Bloqueo de cuentas bancarias

Una de las decisiones más relevantes, no por eso correcta, de los últimos tiempos, que tomó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuyas consecuencias nos alejan de un verdadero Estado de derecho, fue lo ocurrido con la resolución recaída a una acción de inconstitucionalidad, mediante la cual se reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En el citado artículo se otorga a la Unidad de inteligencia Financiera, UIF, la facultad de incluir a cualquier persona en la Lista de Personas Bloqueadas“cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita” o lavado de dinero.

Dicho criterio de la SCJN, afectará a toda persona que realiza actividades económicas legítimas pero que por la naturaleza de sus negocios y la facilidad que implica, utiliza manejo frecuente de dinero en efectivo, como son las personas emprendedoras, empresarios en pequeño, comerciantes o tianguistas, entre otros. Para cualquier persona, y más para quien tiene alguna actividad comercial se hace necesario el uso de cuentas bancarias.

Cuando a alguien le bloqueen su cuenta bancaria esto puede ser por tiempo indefinido, lo que afectará su patrimonio que se encuentre depositado en unbanco. Como consecuencia inmediata tendrá dificultades para pagar sus deudas, riesgo de quiebra de su negocio lícito, daño grave a su reputación y ante esa acusación se sumará la imposibilidad de costear los honorarios profesionales legales para su defensa. ¿No es acaso eso un episodio de terror para el afectado?

La acción de bloqueo se da por simples indicios de la UIF, no hay investigación o acusación formal alguna. Ocurrido el hecho, el ciudadano afectado deberá acudir ante la UIF a demostrar que sus recursos bancarios son lícitos, pero no hay suspensión, por lo que el bloqueo permanece. Ese ciudadano sin posibilidad de disponer de sus recursos económicos, no ha sido declarado culpable de ningún delito, pero debe probar su inocencia para desbloquear su cuenta bancaria. Una simple oficina burocrática pone el pie sobre el cuello del ciudadano común.

La dinámica de las actividades económicas hacen que las operaciones bancarias sean una herramienta para facilitar el trabajo como son pagar salarios, cobrar anticipos o liquidar transacciones; además en la realización de muchas actividades informales que se desarrollan en nuestro país, actividades que emplean ya al 30 por ciento de la mano laboral.  Quienes participan en estos ramos de la economía ahora vivirán en la zozobra por este nuevo criterio del máximo órgano judicial de nuestro país.

El solo hecho de bloquear cuentas bancarias puede llevar a quebrar negocios, impedir que los pequeños empresarios cumplan con sus obligaciones, cancelar operaciones, sin olvidar que se destruyen reputaciones, se impide la subsistencia personal. Con el bloqueo de cuentas puede haber un impacto tan severo o más que muchas sanciones formales derivadas de una resolución judicial.

Es innegable que el gobierno debe combatir a los grupos delincuenciales, al crimen organizado que se valen del sistema financiero mexicano para actuar, sin embargo, en ese trabajo de combate a la delincuencia se debe actuar con estricto apego a la ley, cumplir con el principio del debido proceso, respetar la seguridad jurídica, respetar la libertad de comercio y de negocios, brindar la tutela judicial efectiva a los gobernados.

Ante todo esto, debe alertarse del uso político que se le pueda dar a esa medida. El gobierno, ahora apoyado por un poder judicial cooptado que le convalida sus actos, en vez de corregirlo y volverlo al camino de la constitucionalidad, le da criterios para perseguir a sus opositores, a los líderes de opinión, a columnistas y amedrentar a cualquier ciudadano exigente y crítico.

Con decisiones de ese tipo el ciudadano queda ante la incertidumbre, y el temor de que el día de mañana el bloqueo de cuentas bancarias, sea el antecedente de la confiscación de bienes, instrumento de todo régimen autoritario.