La inmolación de Taddei

Ni en la versión original de los video escándalos —que incluyó la emboscada televisiva a René Bejarano— ni en el affaire Taddei hay espacio para la duda: las grabaciones prueban la descompostura de personajes de primer nivel del gobierno, pero también la deshonestidad de una élite empresarial habituada palmariamente a violar las normas vigentes para acrecentar su poder e influencia.

Animada por cumplir la voluntad de Palacio Nacional, a expensas de socavar su imparcialidad e independencia, la cúpula de la Auditoría Superior de la Federación inauguró una nueva modalidad, en aras de rentabilizar el escándalo sobre la presunta corrupción en el INE.

La instancia encabezada por Aureliano Hernández ha tomado partido y hará los deslindes sobre la llamada “mafia electoral”. Los proveedores y contratistas no solo se han enriquecido con los contratos de la credencial para votar o los materiales electorales; también está el outsorcing para contratar al personal desplegado en tierra durante los procesos electorales, el monitoreo de las pautas, la organización de los debates…

Por goteo, comienza a surgir la evidencia sobre las semanas críticas que antecedieron a la caída de Guadalupe Taddei y también de su vínculo —relativamente reciente, forjado en la CDMX y no en Sonora— con Alfredo Hernández Casillas.

¿Cuándo pactó el auditor superior de la Federación y cuál fue la moneda de cambio? ¿Cuándo dejó Hernández Casillas de ser un extorsionador y se convirtió en testigo colaborador? ¿Por qué empezó a grabar la evidencia que ahora incrimina a la expresidenta consejera del INE? De esos videos, ¿cuáles son montajes y cuáles ocurrieron orgánicamente?

Al menos durante un año, Guadalupe Taddei sufrió el acoso del empresario y exfuncionario mexiquense. De sus coerciones —incluidas agresiones físicas— supo su entorno cercano, pero la decisión de encubrir esa violencia implicó a otros integrantes de la familia.

Las presiones desde el aparato gubernamental son otra historia, igual de dramática. Hasta que venció el ultimátum para que dejara el puesto, buscó el consejo de asesores de imagen cuyo margen de maniobra estaba limitado. Taddei Zavala se atuvo al guion y —sin el aval de sus compañeros consejeros electorales— hizo un ejercicio de “transparencia proactiva” que resultó completamente anodino sobre todo porque al día siguiente en Palacio Nacional tomaron la decisión de retirarse cualquier apoyo.

Su caída, a partir de ese momento, fue rotunda. Inevitable.

El affaire Taddei entra a su tercera semana. La narrativa oficial no ha permeado —por increíble—: pedir investigaciones y después atribuir las irregularidades al pasado no ha contenido el escándalo y por el contrario ha ocasionado un alto costo político.

Las filtraciones revelarían una disputa dentro de Morena por el control del INE rumbo a 2027. Plantea que detrás de la exhibición de Taddei habría intereses políticos y contractuales. En esa lectura, ella habría sido sacrificada en una pelea entre grupos del mismo movimiento. La responsabilidad se extendería a quienes conocieron los señalamientos y no actuaron. Incluye fiscalías, al Órgano Interno de Control y a consejeros. Su argumento es que esas omisiones impiden presentar el asunto como un problema exclusivamente de Taddei.

A la luz de las pesquisas y las filtraciones han surgido evidencia sobre qué instancias de gobierno sabían del chantaje a la expresidenta del INE. Ahora falta saber por qué nunca intervinieron.