Respuestas insuficientes

Durante la mañanera del 26 de marzo, la presidenta Sheinbaum afirmó que al país le convenía que el proceso de revocación de mandato se llevará a cabo en 2027, a la par que las elecciones intermedias. Debo confesar que, en principio, no me pareció que el bien de la nación pasará por la revocación, sea en 2027 o 2028. Minutos después, Israel Aldave, del Grupo Fórmula, un reportero profesional, preguntó a la mandataria el por qué era importante para el país la revocación en 2027. Pregunta sencilla, pero incómoda. Como era de esperarse, la presidenta no dio una respuesta sólida. Señaló que no había por qué no hacerla. Eso, en buen español, es simplemente un juego de palabras y bastante malo.

Lo cierto es que el resultado de la votación en el Congreso de la reforma electoral B-1 significa una nueva derrota para Sheinbaum, la tercera. Como señalé en el artículo de la semana pasada, esta reforma no era de Morena, sino de la misma mandataria que buscaba reforzar su influencia a la hora de disponer de las candidaturas. Era una campaña disfrazada de revocación.

Alberto Anaya, del PT, había dicho que votarían a favor de la reforma, excepto en el rubro de la revocación. Lo cumplió, pero a manera remedio asegura que en todo lo demás seguirán apoyando a “su” presidenta. ¿Qué tan importante es que el PT haya contrariado un deseo presidencial? Es difícil saberlo. Al parecer, más de lo que admite la habitante del Palacio Nacional, pero no al grado de una ruptura.

Lo cierto es que detrás de la “rebeldía” del PT y en menor medida del PVEM hay más de fondo. Me parece que ambas organizaciones se sienten lo suficientemente fuertes para negociar un acuerdo distinto con la titular del Poder Ejecutivo. Morena sufre los males de un gigantismo organizativo que, al igual que su raíz perredista, no cuenta con un marco institucional de acuerdos. Es un partido de frases y lealtades personales basadas en el dinero y las posiciones políticas. Mal asunto. Un nuevo acuerdo exigiría que Morena les diera más candidaturas y apoyos.

Un día antes, el 25, la conferencia mañanera fue corta. La razón fue el viaje de Sheinbaum a Monterrey para asistir a la reunión anual de la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA). Estaban ahí los jefes de las 10 empresas más fuertes de Nuevo León. El gobierno necesita desesperadamente que exista más inversión privada, sea nacional o extranjera. Jorge Santos Reyna, presidente de la Cámara, le soltó un dato y una petición: 54% de las empresas aseguran que han sido víctimas de extorsión en el transporte de mercancías y quieren garantías de que habrá acciones más contundentes. Más aún, Santos dijo que en “nueve de cada 10 fueron casos que involucran a autoridades”.

Este señalamiento no es nuevo, COPARMEX y CANACO ya lo habían acusado. Pero no solo los patrones se quejan de las extorsiones y el involucramiento de las autoridades cómplices, también los transportistas y agrupaciones campesinas dicen lo mismo. Las extorsiones a los camioneros siguen y los acuerdos que hicieron los campesinos no se han cumplido. Por lo tanto, amenazan con paralizar las principales carreteras del país el próximo 6 de abril. Las respuestas gubernamentales son las mismas: estamos trabajando. Pero no hay resultados tangibles.

En esa misma semana, se le preguntó a la mandataria sobre el caso de un joven de 15 años que disparó y asesinó a dos profesoras en un plantel privado. El hecho causó conmoción en todo el país y muchos expertos, padres de familia y educadores llaman a tomar medidas acerca de las redes sociales, las armas, la seguridad en las escuelas y la salud de niños, niñas y adolescentes. La presidenta sólo dijo que había que hacer algo y luego habló del programa de salud mental en las escuelas. Esa fue básicamente su respuesta. Sí, se tiene que hacer algo, pero ¿quién lo hará?

El caso del derrame con hidrocarburos es otro tema en el cual tampoco hay respuestas claras ni suficientes. De acuerdo con los datos disponibles, comenzó entre el 6 y 7 de febrero. El gobierno lo supo y mandó cinco barcos a tratar de contenerlo, pero no dio aviso como era su obligación. Se hizo público gracias a diversas organizaciones dedicadas al medio ambiente. Sin saber qué pasaba, la mandataria aseguró que PEMEX no era responsable y dijo que era un barco que, hasta la fecha, no ha sido identificado. Dicha embarcación habría navegado con el transpondedor apagado, posiblemente para evitar que lo identificaran. ¿Se trataba de huachicol?

No importa de qué asunto se trate, sea de seguridad, medio ambiente o político ya va siendo costumbre que las respuestas sean insuficientes. El sello de la casa.