La alcaldesa de León renunció al PAN

Hay renuncias que parecen actos de dignidad y otras que huelen a control de daños con perfume caro. La de la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos pertenece a esa zona gris donde la política mexicana suele instalar sus mejores sainetes: nadie es culpable, pero alguien tenía que irse. La ley de hilados y tejidos, en su artículo primero y único establece que el hilo se revienta por lo más delgado.

En León, donde el zapato aprieta, pero no siempre se sabe quién lo fabricó, la historia comenzó con un contrato de 7.3 millones de pesos otorgado a una empresa fantasma. Nada nuevo bajo el sol, salvo el detalle de que el responsable directo era Allan León, colaborador cercano a la alcaldesa, su delfín electoral y, hasta hace poco, promesa de continuidad administrativa. Es decir: no era un extraño que se coló a la fiesta, era parte del comité organizador.

La alcaldesa, en un primer acto de lealtad que en política suele confundirse con terquedad, se negó a despedirlo. Después vino el clásico jalón de orejas desde la cúpula del Partido Acción Nacional, que decidió que la ética —virtud que surge cuando le conviene a los jefes— debía aparecer en escena. Allan cayó. No por convicción interna, sino por presión externa. Y eso, en el manual no escrito del poder, cuenta doble.

Pero aquí es donde la trama se pone interesante. Porque lejos de cerrar la crisis, la decisión abrió la puerta al melodrama: Gutiérrez Campos, amagó con quedarse si su colaborador sobrevivía políticamente. No sobrevivió. Entonces ella se fue, pero únicamente del PAN, de ninguna manera de la presidencia municipal. Y se fue con un discurso de agravio, que siempre es más elegante que el de responsabilidad. Habló de ataques del poder, de conspiraciones, de un partido que —según ella— se convirtió en instrumento de daño para la ciudad. En otras palabras, el problema no era el contrato fantasma, sino quienes se atrevieron a señalarlo.

Un clásico giro narrativo, del escándalo a la victimización en tres actos. Mientras tanto, en la vida real —esa que no cabe en los comunicados— algunos leoneses observan otra película paralela: el auge inmobiliario. Edificios que brotaron como si la ciudad hubiera decidido crecer hacia arriba. Torres que aparecen de la noche a la mañana con la velocidad con la que desaparecen los expedientes incómodos. Y en ese paisaje, inevitablemente, aparece la comparación incómoda con la Benito Juárez y su célebre “cártel inmobiliario”, donde los permisos y los pisos extras parecían más generosos que la transparencia.

¿Casualidad urbanística o patrón conocido? Esa es la pregunta que nadie responde en voz alta, pero que circula en sobremesas, cafés y chats familiares. Porque en México, cuando la corrupción toca la puerta, rara vez viene sola, suele traer consigo planos arquitectónicos, una notaría disponible y un perito con vocación de mago.

La dirigencia nacional del PAN, por su parte, decidió cortar por lo sano o al menos por lo visible. Pero el problema de fondo sigue ahí: cuando los partidos reaccionan sólo cuando el escándalo se vuelve mediático, no están corrigiendo el rumbo, están administrando la crisis. Y así, León se queda con una alcaldesa sin partido —sólo por hoy—, un colaborador caído, un contrato fantasma y muchas preguntas reales.

Porque al final, más allá de renuncias y discursos, lo que queda es una sospecha persistente en la política mexicana, el problema no es quién se va, sino quién sigue cobrando. Quién conserva la oficina; quién mantiene la influencia. Porque en este país las dimisiones suelen ser como las dietas alimenticias de enero: muy anunciadas, poco duraderas y fácilmente reversibles. Y mientras el ciudadano paga impuestos y servicios, la clase política sigue cobrando entradas para la misma función de siempre.

Punto final

A los panistas desahuciados los rescata el MC; desde mañana la exazul será naranja.