¿Y la fiscalización?

Eclipsada por las disputas de una alta burocracia que trató de trascender a la Cuarta Transformación, el rediseño del aparato encargado de la rendición de cuentas vive sus horas definitivas. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó un paquete de iniciativas que buscarán poner orden dentro del sistema nacional anticorrupción y recolocar a los ciudadanos en ese entramado institucional.

Alfonso Ramírez Cuéllar y Ricardo Mejía Berdeja tuvieron que ajustar sus agendas legislativas para acompañar las propuesta del Ejecutivo federal. En el esfuerzo, podrían ver coronado una anterior iniciativa: la reforma al Sistema Nacional de Fiscalización, capturado por la actual Auditoría Superior de la Federación.

Al arranque del periodo ordinario de sesiones, en septiembre pasado, Ramírez Cuéllar presentó dos iniciativas para reformar la Constitución y la Ley de Fiscalización que procuran rescatar la ASF, al proscribir la reelección de su titular. Estas podrían estar dictaminándose casi al mismo tiempo que se elige al titular de esa entidad, dependiente de la Cámara de Diputados y con plena autonomía de los poderes Ejecutivo y Judicial.

En 10 días, el actual auditor superior, David Rogelio Colmenares Páramo deberá resolver sobre su futuro como servidor público. En vísperas de completar su periodo de ocho años como titular de la ASF, acudirá el próximo martes 17 al recinto legislativo de San Lázaro para entregar la Cuenta Pública 2024 y su informe de gestión ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia, presidida por el pevemista Javier Herrera Borunda.

Al día siguiente, la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ricardo Monreal Ávila emitirá la convocatoria para integrar la terna que votará el Pleno de la Cámara de Diputados para designar al auditor superior que cubrirá el periodo 2026-2034.

A sus 74 años y con limitaciones de movilidad por razones de salud, el economista oaxaqueño conocerá las bases del proceso de selección y decidirá si busca repetir en el cargo.

Entre las aspirantes al cargo están la excomisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas; la exdirectora de auditorías de desempeño de la ASF, Muna Dora Buchahin, y María de la Luz Mijangos, actual titular de la fiscalía anticorrupción, aunque sus aspiraciones se han visto disminuidas por la disputa por la colectiva 50+1.

En Palacio Nacional tendrían dos favoritos: Juan José Serrano, exsecretario de la Contraloría en la CDMX, y Alfonso Damián Peralta, exauditor de Guerrero y actual funcionario de la ASF.

Sobre las vacantes en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, nada. Al cierre de enero, esa instancia quedó con dos integrantes, tras de que expirara el periodo de Vania Pérez Moreno. El Senado de la República ni siquiera ha convocado a integrar la comisión de selección, encargada de realizar una “amplia consulta nacional” para examinar a los aspirantes y designar a los reemplazos.

La reforma al marco legal que regula a los sistemas nacionales Anticorrupción y Fiscalización está en ciernes. Y tal vez ocurra antes de la reforma electoral, cuya iniciativa llegará a la Cámara Alta en breve.