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Defensa comercial: frente interno en la revisión del T-MEC

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OpiniónEl Economista

Crista Pérez

La revisión del T-MEC no sólo pondrá a prueba la capacidad de diálogo de México con Estados Unidos, sino también pondrá de relieve la importancia de contar con instrumentos eficaces para responder a las distorsiones del comercio internacional.

Una de las principales preocupaciones de Washington es la sobrecapacidad industrial, que ocurre cuando las empresas producen más de lo que el mercado puede absorber. Este fenómeno es particularmente relevante en economías como la de China, donde la intervención estatal influye significativamente en las decisiones de producción y los precios. Los excedentes pueden generar exportaciones a precios bajos que presionan los mercados internacionales. En su Agenda de Política Comercial de 2026, Estados Unidos identificó los efectos de la sobrecapacidad industrial sobre las tres economías del T-MEC como uno de los desafíos a abordar en la revisión del tratado. Además, inició investigaciones bajo la Sección 301 de su legislación comercial sobre políticas relacionadas con la sobrecapacidad estructural en manufacturas.

Esta preocupación también es relevante para México, pues las importaciones provenientes de industrias con capacidad excedente pueden afectar las condiciones de competencia de sus productores. Al respecto, desde 2016 México ha respaldado en la OMC iniciativas para analizar cómo las subvenciones contribuyen a este fenómeno. Más recientemente, en octubre de 2026, México se sumó a otras 14 economías en una declaración ministerial para promover acciones coordinadas frente a la sobrecapacidad estructural y las distorsiones comerciales. 

Aunque la sobrecapacidad no constituye por sí misma una práctica desleal, puede estar asociada con situaciones que ameriten investigaciones de defensa comercial. Por ello, cobra especial relevancia la función de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía.

La UPCI investiga el dumping o discriminación de precios, que ocurre cuando un producto se exporta a un precio inferior a su valor normal; y las subvenciones y apoyos gubernamentales que pueden otorgar ventajas indebidas a productores o exportadores. También analiza la procedencia de salvaguardias, medidas temporales frente a aumentos de importaciones que causan o amenazan causar daño grave a la industria nacional, aún sin existir prácticas desleales. Cuando se acreditan los requisitos legales, incluidos el daño a la producción nacional y su relación causal con el dumping o las subvenciones, pueden imponerse cuotas compensatorias a productos específicos.

Las cifras muestran la importancia de esta labor. A septiembre de 2026, la UPCI registraba 64 procedimientos en trámite, su máximo histórico: 29 investigaciones por prácticas desleales y 35 procedimientos para revisar o evaluar la continuidad de las cuotas compensatorias. Además, mantenía 100 cuotas vigentes sobre 65 productos de 22 países. Casi la mitad de los procedimientos (31) correspondía a industrias metálicas básicas y sus manufacturas, incluidos acero y aluminio. La actividad investigadora muestra señales de repunte: en 2025 se iniciaron 21 investigaciones antidumping frente a un promedio de cuatro anuales entre 2021 y 2023.

Este aumento de procedimientos, sumado a la creciente complejidad del comercio internacional, hace especialmente relevante continuar fortaleciendo las capacidades técnicas, humanas y operativas de la UPCI, para mantener investigaciones rigurosas y oportunas. Ello contribuirá a preservar las condiciones de competencia equitativa para las empresas que operan en México. 

En este contexto, fortalecer la capacidad institucional de México para investigar y responder a prácticas comerciales desleales adquiere un papel estratégico de cara a la revisión del T-MEC. Una defensa comercial eficaz, basada en evidencia y en el cumplimiento de reglas internacionales, no solo contribuye a preservar condiciones de competencia equitativas, sino a reforzar la credibilidad del país frente a sus socios comerciales.

*La autora es Economista Senior de BBVA México

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