El costo de aplazar la reforma fiscal

¿Qué ocurrirá si el país sigue posponiendo una reforma fiscal? Las agencias calificadoras ya adelantaron su respuesta. Recientemente, Moody's degradó la calificación soberana de México hasta el último escalón del grado de inversión; Standard & Poor's mantuvo la nota, pero cambió la perspectiva a negativa. Fitch, por su parte, conserva a México apenas un escalón por encima del nivel especulativo. El mensaje coincidente es que el problema no es únicamente el tamaño de la deuda, sino la creciente dificultad para estabilizar las finanzas públicas en un entorno de bajo crecimiento y elevados compromisos de gasto.

Desde la crisis de 1995, el gobierno federal mexicano se esforzó por construir una reputación internacional basada en la prudencia macroeconómica. La consolidación de la autonomía del Banco de México, el mantenimiento de un tipo de cambio flexible y el control de una deuda pública moderada permitieron conservar el grado de inversión, incluso durante episodios de gran volatilidad internacional. Sin embargo, ese activo comienza a erosionarse.

El origen del problema es sencillo de explicar. El gobierno gasta persistentemente más de lo que recauda. En 2024 el déficit público alcanzó cerca de 5.9% del PIB, el nivel más alto en tres décadas. Para 2025 y 2026 la estrategia oficial contemplaba una consolidación fiscal importante; sin embargo, la desaceleración económica ha reducido la velocidad de ese ajuste y ha dificultado cumplir las metas originales.

La dificultad radica en que prácticamente todas las variables juegan en contra. La economía crece poco; los ingresos petroleros ya no representan el colchón fiscal del pasado; el costo financiero de la deuda aumenta conforme permanecen elevadas las tasas de interés internacionales; y el gobierno mantiene compromisos crecientes en programas sociales, inversión pública y rescates recurrentes a Pemex.

Las calificadoras no están exigiendo una reforma fiscal porque consideren insuficiente la carga tributaria por sí misma. Lo hacen porque observan que el margen para seguir ajustando únicamente mediante recortes al gasto prácticamente ya se agotó. Por lo que, la expectativa de pago de las obligaciones del Estado mexicano a sus acreedores se debilita.

Durante los últimos meses la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha realizado esfuerzos importantes de contención presupuestaria. Sin embargo, reducir el gasto sin afectar funciones esenciales del Estado se vuelve cada vez más complejo cuando más de cuatro de cada cinco pesos del Presupuesto de Egresos corresponden a gasto obligatorio o comprometido, como pensiones, participaciones a estados, programas sociales, servicio de la deuda y empresas públicas. Es decir, el espacio para seguir recortando el gasto discrecional es cada vez menor.

Éste es precisamente el punto que preocupa a los mercados: una consolidación fiscal basada exclusivamente en austeridad tiene límites económicos y políticos. Más cuando la inversión pública resulta indispensable para cerrar brechas de infraestructura, aprovechar el fenómeno de relocalización de cadenas productivas y atender los crecientes requerimientos energéticos del país.

Por ello, la discusión ya no debería centrarse en si México necesita una reforma fiscal, sino en qué tipo de reforma requiere.

La primera condición es abandonar el falso dilema entre aumentar impuestos o mantener crecimiento. Un mal diseño tributario efectivamente puede desalentar la inversión. Pero una crisis de confianza derivada del deterioro fiscal resulta mucho más costosa. No es casualidad que, de acuerdo con la encuesta más reciente de Banxico, ninguno de los especialistas considere que hoy sea un buen momento para invertir en México, mientras que la mayoría lo califica como un mal momento. La incertidumbre fiscal e institucional termina elevando el costo del capital y retrasando decisiones de inversión mucho más que una reforma tributaria bien diseñada.

