Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan

Al ser yo de Uruapan, conocí a Carlos Manzo desde que éramos niños. También a su hermano Juan y a Carlos Tafolla, este último uno de los líderes del movimiento del Sombrero, el cual ganó con amplio margen las elecciones para presidente municipal de Uruapan en 2024.

Carlos Manzo siempre fue un apasionado de los temas políticos, desde que lo recuerdo. Su padre Juan Manzo Ceja estuvo también muy interesado en estos temas, fuerte crítico del gobierno de aquellas épocas, en especial por las irregularidades de las elecciones en Michoacán. Carlos militó en diversos partidos antes de fundar el Movimiento del Sombrero, en el cual vio una plataforma de impulso que le permitió ir más allá de los partidos políticos tradicionales. Él y Tafolla generaron ideas que les granjearon el apoyo de mucha gente en las elecciones.

Una de las acciones más conocidas de Manzo en los últimos meses, fue la de subir a un helicóptero para perseguir a unos presuntos delincuentes. Carlos entendía bien las demandas sociales, una de ellas: “alguien tiene que hacer algo ante la inseguridad”.

Además, fue conocido por haber solicitado ayuda a la Federación, por los altos índices de criminalidad que hay en el municipio. Tristemente, la violencia azota a Uruapan desde hace ya mucho tiempo y esto no parece cambiar.

Reconozco la valentía de Carlos, no es fácil alzar la voz ante grupos criminales y ante otros gobernantes poco acostumbrados a ser exigidos. Creo que la respuesta de fondo ante la preocupante violencia debe alejarse de lo justiciero y del mero punitivismo, que poco ha servido, y debe buscarse más en el fortalecimiento de los ministerios públicos y el poder judicial.

La reforma de justicia reciente no abarcó la labor de los ministerios públicos, que es en donde mayores rezagos tenemos. Las policías en el país tienen muy poco poder de investigación y esto se ve reflejado en altos índices de impunidad. De hecho, Michoacán en 2022 era el tercer estado con mayor índice de impunidad, según el índice calculado por la Universidad de las Américas-Puebla. Se estima que 95 de cada 100 delitos no se sancionan, muchos de ellos ni siquiera se llegan a reportar.

Ante este poco poder de investigación, los jueces se vieron obligados en ocasiones a cerrar casos por fallas en el debido proceso o por contar con poca evidencia. Claro que también hubo muchos jueces que fallaron en su tarea de muchas formas. Sin embargo, el mayor problema a mi juicio no era elegirlos de otro modo, sino darles una mayor independencia e incluso que hubiera un mayor número.

México es uno de los países con menos jueces per cápita en el mundo. Con 4.4 jueces por cada cien mil habitantes, alcanza apenas una cuarta parte del promedio mundial. Incluso otros países de la región culturalmente similares a México tienen más jueces. Costa Rica, por ejemplo, tiene 25 jueces por cada cien mil habitantes y Uruguay tiene 11. El gasto que se destina a justicia en México es muy reducido en comparación con otros países. México destinó en 2021 apenas el 0.86% del PIB y lo destina más a la militarización que a los ministerios y jueces. Otros países de la región como costa Rica destinan el 2.38% o Chile el 1.67% (cifras de México Evalúa).

¿De qué sirve imponer mayores sanciones para los delincuentes si no le vamos a dedicar dinero a las autoridades que investigan delitos? ¿De qué sirven mayores sanciones si no hay autoridades independientes para impartir justicia? La verdad, de muy poco.