¿Quién compite detrás de los pagos digitales?

En México, la discusión sobre los pagos digitales suele comenzar en el mostrador: ¿por qué tantos comercios siguen cobrando en efectivo? La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre busca ampliar la aceptación de medios electrónicos. Es una discusión pertinente, aunque deja en segundo plano otra pregunta: cuando alguien paga con tarjeta o mediante una aplicación, ¿quién compite por ofrecer ese servicio?

Supongamos que una pequeña cafetería decide aceptar tarjetas. Compra o renta una terminal, contrata a una empresa y empieza a recibir pagos. Parece que basta con elegir al proveedor que cobre menos. Sin embargo, el precio y las condiciones del servicio también dependen de lo que ocurre detrás de la terminal, donde participan entidades que el comerciante difícilmente puede elegir.

Una transacción con tarjeta involucra al emisor —generalmente el banco que la proporciona—, al adquirente o agregador que ofrece al negocio el servicio para aceptarla, a las redes de tarjetas y a las cámaras que procesan la operación. El comercio paga una tasa de descuento; a su vez, el adquirente cubre al emisor una cuota de intercambio. No todas estas actividades forman parte del mismo mercado ni están sometidas a la misma presión competitiva.

La distinción importa porque México ya tuvo un diagnóstico sobre uno de esos eslabones. En 2023, la Cofece concluyó que no existían condiciones de competencia efectiva en el procesamiento de pagos con tarjeta. Dos cámaras, Prosa y E-Global, prestaban el servicio; otros dos participantes contaban con autorización, pero no habían podido comenzar a operar. La investigación señaló obstáculos regulatorios y operativos a la entrada, así como riesgos derivados de que las principales instituciones bancarias fueran propietarias de las cámaras.

El hallazgo más incómodo no era que hubiera dos proveedores. Era que tener autorización para entrar no bastaba para competir. Cuando el acceso a una infraestructura depende de reglas que favorecen a quienes ya operan, la amenaza de nuevos competidores pierde fuerza. La estructura del mercado deja de ser solo un resultado de la rivalidad empresarial y empieza a reflejar las condiciones impuestas a esa rivalidad.

Ahora bien, la iniciativa legislativa busca que más establecimientos reciban pagos digitales. Si tiene éxito, aumentará la demanda de los servicios asociados. Esto puede hacer rentable la entrada de nuevas empresas y estimular inversiones. Pero también puede multiplicar las operaciones que pasan por estructuras poco disputables. Más transacciones no significan, por sí mismas, más competencia. La diferencia estará en quién puede prestar los servicios y en qué condiciones.

Hay además una dificultad que suele perderse cuando hablamos de pagos digitales como si fueran un solo producto. Una tarjeta de débito, una transferencia y una billetera electrónica pueden servir para liquidar una compra, pero no necesariamente utilizan la misma infraestructura. Algunas aplicaciones se apoyan en las redes de tarjetas; otras operan mediante transferencias entre cuentas. La competencia puede darse entre proveedores de un mismo sistema y también entre sistemas distintos.

Esa segunda forma de rivalidad es relevante: un comercio que puede recibir transferencias tiene una alternativa a la aceptación de tarjetas. Sin embargo, la sustitución no es perfecta. La facilidad para reclamar un cargo, el financiamiento, la velocidad de confirmación y la experiencia de pago pueden inclinar a consumidores y negocios hacia instrumentos diferentes. No basta con que existan varias tecnologías; importa si realmente se disputan las transacciones.

En agosto, Banxico y la CNBV sometieron a consulta nuevas reglas para las redes de tarjetas. Proponen reducir gradualmente las cuotas de intercambio y reforzar la interoperabilidad, de modo que las terminales acepten tarjetas independientemente de los participantes de la red. Son medidas vinculadas con los problemas identificados por Cofece, aunque sus mecanismos económicos no son idénticos.

Bajar una comisión por disposición administrativa no es lo mismo que generar rivalidad. La cuota de intercambio incide en lo que cuesta aceptar tarjetas, pero también en los incentivos de los emisores dentro de un sistema de dos lados. Su regulación requiere valorar ambos efectos. La interoperabilidad, en cambio, puede facilitar la entrada de nuevos operadores y permitirles competir en mejores condiciones. Su eficacia dependerá de cómo se implementen las reglas de acceso y conexión.

La iniciativa y la reforma financiera deberían leerse juntas, pero no confundirse. Una trata de ampliar el uso de los medios digitales; la otra, de las reglas bajo las cuales operan algunos de sus proveedores. Y la segunda cuestión no es un detalle técnico: puede determinar si la expansión del mercado trae consigo mejores servicios y menores costos o únicamente un mayor volumen para los participantes existentes.

La interrogante no es solo cuántos pagos dejarán de hacerse en efectivo, sino quién tendrá la oportunidad de disputarlos.

*Profesor universitario (UNAM) y economista (UNAM y CIDE). Especialista en análisis económico aplicado a litigios, competencia y regulación.