La evidencia internacional muestra que las economías que conservan el grado de inversión durante décadas son aquellas que construyen espacio fiscal antes de que lleguen las crisis. Ese espacio surge de combinar una recaudación suficiente, reglas fiscales creíbles, disciplina del gasto y condiciones que incentiven la inversión privada. México parte de una posición más frágil: con una recaudación equivalente a sólo 18.3% del PIB, frente al promedio de 34.1% registrado por países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, México dispone de mucho menos margen para absorber choques externos sin aumentar deuda o sacrificar inversión pública. Ésa es precisamente la preocupación que hoy expresan las calificadoras.

La baja recaudación de México se debe principalmente al hecho de contar con una base gravable estrecha por elevados niveles de informalidad, múltiples tratamientos preferenciales a entes públicos y privados, y una débil recaudación subnacional. Por lo anterior, una reforma moderna efectiva tendría que partir precisamente de ahí. Antes que elevar indiscriminadamente las tasas del IVA o del ISR, convendría ampliar la base de contribuyentes mediante incentivos efectivos para la formalización, revisar exenciones cuya justificación económica ya no es viable en el contexto actual, fortalecer la tributación patrimonial en los gobiernos locales y mejorar la coordinación fiscal entre Federación y entidades federativas.

Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que incrementar ingresos no es suficiente.

Las calificadoras también observan con atención la calidad del gasto público. Cada peso adicional que recauda el Estado debe traducirse en mayor productividad, infraestructura, educación, salud y seguridad. Por lo que, la reforma fiscal tendría legitimidad solamente si viene acompañada de una reforma del gasto.

Esto implica ampliar y fortalecer las evaluaciones y auditorías independientes de programas públicos; eliminar subsidios ineficientes; transparentar y hacer más eficiente el gasto de apoyo a empresas productivas del Estado; establecer reglas claras sobre el uso de ingresos extraordinarios y construir una verdadera planeación multianual de la inversión pública.

Por su parte, el caso de Pemex merece un análisis particular. Ninguna consolidación fiscal será plenamente creíble mientras la empresa continúe dependiendo de apoyos permanentes del gobierno federal. Sobre este tema, las calificadoras han señalado reiteradamente que el principal riesgo contingente para las finanzas públicas mexicanas sigue siendo nuestra petrolera. No basta con refinanciar deuda; resulta indispensable redefinir su modelo de negocio, priorizar proyectos rentables y permitir una mayor participación de inversión privada donde sea conveniente.

Finalmente, existen dos componentes fundamentales: el crecimiento económico y la productividad.

Una reforma fiscal diseñada únicamente para recaudar más, sin generar cambios estructurales que mejoren el ambiente de inversión, será siendo insuficiente. Si el aumento en el PIB apenas avanza entre 0.5 y 1.5% anual, cualquier esfuerzo tributario enfrenta un techo muy bajo. La mejor política fiscal sigue siendo una economía dinámica capaz de ampliar naturalmente la base de contribuyentes.

Por otro lado, desde hace más de dos décadas la economía mexicana crece, en promedio, alrededor de 2% al año, insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso de la población. Cuando las empresas producen poco con los mismos trabajadores y la misma inversión, los salarios avanzan lentamente (en el caso de México podríamos haber llegado al límite en los aumentos al salario mínimo), las utilidades son menores y el gobierno recauda menos impuestos. Esto es, las condiciones para que las empresas aumenten su capital de inversión en innovación y más productos y servicios se desvanecen. Lo deseable es que una economía sea más productiva para que genere más riqueza sin necesidad de aumentar las tasas impositivas. Es decir, la productividad funciona como una palanca para la sostenibilidad financiera.

Las calificadoras no están anunciando una crisis; están recordando que la estabilidad macroeconómica no es una herencia, sino una construcción permanente. México todavía cuenta con fortalezas suficientes para preservar el grado de inversión, pero sólo se sostendrán si van acompañadas de una estrategia integral que combine responsabilidad fiscal, crecimiento, productividad y certeza para la inversión.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.