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La SICT ha declarado desiertas 10 licitaciones bajo la nueva ley de fomento de la inversión
Entre las entidades que han recibido los primeros beneficios de la ley en trabajos relacionados con la construcción de libramientos o modernización de ejes carreteros están: San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Sonora y Chihuahua.

Foto EE:
Freno a la inversión mixta. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha declarado desiertas 10 licitaciones relacionadas con el sector carretero, de las primeras 18 que ha fallado bajo el cobijo de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB).
Las ocho adjudicadas implican una inversión que ronda los 42,500 millones de pesos y las empresas ganadoras tendrán que utilizar los esquemas de financiamiento propuestos (como lo requiere la nueva ley para incorporar inversión público-privada), toda vez que será hasta 2029 cuando la dependencia comience a desarrollar sus esquemas de pago con recursos presupuestales
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Tampoco habrá pago de anticipos para los trabajos asignados.
Al momento, entre las entidades que han recibido los primeros beneficios de la ley en trabajos relacionados con la construcción de libramientos o modernización de ejes carreteros están: San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Sonora y Chihuahua.
Y algunas de las firmas elegidas por la secretaría son: Sánchez Valdéz Construcciones, GAMI, Grupo Cyrma, Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales (con dos procesos adjudicados) y MERP Edificaciones y Terracerías.
Respecto a las licitaciones declaradas desiertas por la SICT, de acuerdo a la nueva normativa, el argumento fue por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria. Entre ellas destaca la relacionada con la construcción del Puente Coatzacoalcos III, en Veracruz, que es una infraestructura de largo alcance que se considera prioritaria para el gobierno federal.
En tal caso, la dependencia recibió tres propuestas lideradas por firmas de reconocida trayectoria: Grupo Idinsa, ICA y Calzada Construcciones. El monto promedio ofertado para proceso fue de 14,000 millones de pesos (como referencia, el mayor de las ya adjudicadas fue 9,676.8 millones de pesos para la modernización de un eje carretero).
De acuerdo con el acta de fallo, tras la evaluación de Idinsa se concluyó que su propuesta resultó “no solvente en su aspecto económica al incumplir con los requisitos y condiciones normativas exigidas en el(los) rubro(s) de: catálogos de conceptos, Fasar, listado de insumo, financiamiento, por lo que no es susceptible de asignación de puntuación económica ni de ser considerada para la adjudicación del contrato”.
Un argumento semejante se dio a las otras dos firmas.
La nueva ley
La LFIIEDB fue creada en la actual administración federal con la intención de generar un marco jurídico en donde se detone la inversión público-privada desarrolle bajo un esquema en donde el Estado se mantenga como propietario de las infraestructuras, en sus diferentes sectores, y que el sector privado asuma la mayor parte de los riesgos.
Para su ejecución se creó una nueva plataforma de contratación en la que a la fecha aparecen proyectos relacionados con la SICT, la Comisión Nacional del Agua y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.
El mes pasado, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, comentó que las licitaciones iban por buen camino y destacó la gran cantidad de preguntas recibidas, lo que finalmente obligó a extender los plazos (para resolver los cuestionamientos y para dar a conocer los fallos).
Sin embargo, eso no fue garantía del interés real.
Una muestra es el proceso relacionado con la modernización de un tramo del eje carretero Salina Cruz-Zihuatanejo, en donde Omega Construcciones Industriales hizo preguntas, pero finalmente la SICT no recibió ninguna propuesta técnica ni económica, por lo que se declaró desierto.
El integrante de una constructora que analiza las licitaciones comentó a El Economista que además de ser un tanto confusa la información, no existen alicientes para el sector privado en participar, por lo que recomendó realizar talleres informativos de las licitaciones, que, hasta el momento, han sido de carácter internacional.

