Hacia un nuevo modelo de seguridad: el equilibrio entre inteligencia y derechos

El 13 de febrero pasado la presidenta Claudia Sheinbaum presentó dos iniciativas de ley que buscan resolver el persistente problema de la descoordinación entre los tres órdenes de gobierno responsables de la seguridad en México. Esta desconexión ha sido el principal obstáculo en la lucha contra la violencia y el crimen organizado en el país. Gobernadores y alcaldes, en muchas ocasiones, han echado mano del laberinto de responsabilidades compartidas para ocultar sus deficiencias en la gestión de la seguridad pública, dejando a la ciudadanía expuesta y vulnerada.

El gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch ha estructurado un enfoque de “reingeniería institucional” para mejorar los servicios de seguridad pública, apoyándose en los lineamientos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Sin embargo, para que esta transformación sea efectiva, es crucial entender los detalles y la viabilidad de las iniciativas que buscan implementar. Analicemos los puntos más relevantes de la primera de estas iniciativas, la que busca asegurar un mejor funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Uno de los pilares fundamentales de la reforma es la actualización y el intercambio continuo de datos entre las entidades federativas y los municipios. Con el objetivo de mejorar la inteligencia y la capacidad de respuesta del gobierno federal, los estados y municipios deberán actualizar a diario sus bases de información sobre delitos. Esto es crucial para una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno, pues proporciona a las fuerzas de seguridad una imagen precisa y en tiempo real de la situación en todo el país.

Los centros estatales y municipales de control y comando también estarán obligados a profesionalizarse y a obtener certificaciones. Este paso, aunque esencial para garantizar un sistema de respuesta adecuado, plantea desafíos logísticos, financieros y de capacitación que deberán ser superados para lograr una efectiva implementación.

En un paso audaz para combatir la creciente violencia generada por las organizaciones criminales, el gobierno federal ha propuesto la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. A través de esta medida, cuyo registro sería gestionado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones deberán registrar a cada usuario de líneas móviles, inhabilitando aquellas que no estén asociadas a una persona. La iniciativa tiene la intención de reducir significativamente las actividades ilícitas llevadas a cabo a través de teléfonos móviles, tales como la extorsión, el tráfico de drogas y la comunicación entre los miembros de organizaciones criminales. Sin embargo, si el registro requiere vincular cada número con datos personales como CURP, INE o RFC, estaremos acercándonos nuevamente a la problemática que se presentó con el “Panaut”, declarado inconstitucional en 2022 por la SCJN, que consideró la medida una intromisión desproporcionada en la privacidad. Si la nueva plataforma no garantiza protección de datos y proporcionalidad, como lo explicó en su momento también el INAI, enfrentará los mismos cuestionamientos, al imponer riesgos a la privacidad sin pruebas claras de su efectividad en seguridad. El éxito de esta medida tendría que depender no solo de la cooperación de las empresas de telecomunicaciones, sino también de la capacidad del gobierno para garantizar la protección de los datos personales, un tema sensible en la actual discusión sobre privacidad y derechos digitales.

Otro frente de batalla contra la delincuencia organizada en México que se aborda en la iniciativa es el control de las comunicaciones dentro de las cárceles. Las organizaciones criminales han utilizado las prisiones como centros de operación para orquestar actividades ilícitas fuera de ellas. Por ello, la reforma buscaría permitir a las autoridades federales, estatales y municipales solicitar el bloqueo de las señales de telecomunicaciones en las cárceles, de modo que los internos no puedan usar teléfonos móviles para coordinar actividades criminales. Esto representa un avance significativo en la lucha contra la extorsión y otros delitos que tienen su origen en las prisiones.

Por otro lado, uno de los puntos más críticos en la gestión de la seguridad en México ha sido la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. La iniciativa busca establecer mecanismos de colaboración más efectivos entre los poderes judiciales federales y locales para asegurar que las investigaciones y las detenciones se concreten en procesos judiciales eficientes y sin impunidad. El objetivo es cerrar las brechas que han permitido que muchos criminales eludan la justicia debido a la falta de una coordinación efectiva entre las autoridades.

Por ello, la certificación de las fuerzas policiales es una de las medidas más esperadas de esta reforma. En un país federal como México, donde la policía estatal y municipal desempeña un papel fundamental en la seguridad, la implementación de un sistema de certificación a nivel nacional podría ser el cambio necesario para garantizar que todos los policías cuenten con la formación adecuada. Con base en el modelo alemán, que ha demostrado su eficacia durante tres décadas, la reforma busca la certificación no solo colectiva para los cuerpos de seguridad, sino también individual. Esta iniciativa busca estandarizar los conocimientos y profesionalizar la carrera policial.

