Quiebra de los sistemas de agua en México

La gran mayoría de los sistemas de agua u Organismos Operadores de Agua (OOA) municipales en nuestro país están quebrados; son insostenibles financieramente, son insolventes y tienen excesivos niveles de endeudamiento, incompatibles con sus ingresos. Si bien la gestión del agua en México es competencia municipal – de acuerdo al Artículo 115 Constitucional – han existido programas federales de apoyo (APAZU, PROSSPYS, PROAGUA). Sin embargo, sus resultados han sido muy limitados, dado que no consideraron la importancia de reformar institucionalmente a los OOA. Peor aún, se han recortado fuertemente en los últimos años los presupuestos de la Conagua en esta materia. Los pasivos y deuda de los OOA son abrumadores. En las ciudades grandes pueden alcanzar varios miles de millones de pesos (mdp); y, en ciudades medias algunos cientos de mdp. La deuda acumulada de todos los OOA en nuestro país es de una escala de decenas de miles de mdp. Dependiendo de la forma de contabilizarlos, estos pasivos podrían alcanzar cientos de miles de mdp. Frentes a ello, se estima que los ingresos totales de los OAA por suministro de agua rondan apenas los 90,000 mdp. Hay serios problemas de cuantificación ya que muchos organismos no registran oficialmente su deuda ante instancias federales o no la inscriben en sistemas de vigilancia financiera. La deuda puede estar oculta en otros rubros (cuentas por pagar, obras en proceso, pasivos contingentes, deudas con CFE y Conagua).

Este es el contexto financiero de una situación crítica más o menos generalizada. Por ejemplo, la masiva contaminación por aguas residuales en ríos y aguas costeras, dados porcentajes muy bajos de tratamiento por ausencia de infraestructura, inoperancia y abandono de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La mayor parte de las PTAR no funcionan y/o están gravemente deterioradas, sus costos de operación y mantenimiento son elevados, y no se asignan presupuestos para ello. El tratamiento integral y el reuso sólo ocurren en un puñado de ciudades, como Aguascalientes, Saltillo, Monterrey, Ciudad Juárez, o León. Existe una baja confiabilidad sobre la calidad del agua, por lo que la población se ve obligada a comprar agua embotellada o a ingerir refrescos azucarados, lo que contribuye a la obesidad y diabetes. La eficiencia física de los sistemas de agua es por lo general muy baja, con pérdidas en las redes de distribución que oscilan entre el 35% y el 60%. No hay incentivos para mejorar la eficiencia de los sistemas, además de que en muchos casos hay un problema grave de sobreexplotación de acuíferos. La infraestructura es mayormente obsoleta, con un fuerte rezago tecnológico. Destaca una cobertura desigual; algunas zonas urbanas tienen servicio continuo, y otras, por lo general más pobres, sufren intermitencias y escasez, y dependen de “tandeos” y de pipas para abastecerse de agua. Se observa poca cobertura de micro-medición, subsidios generalizados no focalizados, y tarifas muy bajas que dependen de autorizaciones politizadas de los congresos estatales y cabildos, y que no corresponden a una lógica de solvencia y sostenibilidad, ni a la necesidad de cubrir costos de inversión, operación y mantenimiento. Prevalece baja facturación y eficiencia administrativa, alta morosidad en los usuarios (incluyendo organismos de gobierno), bajos ingresos y baja recuperación de costos de inversión, operación y mantenimiento. Gran parte de los OOA depende de transferencias y subsidios de los gobiernos estatales y municipales, tienen cuadros y directivos poco capacitados o improvisados, y flujos que son en realidad caja chica de gobiernos municipales. Destacan fallas institucionales, de planeación, falta de transparencia y rendición de cuentas, politización, falta de profesionalización, y falta de autonomía. Esto, en el contexto de que, siendo monopolios naturales, carecen de regulación sobre tarifas, eficiencias, calidad del agua, cobertura, continuidad del servicio, profesionalización, y tratamiento de aguas residuales, entre otros aspectos. Hay ausencia de consejos de administración y de mecanismos de participación de usuarios.

En este escenario, son indispensables: 1) Un esquema eficaz de regulación sobre los OOM que podría quedar a cargo de la propia Conagua o de una nueva entidad especializada. 2) Una reforma institucional profunda de los OOM. 3) Un fondo revolvente estable y a escala suficiente de financiamiento y apoyo federal. 4) Una nueva estrategia de participación privada y alianzas público-privadas. Estos cuatro puntos deben contemplarse en la nueva legislación de agua que aparentemente se prepara en la actualidad. El fondo revolvente, de manera condicionada, deberá ayudar a restructurar y a reducir la deuda de los OOM para liberar flujos de caja y destinarlos a inversión en proyectos prioritarios, y operación y mantenimiento, bajo estricta disciplina, seguimiento y evaluación. Habrá que considerar opciones de refinanciamiento de deuda, re-perfilamiento financiero, fideicomisos de fuente de pago y administración, bonos “verdes”, bursatilización, swaps de deuda por inversión, y fideicomisos de energía solar fotovoltaica para bombeo. Será un formidable reto en binomio de ingeniería civil, administración, ingeniería hidráulica e ingeniería financiera. En ausencia de estas condiciones, el “derecho humano” al agua seguirá siendo una fantasía retórica.