Nuevo marco legal para atraer más inversión: SHCP

Al gobierno mexicano le urge detonar la inversión, para impulsar el crecimiento económico a una tasa superior al 3 por ciento.

Ese es el objetivo prioritario en el que está enfocado, en uno de los ciclos de mayor limitación fiscal que se ha registrado en muchos años.

El “as bajo la manga” del gobierno de Claudia Sheinbaum es que su gobierno podrá iniciar la contratación de proyectos estratégicos, sin contar con suficiencia presupuestaria definitiva en el ejercicio fiscal en curso.

Esto implica que se romperá con la restricción previa que impedía iniciar cualquier proceso, sin presupuesto aprobado.

La intención es superar rigideces que retrasan proyectos de largo plazo en transporte, energía, agua, salud y logística entre otros, sostiene el argumento oficial.

El propósito gubernamental se observa, luego de la marcada contracción de la inversión pública, en los años recientes.

En el lenguaje gubernamental, la apuesta se fundamenta en la necesidad de modernizar el marco presupuestario para proyectos estratégicos de largo aliento, equilibrando agilidad con responsabilidad fiscal.

Aseguran tanto en el gobierno, como entre los legisladores del partido en el poder, que se mantendrán intactos los principios de disciplina hacendaria, transparencia y control del Congreso, mientras resuelve cuellos de botella históricos en la ejecución de infraestructura prioritaria.

Más inversión, para lograr mayor crecimiento

En términos claros y sencillos, puede afirmarse que el gobierno de Sheinbaum, intentará realizar una proeza: detonar inversiones por hasta 5.6 billones de pesos entre los años 2026 y 2030.

E intentará hacerlo, aumentando la inversión en infraestructura hasta el 8% del Producto Interno Bruto.

Prevé realizar una inversión adicional de 722,000 millones de pesos, aproximadamente el 2% del PIB, adicionales a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de las Federación.

Esta cantidad se refiere a inversión pública y mixta (no solo gasto presupuestal directo del gobierno).

El mayor obstáculo que tendrá que superar, será la falta de recursos o para decirlo en términos oficiales, el escaso margen fiscal.

El gobierno de Sheinbaum, busca abrir el apetito de los inversionistas con nuevos esquemas de inversión mixta y vehículos de propósito específico.

Se promoverán esquemas de participación pública, privada y social, incluyendo cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores.

Cambian ley y modelo de gasto

En días pasados (6 de abril) las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron sin cambios el dictamen de la minuta que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada con antelación (25 de marzo 2026) en la Cámara de Diputados.

Es la iniciativa de reforma enviada por la Presidenta de México.

Sólo falta su discusión y aprobación en el Pleno del Senado para que pase al Ejecutivo para su promulgación, lo cual parece inexorable.

Esta reforma prevé la creación de nuevos órganos de gobernanza: un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, que definirá prioridades, evaluará proyectos y articulará la política de inversión a corto, mediano y largo plazo.

Y una Base Nacional de Infraestructura Estratégica que centralizará los datos para dar seguimiento a los proyectos.

Además de controles y sostenibilidad. Con un triple control, a través de evaluaciones previas, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior; obligaciones de información; análisis obligatorio de impacto ambiental y protección presupuestal explícita de los proyectos estratégicos aprobados, ante posibles recortes por caída de ingresos.

Más deuda, sin contrapesos: oposición

Para los partidos de oposición PRI y PAN, la reforma de Ley debilita la disciplina fiscal, al permitir compromisos sin presupuesto previo; podría generar más deuda; y, reduce contrapesos

Los senadores Raymundo Bolaños, del PAN y Rolando Rodrigo Zapata, del PRI, coinciden en que la reforma a la ley abre la puerta a la discrecionalidad y reduce contrapesos legislativos y de transparencia; aumenta el riesgo de endeudamiento público y pasivos contingentes, sin controles suficientes, y permite compromisos plurianuales sin presupuesto garantizado de entrada, lo que rompe la disciplina hacendaria.

Hasta ahí los hechos y reacciones.

Lo que es evidente es que se trata de un rediseño del marco legal que cambia la forma en la que el Estado gasta y compromete el gasto público.

El objetivo de detonar la inversión es indiscutible.

Lo que está por verse, es que en la realidad, genere el apetito de los inversionistas que se proyecta; que el gobierno mantenga la disciplina fiscal y que la transparencia sea absoluta.

Todos los elementos marcan una clara intención centralista del gobierno mexicano, un reducido margen fiscal o escasos recursos económicos gubernamentales y una urgencia por detonar el crecimiento económico.

Veremos.