Inactividad ante la crisis

Después de un robo preguntamos ¿no te pasó nada? ¿Estás bien? Y la cotidianidad sigue.

Nos robaron la poca credibilidad que tenía el Poder Judicial Federal que se construía sobre la idea del Estado de Derecho, y nosotros mismos respondemos: no pasó nada, estamos bien y la cotidianidad sigue.

Por la decisión de “ya saben quién”, nos robaron el servicio jurisdiccional de cientos de personas juzgadoras que tuvieron toda una vida de capacitación técnico-jurídica y de disciplina, formándose para ejercer dicha profesión.

Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de responder a las indicaciones del poder, se comenzó a construir un discurso que profundizaba la desconfianza social en los jueces.

En casi todos los órganos jurisdiccionales del mundo occidental se padecen los problemas de la lentitud, el rezago e incluso la crítica sobre ciertos criterios de parcialidad. Sin embargo, está claro en el mundo occidental, que el origen de la legitimidad de las instituciones jurisdiccionales no es la misma que tiene el Ejecutivo Federal ni quien ejerce la función legislativa.

Los jueces se legitiman en la medida en que sus decisiones se emiten conforme a la ley y los valores de una democracia constitucional.

Los derechos de la minoría, de cualquier persona, no están legítimamente sometidos a la decisión de una votación abierta. Ello sólo sucede en las dictaduras.

Tanto por la irracionalidad y brutalidad de las etapas históricas del terror, es que se creó una institución independiente y autónoma de los poderes ejecutivo y legislativo.

Se depositó en otro poder la facultad de juzgar, conforme a la razón que se expresa en los argumentos jurídicos, guiados por los valores de la democracia constitucional y anclados en la Ley, para resolver las controversias que se le someten a su consideración.

El Poder Judicial Federal debiera determinar, en última instancia, la culpabilidad de una persona acusada por el poder del Estado. Resolvía la legalidad y constitucionalidad de todos los actos de autoridad que eran impugnados por los particulares, como un mecanismo de defensa de sus derechos frente al poder público. Así mismo, debe resolver en forma imparcial y conforme a la ley las controversias entre particulares.

Un día se decidió, por “ya saben quién” e indicó a sus colaboradores que había que “renovar” el Poder Judicial Federal, comenzando por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la elección con la menor participación de votantes desde hace más de 30 años en nuestro país, ya que sólo voto alrededor de 13 % del listado nominal. Le siguen la consulta popular con 7.11 % y la revocación de mandato con 17.77, dos procesos electorales convocados en el sexenio anterior.

Habría que destacar que el voto nulo, manifestando expresamente el descontento y el rechazo a la elección, rebasó los dos dígitos de la votación emitida.

La legitimidad, que se le pretendía otorgar a los nuevos juzgadores, llega cuestionada desde su origen por una reforma constitucional aprobada por una mayoría ficticia y espuria, un proceso de selección también amañado, equívoco e ineficaz para garantizar profesionalismo en los candidatos y, finalmente, una elección dirigida por los acordeones impresos y digitales.

Del listado nacional, cerca del 88 % de los votantes no eligieron a los juzgadores. ¿Cuál es la legitimidad a la que se refieren quienes promovían la reforma judicial? Quienes votaron no tenían conocimiento, consciente, de los candidatos, por tanto, su voto está viciado. Una vez más, fue un voto comprado y manipulado. Además, salvo honrosas excepciones, muchos candidatos no son idóneos para los cargos propuestos.

La mayoría de la población considera que ante este robo, no pasa nada, estamos bien y la cotidianidad sigue…al tiempo padeceremos los efectos del golpe a la democracia constitucional.