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Opinión

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El espejismo de los 10.6 billones de pesos: 9.1 billones de pesos ya tienen destino

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Colegio de la Contaduría Pública de México | Debe contar-se

El presupuesto federal para 2027 supera los 10.6 billones de pesos. La cifra, por sí misma, impresiona. Sin embargo, dice poco sobre algo mucho más importante: ¿cuánto de ese dinero puede realmente reasignarse para atender nuevas necesidades?

Cuando se revisa el PPEF aparecen siete grandes bloques por su peso en las finanzas públicas: IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, gasto federalizado, programas sociales prioritarios y costo financiero. Si hacemos un ejercicio para dimensionarlos, cuidando no contar dos veces los mismos recursos, la suma ronda los 9.1 billones de pesos.

Son, en cierta forma, los siete intocables del presupuesto.

No utilizo la expresión porque considere que estos gastos sean innecesarios. Sería absurdo. Estamos hablando de hospitales, pensiones, electricidad, petróleo, recursos para estados y municipios, apoyos sociales y obligaciones financieras. La cuestión es cuánto pesan y qué tan rápido están creciendo.

El IMSS tendría alrededor de 1.80 billones de pesos de gasto programable y el ISSSTE, 571,590 millones de pesos. Hay un dato que ayuda a entender mejor la presión: las transferencias y apoyos del Gobierno Federal rondan 1.07 billones de pesos para el IMSS y 459,000 millones de pesos para el ISSSTE.

Detrás está, en buena medida, el tema pensionario. Las cuotas y aportaciones no son suficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones y el Gobierno Federal debe aportar recursos. No es un problema de un solo ejercicio fiscal. Es una presión que seguirá acompañando a las finanzas públicas durante los próximos años.

En Pemex y CFE la fotografía es diferente. Ambas empresas tienen que operar e invertir, pero también enfrentan obligaciones financieras importantes. Pemex tendría aproximadamente 527,120 millones de pesos de gasto programable y 151,540 millones de pesos de costo financiero. CFE tendría 523,750 millones de pesos de gasto programable y 51,470 millones de pesos por ese mismo concepto. Sólo el costo financiero de ambas suma poco más de 203,000 millones de pesos.

IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE representan, en conjunto, alrededor de 3.63 billones de pesos. Además, las transferencias y apoyos federales asociados con estas cuatro entidades rondan los 1.70 billones de pesos.

Aquí hay que hacer una precisión. Esos 1.70 billones de pesos no deben sumarse nuevamente a los 3.63 billones de pesos. Hacerlo sería contar dos veces una parte de los recursos. El dato sirve para mostrar algo distinto: el peso que tiene el Gobierno Federal en el financiamiento de estas instituciones y empresas.

La cuenta continúa. El gasto federalizado se aproxima a 3.05 billones de pesos. Son recursos vinculados con estados y municipios que, por su propia naturaleza y marco jurídico, tienen un margen de reasignación distinto al de otros componentes del gasto.

Los programas sociales prioritarios rondan 1.03 billones de pesos. Y está la deuda. Una vez descontados los aproximadamente 203,000 millones de pesos del costo financiero de Pemex y CFE, porque ya fueron considerados dentro de ambas empresas, quedan alrededor de 1.38 billones de pesos de costo financiero. En esta cifra se mantiene el Ramo 34, relacionado con los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

Ahora sí hagamos la suma: 3.63 billones de pesos + 3.05 billones de pesos + 1.03 billones de pesos + 1.38 billones de pesos = aproximadamente 9.1 billones de pesos

La cifra no significa que Hacienda tenga oficialmente una bolsa denominada “los siete intocables”, ni que cada uno de esos pesos sea jurídicamente inamovible. Es un ejercicio para dimensionar la concentración y rigidez que enfrenta el presupuesto.

Y quizá ahí esté la discusión que realmente importa. México puede aprobar un presupuesto superior a los 10.6 billones de pesos, pero de ese enorme monto deben pagarse pensiones, intereses, servicios de salud, transferencias a estados y municipios, programas sociales y las necesidades de dos de las principales empresas públicas del país.

¿Qué espacio queda entonces para lo nuevo?

De lo que resta también deben financiarse educación, seguridad, infraestructura, ciencia, tecnología, medio ambiente y muchas otras funciones del Estado.

Por eso, la discusión presupuestaria no debería reducirse a celebrar que cada año tenemos más recursos. También habría que preguntarnos cuánto del presupuesto podemos realmente decidir y cuánto necesitamos sólo para mantener funcionando los compromisos que ya existen.

Ahí está el desafío de 2027: conseguir más ingresos y generar crecimiento suficiente para sostener obligaciones que aumentan año con año sin sacrificar la inversión.

Porque al final, tener un presupuesto más grande no necesariamente significa tener más dinero disponible para construir el futuro.

*El autor es Dr. y P.C.CAG., integrante de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de la Contaduría Pública de México

Contacto: [email protected]

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