Menstruación: entre la dignidad, la salud y las nuevas políticas laborales

Hablar de menstruación sigue siendo un tabú. Sin embargo, los datos obligan a romper silencios. En México, alrededor del 43% de niñas y adolescentes en contextos rurales y marginados no tiene acceso regular a toallas sanitarias, según estimaciones de UNICEF y la Secretaría de Educación Pública. Esa falta de acceso no es un detalle: implica ausentismo escolar, infecciones recurrentes y una cadena de desigualdades que comienza en la adolescencia y se prolonga hacia la adultez.

El término pobreza menstrual ha cobrado fuerza en los últimos años. Define la situación de quienes no pueden adquirir insumos básicos como toallas, tampones o analgésicos. Pero también alude a la ausencia de agua potable, espacios higiénicos o información confiable. Una encuesta realizada en 2022 por Essity reveló que 3 de cada 10 mexicanas han faltado a la escuela o al trabajo por no contar con productos menstruales. Esta realidad no solo afecta la salud física, sino la autoestima y el derecho a la educación.

En este contexto, diversas organizaciones han impulsado la distribución gratuita de toallas y tampones en escuelas públicas. El Congreso mexicano aprobó en 2021 una reforma para garantizar que estos productos lleguen a las secundarias, aunque su implementación ha sido desigual entre estados. El reto no es menor: normalizar la menstruación como un tema de salud pública y de derechos humanos.

En los últimos años, la copa menstrual se ha convertido en símbolo de autonomía y sostenibilidad. Fabricada con silicona médica, puede reutilizarse durante varios años y reduce de manera significativa los desechos plásticos asociados al uso de toallas y tampones. En términos económicos, también representa un ahorro: mientras una mujer puede gastar entre 30,000 y 40,000 pesos a lo largo de su vida en productos desechables, una copa de 400 a 600 pesos cubre varios años de ciclos menstruales.

No obstante, su adopción enfrenta barreras culturales y de acceso. A muchas adolescentes se les desalienta por mitos sobre “pérdida de virginidad” o incomodidad con su propio cuerpo. Además, el uso de la copa exige acceso a agua limpia y espacios higiénicos para su esterilización, lo que no siempre está garantizado en comunidades rurales o centros de trabajo. Por eso, aunque representa una alternativa poderosa, no puede pensarse como solución única ni universal.

En 2023 España aprobó una ley pionera que permite a las mujeres solicitar licencia laboral por dolores menstruales incapacitantes. En México, la discusión ha llegado al Congreso: recientemente se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y otorgar hasta tres días de permiso con goce de sueldo por dismenorrea severa.

La propuesta ha generado debate. Quienes la respaldan sostienen que el dolor menstrual es una condición médica real, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y que puede ser tan incapacitante como una migraña crónica o una lumbalgia. Negar licencias equivale a invisibilizar el padecimiento y obligar a miles de mujeres a trabajar bajo dolor intenso.

Los detractores advierten posibles riesgos: discriminación en contrataciones, estigmatización de mujeres en edad fértil o un aumento de cargas administrativas para empresas. El desafío será encontrar un equilibrio que reconozca el derecho a la salud sin reproducir sesgos de género en el mercado laboral.

La menstruación no debería ser una traba para estudiar, trabajar o desarrollarse. Sin embargo, lo es. Y no se resolverá solo con repartir toallas o aprobar licencias. El cambio requiere educación menstrual integral que desmonte mitos, incluya a varones en la conversación y promueva ambientes laborales y escolares libres de estigma.

También implica un enfoque de justicia social: mientras para algunas mujeres urbanas la copa menstrual representa libertad y conciencia ambiental, para muchas adolescentes en comunidades indígenas la urgencia sigue siendo contar con un baño seguro en su escuela.

En un país con más de 60 millones de mujeres, la menstruación debería figurar en la agenda pública con la misma importancia que otros temas de salud reproductiva. Garantizar acceso a insumos, promover opciones sustentables, reconocer el dolor menstrual en la legislación laboral y, sobre todo, combatir el estigma, son pasos necesarios hacia una política menstrual integral.

Porque menstruar no debería ser un lujo, ni un motivo de discriminación. Debería ser simplemente lo que es: una función biológica que acompaña a las mujeres y personas menstruantes durante buena parte de su vida. Reconocerlo y garantizar condiciones dignas es, en última instancia, una cuestión de equidad, salud y derechos humanos.

*La autora es académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.

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