando está respaldado por la productividad.

Lamentablemente, los aumentos salariales registrados desde 2016 no han ido acompañados de este motor. Según el Índice Global de Productividad Laboral del INEGI, la productividad en México disminuyó 6.4% entre 2016 y 2025. Asimismo, el país ocupa el tercer nivel más bajo en productividad laboral entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), únicamente por encima de Costa Rica y Colombia.

La propia OCDE advierte que los niveles de productividad están ligados a la escala empresarial, ya que las compañías de mayor tamaño tienen más capacidad para invertir en digitalización, tecnología e innovación. En contraste, el tejido empresarial mexicano está sumamente atomizado, pues el 99.8% de los negocios son MiPyMEs, muchas de ellas atrapadas en niveles de mera subsistencia. A esto se suma una distribución poco favorable de la fuerza laboral, pues los sectores que emplean a la mayoría de los trabajadores (como el comercio y los servicios privados no financieros, que concentran el 63% de la ocupación) son paradójicamente los que aportan menor valor a la economía.

En este contexto, el Gobierno Federal debe asumir la productividad como una prioridad estratégica de mediano y largo plazo. Uno de los mayores frenos radica en las distorsiones del propio mercado laboral, pues más de la mitad de la población trabajadora opera en la informalidad, enfrentando serias desventajas en los salarios y protección social.

El otro pilar indispensable para aumentar la productividad es la inversión. Actualmente, la mayor parte del esfuerzo recae en el sector privado, que en 2025 representó el 19.4% del PIB, mientras que la inversión pública se ubicó en apenas 3 por ciento. Por ello resulta urgente que el Estado apuntale su participación en infraestructura y desarrollo.

El camino a seguir requiere sentar las bases para que las empresas inviertan, crezcan y se formalicen. Es momento de transitar hacia aumentos salariales sostenibles, cimentados en el crecimiento de la productividad, y dejar de depender de incrementos anuales que imponen costos crecientes sin resolver los problemas estructurales que aquejan a la economía del país.