Detrás de Next Energy

Apenas si había arrancado el sexenio lopezobradorista, Next Energy inició los trámites para construir una central fotovoltaica en un predio de 174.5 hectáreas ubicado entre los municipios de Cerralvo y Melchor Ocampo, Nuevo León, en el que instalarían 65,520 módulos que generarían conjuntamente 22.5 Mega Watts. La empresa invertiría 39 millones de dólares y dotaría de energía eléctrica al municipio de Monterrey durante 30 años.

En agosto del 2020, empero, los representantes legales de la firma se desistieron de la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad regional (MIA-R) que tramitaron ante la SEMARNAT. La Comisión Reguladora de Energía nunca autorizó la instalación del parque solar La Palapa I.

No obstante, denunció el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, exalcalde de Monterrey, su antecesor en el cargo y actual alcalde, Adrián de la Garza, autorizó que el Fideicomiso creado a la firma del contrato, comenzara a pagar a la concesionaria por sus servicios, aunque nunca inició la construcción de la central fotovoltáica.

Colosio Riojas fue electo alcalde de la capital regiomontana en el 2021 e invocó el mecanismo de garantía estipulado en el contrato, para renegociar los términos del contrato, inicialmente firmado por 7,370 millones de pesos y que quedó en 4,000 millones. “Me tocó arreglar un desastre y detener la hemorragia financiera... Tuve que coercionar a la empresa”, reconoció a inicios de esta semana, luego de que De la Garza (quien volvió a ser electo en el 2024) le achacara un incremento del 400% en el monto de los pagos a Next Energy.

El contrato, reviró el senador emecista, nunca pudo ser rescindido porque “dolosamente lo blindaron” en el primer trienio del alcalde priista. En la renegociación, la empresa aceptó reducir la vigencia –de 30 años a 10 años—y el monto, a 3,000 millones de pesos. Los paneles solares de Next Energy fueron colocados en edificios y espacios públicos en la megaurbe regiomontana.

La expansión de Next Energy ocurrió en los primeros años del sexenio lopezobradorista. Aguascalientes, Baja California y Nuevo León fueron los lugares donde sus proyectos fueron acogidos por las autoridades locales electas en 2018. En la península sudcaliforniana, el contrato fue asignado por el gobernador morenista Jaime Bonilla e implicaba la erogación de 12,000 millones de pesos, con un contrato por 30 años.

En Aguascalientes, Next Energy se involucró en una Asociación Público-Privada con la administración municipal que encabezaba la alcaldesa panista Teresa Jiménez. El contrato IAT-APP-001-19 se modificó un año después de suscrito, para ampliar el horizonte financiero del proyecto a más de 20,000 millones de pesos y extender su vigencia al año 2050.

Las primeras señales de alerta llegaron con la auditoría de cumplimiento 406 de la Auditoría Superior de la Federación, que documentó irregularidades por más de 222 millones de pesos, incluidos pagos por energía no generada. Con el paso del tiempo, el problema dejó de ser técnico para convertirse en financiero: registros presupuestales muestran que entre 2021 y 2026 los pagos acumulados asociados al contrato superan los 2,374 millones de pesos.

La reestructura aprobada por el Congreso estatal en 2024 buscó corregir el rumbo e incluyó la devolución pactada de más de 500 millones de pesos por servicios no prestados. Aun así, la percepción de opacidad no desapareció porque nunca se explicó con claridad el impacto final del ajuste sobre las finanzas municipales.

Hace un mes, el caso tuvo un dramático giro con la detención del principal directivo de Next Energy, Eugenio Maíz Domene, para ser presentado ante las autoridades hidrocálidas. Desde entonces, su defensa ha promovido amparos para reclamar su privación de la libertad, además, tormentos físicos y psicológicos derivados de su detención. Entre ellos destaca el expediente 248/2026, presentado el 1 de febrero ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Tabasco, donde se concedió suspensión provisional y se fijó audiencia para el próximo miércoles 25.

alberto.aguirre@eleconomista.mx