Otra realidad que hay que atender es la relativa a los fondos federales destinados a la seguridad pública han sido objeto de una gestión opaca y, en muchos casos, mal administrada. Durante décadas, gobernadores y alcaldes han utilizado estos recursos con escaso control, lo que ha permitido desvíos y malos manejos. Con la nueva ley, se busca un control más estricto, impulsar auditorías por parte del Secretariado Ejecutivo y crear mecanismos que suspendan la distribución de recursos en caso de irregularidades. Esta medida pretende evitar que el dinero público destinado a mejorar la seguridad sea utilizado de manera discrecional y sin justificación.

Además de las reformas en el ámbito de la seguridad pública, la administración de Sheinbaum ha propuesto una serie de cambios a la Ley de Seguridad Nacional. La inclusión de las amenazas cibernéticas y el uso de tecnologías digitales por parte de organizaciones criminales como una nueva categoría de amenaza para la seguridad nacional ha generado controversia. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (conocida como R3D, advierte sobre la vaguedad de las disposiciones propuestas en materia de seguridad nacional, las cuales podrían justificar una vigilancia masiva contra periodistas, activistas y ciudadanos. Antes de ampliar el catálogo de amenazas a la seguridad nacional, recomienda establecer controles democráticos y combatir la impunidad, especialmente ante el uso indebido de herramientas como Pegasus. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en el marco jurídico de la seguridad permitirían que la vigilancia estatal se realice sin salvaguardas adecuadas, lo que pondría en serio riesgo los derechos humanos. Relatores de la ONU y la CIDH han recomendado medidas estrictas para garantizar que estas prácticas sean compatibles con un sistema democrático, incluyendo la creación de un órgano independiente que supervise la vigilancia estatal.

Otro cambio importante de la administración de Sheinbaum es la reforma que elimina el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y transfiere sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (Secretaría Anticorrupción) que asumirá la tutela del acceso a la información pública y la protección de datos personales, absorbiendo el 80% de las funciones del INAI con solo el 35% de su estructura. Como parte de la transición, se establecerán mesas de trabajo para definir la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que actualmente aloja 14 millones de registros. Se creará el órgano Transparencia para el Pueblo, encargado del acceso a la información, mientras que la Secretaría Anticorrupción se ocupará de la protección de datos. Además, se establecerán 18 nuevas autoridades federales de transparencia con alcance en los tres poderes del Estado y los sindicatos. A nivel municipal, el Ejecutivo apoyará a los gobiernos locales en el cumplimiento de las disposiciones de transparencia.

Entre las reformas normativas, se derogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar paso a una nueva legislación en la materia. La PNT contará con respaldo legal y un validador criptográfico para garantizar la integridad de los datos. Los juicios de amparo en materia de acceso a la información serán resueltos por jueces especializados, y se creará el Sistema Nacional de Transparencia para coordinar acciones entre distintos niveles de gobierno. La Secretaría Anticorrupción, creada en noviembre de 2024 en reemplazo de la Secretaría de la Función Pública, será responsable de formular normativas en transparencia y protección de datos, supervisar políticas de gobierno digital y promover la transparencia proactiva.

La eliminación del INAI y su sustitución por un modelo más centralizado de gestión de la transparencia y protección de datos personales ha generado fuertes preocupaciones en la opinión pública debido principalmente a los conflictos de interés que pueden abrir espacios de corrupción y violación a los derechos humanos debido a la forma de centralizar el control sobre la información pública en los mismos actores que persiguen la corrupción. Asimismo, se observa un potencial debilitamiento en el ejercicio de la rendición de cuentas por la falta de incentivos al ser la Secretaría Anticorrupción juez y parte.

Las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum son ambiciosas y pretenden cambiar de manera radical el panorama de la seguridad y la lucha anticorrupción en México. No obstante, las dudas sobre su efectividad y la capacidad del gobierno para implementar estas reformas sin caer en excesos autoritarios o vulneraciones a derechos humanos son muchas y son grandes. La clave del éxito radicará en cómo se implementen las leyes y si se logra garantizar la colaboración eficaz entre las distintas autoridades, respetando siempre los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales.

El desafío es grande, pero las reformas, si se ejecutan correctamente, podrían representar un paso crucial hacia la mejora de la seguridad en México, un país que, hasta ahora, ha sido testigo de un largo y doloroso capítulo de violencia e impunidad.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.