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La paradoja mexicana: tecnología de punta, regulación de papel
México aparece como líder natural para el nearshoring: mano de obra especializada, costos competitivos y capacidad para adoptar tecnología avanzada.

FOTO: ESPECIAL.
México vive un momento contradictorio. Por un lado, empresas como Tricentis están apostando por América Latina para llevar inteligencia artificial de vanguardia a procesos complejos, como las pruebas de software. Por el otro, el país amenaza con desmontar años de institucionalidad en su sector de telecomunicaciones mediante una reforma legal que, si se aprueba como está, erosionará la competencia, ahuyentará inversión y violará tratados internacionales.
Recientemente entrevisté a Tonatiuh Barradas, vicepresidente de Tricentis para América Latina. Su empresa ha logrado reducir procesos que antes tomaban 18 meses a tan solo dos semanas, utilizando IA para automatizar pruebas sin necesidad de programación. Este tipo de soluciones permiten a las empresas disminuir riesgos, proteger su reputación y ahorrar costos. Pero lo más interesante no es solo la eficiencia técnica, sino el modelo de integración: la IA como complemento del talento humano, no como su reemplazo.
En ese contexto, México aparece como líder natural para el nearshoring: mano de obra especializada, costos competitivos y capacidad para adoptar tecnología avanzada. Tricentis ya está contratando en el país, invirtiendo en crear ecosistemas de socios y fortaleciendo su presencia con una inversión global de $13 mil millones. Esto no es filantropía: es una apuesta empresarial seria que requiere reglas claras y entornos previsibles.
Y es aquí donde entra el contraste. En otra conversación con Miguel Calderón, experto en regulación y exvicepresidente de Telefónica, hablamos sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que circula en el Congreso y que será discutida en un period extraordinario del Congreso en pocos días. El diagnóstico fue demoledor: incertidumbre total, falta de parlamento abierto, contradicciones con el T-MEC y un intento de volver al regulador un apéndice del Ejecutivo.
El borrador contempla la posibilidad de bloquear contenidos sin orden judicial, obliga a los operadores a acciones costosas sin compensación y le da ventajas a los actores estatales por encima de los privados. La neutralidad competitiva desaparece. La autonomía del regulador, uno de los pilares que en su momento hicieron del IFT un referente mundial, quedaría desmantelada. Y todo esto ocurre mientras el 90% de la inversión en telecomunicaciones proviene del sector privado.
Resulta paradójico: mientras las empresas tecnológicas elevan el nivel del talento mexicano y se integran a cadenas de valor globales con IA, blockchain y automatización, el marco legal en discusión empuja hacia el pasado. La consecuencia no es solo jurídica: también es económica. Sin competencia no hay incentivos para innovar, mejorar tarifas o cuidar al consumidor. Y sin certeza legal, no hay inversión que se sostenga.
México debería estar compitiendo con Brasil y Chile por el liderazgo en 5G, y preparándose para la revolución del 6G, la computación cuántica y la conectividad satelital. En lugar de eso, corremos el riesgo de convertirnos en una economía cerrada, donde el Estado acumula funciones sin rendir cuentas, mientras la industria privada se adapta desde la trinchera o se va.
No todo está perdido. Existen señales de diálogo entre legisladores y actores del sector. El reto será que este diálogo no sea solo un trámite, sino una verdadera oportunidad para construir una política pública tecnológica, moderna y alineada con los compromisos internacionales.
Si algo nos demuestra la historia reciente de empresas como Tricentis, es que el talento y la tecnología existen. Lo que falta es voluntad para construir un entorno que los aproveche en vez de sofocarlos.