Lectura 5:00 min
CFE Telecom: ¿monopolio de Internet?

El 31 de octubre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución, donde establece que no constituye monopolio la prestación del servicio de Internet cuando sea provisto exclusivamente por el Estado, refiriéndose a la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual tiene implicaciones para la neutralidad competitiva, la estructura del mercado y la regulación.
Otro aspecto relevante es la transformación de CFE TEIT de una empresa productiva del Estado a una empresa pública. El cambio no es semántico, es estructural y estratégico: implica que CFE TEIT no se guiará bajo criterios de rentabilidad comercial. En su lugar, podrá operar con un enfoque orientado a garantizar el acceso universal a Internet bajo el paraguas de políticas públicas.
Estos cambios plantean interrogantes sobre cómo va a interactuar con los demás operadores, si tendrá un trato regulatorio y financiero preferencial como parece, en detrimento de la neutralidad competitiva.
La reforma introduce una paradoja en el mercado: mientras que el objetivo de CFE TEIT es ampliar la cobertura y reducir la brecha digital, su naturaleza como empresa pública con acceso a recursos del Estado socava las condiciones de igualdad entre los participantes de la industria, lo cual afecta la neutralidad competitiva, uno de los pilares de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó a principios de 2025 que la CFE, de forma indirecta, adquiera una participación de 23.08% en los derechos fideicomisarios de Altán Redes, operador de la Red Compartida. Aunque esta participación no otorga el control de Altán Redes, la realidad es que la CFE, como socio mayoritario del fideicomiso, ejerce una influencia significativa sobre sus operaciones.
Esta sinergia refuerza el papel del Estado en el mercado de telecomunicaciones, al combinar las capacidades de CFE TEIT (que ya ha construído 5,513 torres de telecomunicaciones y tiene casi 12 mil kilómetros de fibra óptica) con la infraestructura de Altán Redes.
Históricamente, la Red Compartida ha recibido recursos públicos para su operación y expansión, incluidos subsidios directos y extensiones de plazos para cumplir con objetivos de cobertura social. Este apoyo ha beneficiado a competidores privados, como Bait de Walmart, que utiliza la Red Compartida para ofrecer servicios de Internet móvil. En muy poco tiempo se hizo de 10% del mercado con 13.4 millones de líneas móviles gracias a esos beneficios.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las redes públicas mayoristas, como la de Altán, deben operar bajo principios de neutralidad y ofrecer servicios sin discriminación. La integración entre Altán y CFE TEIT hace que los recursos públicos destinados a la conectividad social sean utilizados para fortalecer las operaciones minoristas de TEIT y Bait, lo cual afecta la dinámica del mercado y rompe el principio de neutralidad.
Un elemento adicional que complica el panorama es la reciente extinción del IFT, organismo autónomo que había sido el regulador sectorial y de competencia económica. Sus funciones han sido transferidas a la nueva secretaría de Estado denominada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como a la Secretaría de Economía la parte de competencia y regulación asimétrica.
Este cambio concentra el poder regulatorio en instituciones subordinadas al gobierno. Se fortalecen las preocupaciones sobre la capacidad para no politizar las decisiones del sector, garantizar un entorno competitivo y evitar favoritismos hacia CFE TEIT y Altán Redes. La solicitud de la ATDT para cancelar la licitación IFT-12 para 5G así lo demuestra. La independencia regulatoria es crucial para brindar certidumbre y equidad para todos los actores.
El modelo operativo de una empresa pública como CFE TEIT tiene ventajas competitivas inherentes que difícilmente pueden igualar otros participantes. CFE TEIT puede recibir recursos públicos para financiar su operación y expansión, reducir costos y ofrecer precios más bajos. Al tratarse de una empresa pública, tendrá un tratamiento regulatorio más flexible, como las obligaciones de cobertura o la calidad del servicio. Acceso a crédito en condiciones preferenciales, respaldado por el gobierno y la banca de desarrollo. Como parte del aparato gubernamental, acceso a políticas públicas, estrategias regulatorias y proyectos de infraestructura, contratos y convenios.
La participación del Estado en el mercado de telecomunicaciones podría derivar en un monopolio de facto, disfrazado de un proyecto socialmente inclusivo, en un entorno donde el regulador es parte del Ejecutivo y la principal empresa proveedora de Internet es pública. Para prevenir esta distorsión regulatoria y competitiva, es fundamental que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones opere con transparencia.
El cambio que transforma a CFE TEIT en una empresa pública y redefine su papel en el mercado de Internet plantea retos para la neutralidad competitiva y el desarrollo del sector. Aunque la intención de garantizar el acceso universal a Internet es legítima y necesaria, el éxito dependerá de encontrar un equilibrio entre alcanzar los objetivos de conectividad social con reglas claras y generar la certidumbre jurídica que permita invertir, digitalizar e innovar en el mercado.
Twitter: @beltmondi