Reducción de la pobreza: resultados disparejos entre estados

Las cifras sobre pobreza en México que el Inegi publicó el 13 de agosto darán pie a muchos análisis en los próximos meses; valdrá la pena esperar matices y respuestas a preguntas clave. Por lo pronto, el dato más difundido es que entre 2018 y 2024 hay 13.4 millones de personas menos en situación de pobreza, una reducción cercana a 26%.

Como muestran los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el ingreso de las familias se incrementó sobre todo por la vía laboral y, para eso, el aumento al salario mínimo fue clave. Los resultados recientes confirman que, donde el mercado de trabajo es más dinámico y formal, la reducción de la pobreza fue mayor.

En Baja California, por ejemplo, la población en pobreza pasó de poco más de 884,000 personas en 2018 a 373,000 en 2024, una caída cercana a 58%. La cifra, aunque impresionante, es consistente con su ubicación fronteriza —Mexicali y Tijuana concentran buena parte de la población estatal— y con el hecho de que el incremento al salario mínimo en frontera norte fue mayor que en el resto del país.

En cuatro de las cinco entidades fronterizas restantes, la reducción supera el 40%: Coahuila (45.8%), Sonora (44.2%), Tamaulipas (40.2%) y Chihuahua (40.1%); en Nuevo León fue de 39.2%. A este cuadro se suman estados con fuerte actividad turística y mejores ingresos laborales respecto del resto del país: Colima (50.2%), Sinaloa (42.6%), Quintana Roo (37.8%) y Baja California Sur (37.8%).

En el extremo opuesto, muy por debajo de la cifra nacional (casi 26%), están las entidades donde la informalidad limita la transmisión de los aumentos al salario mínimo: en Chiapas la población en pobreza bajó de 4.1 a 3.8 millones (–7.2%); en Tlaxcala –9.9%, en Guerrero –12% y en Oaxaca –14.4%.

Ahora bien, además del ingreso, la medición multidimensional de la pobreza considera carencias sociales: rezago educativo, acceso a salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos y acceso a alimentación nutritiva y de calidad.

Para que una persona se considere en situación de pobreza debe presentar al menos una carencia social y tener un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, también importa cuántas carencias acumula: quienes tienen tres o más enfrentan oportunidades mucho más limitadas, incluso si sus ingresos alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El número de personas con al menos tres carencias sociales aumentó de 25 a 27 millones entre 2018 y 2024. La disparidad entre estados es marcada: en 14 la cifra disminuyó y en 18 aumentó. En cuatro (Baja California, Sinaloa, Colima y Nayarit) la población en estas condiciones cayó más de 10%; en 14 creció más de 10% y en cinco superó el 30% (Michoacán, Chiapas, Aguascalientes, Tlaxcala y Durango).

Las carencias sociales remiten, en general, a responsabilidades de política pública; una particularmente sensible es el acceso a servicios de salud. Según el reporte del Inegi, la población sin acceso aumentó de 20.1 a 44.5 millones entre 2018 y 2024, un incremento de casi 122%.

Nuevamente, la variación entre estados es amplia, aunque en todos aumentó. Solo en tres entidades el alza fue menor a 40% (Ciudad de México, Nuevo León y Baja California), mientras que en cuatro (Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí y Chiapas) superó 200%: es decir, en esos casos, la población con carencia de acceso a los servicios de salud fue más del triple entre 2018 y 2024.

Estos datos dejan al menos dos mensajes. Primero, las políticas orientadas a fortalecer el ingreso laboral funcionaron bien durante el sexenio pasado para reducir la pobreza, especialmente en entidades con mercados de trabajo más sólidos y dinámicos. Segundo, la atención a la infraestructura y a las condiciones que amplían oportunidades no avanzó al mismo ritmo ni con la misma efectividad.

Como decía al inicio, los análisis de fondo que vendrán en las próximas semanas ayudarán a afinar conclusiones. Dos lecciones parecen confirmarse, de cualquier forma: es indispensable avanzar en la formalización de los mercados laborales; y, aunque las transferencias en efectivo alivian la situación de muchas personas, no sustituyen una política social sostenible orientada a ampliar las oportunidades y capacidades de la población.