La crisis del INE más grave de lo imaginado

Han pasado más de quince días que estalló el escándalo de corrupción en el INE y la calma no ha regresado.

Los ciudadanos asombrados llegan a la conclusión de que esos escándalos en el INE tienen similitud con lo que ven en varias dependencias gubernamentales.

Como siempre, para justificar su existencia, las autoridades encargadas de evitar los casos de corrupción, salen a anunciar algunas acciones que, de haberlas llevado a cabo en su momento, no hubiera ocurrido lo que hoy vemos con asombro.

Si en verdad se tiene voluntad de corregir las anomalías en el instituto electoral, los actores políticos, deben comprometerse a llevar a cabo acciones contundentes.

Empezando por respetar lo que expresamente dice la ley y evitar darle la vuelta a la misma. Por ejemplo, que suspendan sus precampañas electorales anticipadas y esperen los tiempos marcados ya en la ley. No deben sacar ventajas promocionando a sus candidatos diciendo que no hay precampaña, cuando se reúnen con simpatizantes, pintan bardas y colocan lonas llamando a la unidad a favor de determinada persona y designándola coordinador; así lleva meses haciéndolo con total descaro Morena y, con disimulo y falta de talento, la oposición lo repite.

Las autoridades de procuración de justicia no solo deben recibir las denuncias, iniciar las investigaciones, e integrar las carpetas correspondientes y poner a disposición del juez a quienes cometieron delitos. Participar en contubernio con los contratistas para obtener estratosféricas ganancias, burlar la ley para designar no a colaboradores sino a cómplices debe ser castigado severamente. Sin embargo, vemos que una vez retirada la expresidenta, los demás solo se han limitado a presentar renuncias y retirarse a sus casas.

Si realmente existe el propósito de limpiar la suciedad en la institución entonces la Contraloría Interna del INE debe cumplir con sus obligaciones y conforme a sus facultades, revise los contratos vigentes y explique a la opinión pública cuáles contratos no se apegan a la ley, rescinda los mismos e imponga las sanciones y en su caso, de vista a la Fiscalía General de la República.

El tema es complicado, tanto que para la expedición de la nueva convocatoria que emita la Cámara de Diputados esta no ha podido ser acordada, pues debe salir con total transparencia y sin favorecer a nadie que desee participar. Estemos atentos a la misma.

La presidenta de la República tendrá sus razones para soportar sus contradicciones, negar que la funcionaria renunciante es cercana a su partido y culpar al pasado de su nombramiento. Sus actitudes rayan en lo ridículo, y continúa manteniendo una ausencia de autocrítica por parte del régimen, insiste en no reconocer errores. Esa falta de seriedad sigue hundiendo su imagen.

No olvidemos que los ciudadanos dejamos perder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional autónomo que de proteger al ciudadano se convirtió en defensor del gobierno, a tal grado que hoy pocos recurren a ese órgano cuando se vulneran sus derechos humanos o sufren un abuso de poder. No repitamos el error con el INE.

La elección de nuestros representantes populares, de nuestros gobernantes se puede llevar a cabo desde el autoritarismo o desde el populismo, pero nunca será democráticamente, ni imparcial, si el INE pierde sus facultades, carece de confianza o profesionalismo. De ese tamaño es el riesgo que tenemos en frente.