Poder: para qué (Y despedida)

Como señalé en el artículo de la semana pasada, todas las decisiones de inversión que toman los empresarios tienen como elemento en común la incertidumbre. Todos son proyectos de los cuales se espera sean rentables, es decir, tengan un valor presente neto positivo tal que las utilidades netas cubran el costo de oportunidad del capital.

En este mundo incierto, los empresarios requieren que haya certidumbre sobre las reglas del juego formales, incluidas la Constitución, las leyes, los reglamentos y las normas, que estas sean eficientes, claras, transparentes y permanentes y que el gobierno no las interprete, aplique o modifique discrecionalmente, sino que sean de aplicación general y pareja para todos los jugadores, reglas que incentiven una asignación eficiente de recursos y alineadas con el objetivo de crecimiento económico y no reglas que promuevan la búsqueda y apropiación de rentas.

Los empresarios requieren que haya un poder judicial efectivamente independiente e imparcial, con juzgados en materia mercantil que garanticen el cumplimiento de los contratos entre los agentes privados y entre estos y el gobierno y que haya juzgados en materia de competencia económica ante quienes demandar a una empresa o un grupo de empresas por prácticas anticompetitivas. Los empresarios requieren que el gobierno cumpla con su razón de ser y garantice la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos y de las empresas. En suma, para invertir e introducir nuevas tecnologías de producción, los empresarios requieren que el gobierno garantice la existencia de un arreglo institucional que garantice la plena existencia de un Estado de derecho.

En lugar de ello, los gobiernos de López y de Sheinbaum han prácticamente destruido varios de los elementos arriba señalados, introduciendo cambios constitucionales y legales que tienen un solo objetivo: la acumulación de poder y la capacidad de utilizarlo discrecional y autoritariamente. López acumuló el poder para demostrar que “los chicharrones que tronaban eran los suyos”, para demostrar que él era el Estado a la Luis XIV, para que no le fueran con el cuento de que la ley es la ley. Con ese poder canceló el aeropuerto, sin evaluación previa y con significativos sobrecostos construyó sus cuatro caprichosas obras que tienen rentabilidad social negativa, sacó de su tumba a Mexicana que también tiene rentabilidad negativa, sin atender la viabilidad fiscal amplió discrecionalmente los programas sociales en particular la pensión para adultos mayores, destruyó el sistema de salud pública, le regresó la educación al sindicato de profesores en detrimento de la calidad de la educación, impidió que aumentara la participación privada en generación de energía eléctrica, le dio mucho poder y sobre todo muchos recursos a los milicos para que los ejercieran con opacidad, solapó grandes, medianos y pequeños actos de corrupción, permitió la expansión del crimen organizado, debilitó a los órganos autónomos del Estado y, finalmente, capturó al INE y al TRIFE que le asignaron a Morena y rémoras la inconstitucional mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha continuado la obra de su predecesor acumulando todavía más poder: eliminó los órganos autónomos del Estado, realizó la reforma para eliminar la independencia del Poder Judicial, reformó la ley de Amparo eliminando la suspensión temporal del acto reclamado y, en materia tributaria, imposibilidad de tramitar uno, la UIF puede congelar cuentas basándose sólo en sospechas y, finalmente, instrumentar mecanismos de censura sobre los medios de comunicación.

Todas estas reformas han minado el Estado de derecho y la certeza jurídica. El resultado ha sido una caída de la inversión privada (en el primer trimestre de este año la inversión fija bruta total como proporción del PIB fue la menor de los últimos cinco años) y, consecuentemente, una reducción estructural de la tasa de crecimiento económico y que los únicos empleos que se están creando son los informales.

¿Que hará la presidenta con el poder que ha acumulado, además de tratar de que Morena permanezca en el poder? ¿Se irá por el camino de una mayor participación del gobierno en la economía? ¿Decidirá en qué sectores de actividad económica y con qué porcentaje podrá participar el sector privado? ¿Decidirá quiénes ganan y quienes pierden, a quienes se le otorgan rentas y a quienes no? ¿Se irá por una política tributaria expropiatoria? ¿Respetará los derechos privados de propiedad y la libertad económica de los individuos? Irse por ese camino solo garantiza un estancamiento estructural de la economía y que sea la dinámica demográfica, con una creciente participación de los adultos mayores dentro de la población total, lo que genere una crisis fiscal y haga inviable, con un alto costo social, seguir con esa política económica.

Estado de derecho y certeza jurídica sí o sí, no hay alternativa. Si no, en muy pocos años habrá que “bajar la cortina” y poner un letrero que diga “México fracasó en el proceso de desarrollo”. Ojalá la presidente lo entienda.

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Después de 31 años y ocho meses de colaborar semanalmente en El Economista, con este artículo me despido. Deseo agradecer el apoyo por parte del director general editorial, Luis Miguel González y de Viridiana Díaz, editora de esta sección. Por supuesto, mi mayor agradecimiento es para los lectores; espero no haberlos defraudado.