Actividades sospechosas

De la Riviera nayarita a la Riviera Maya, la banca mexicana parece haber dado vuelta a la pagina. Después de la sanción impuesta por el Tesoro estadounidense a CI Banco, Intercam y Vector, el sector ha dado muestras de estabilidad y resiliencia.

Dos nuevas instituciones han obtenido sus licencias de operación y otras tantas están en la ruta de completar los protocolos impuestos por los reguladores que han dejado claro a los actores del sistema financiero mexicano el riesgo de aplicar más medidas coercitivas a las actividades sospechosas.

En junio del 2025 fueron las sanciones de FinCen a las tres instituciones financieras. Cinco meses después, autoridad de ambas naciones actuaron contra 13 establecimientos dedicados a las apuestas remotas y una semana antes de que concluyera el año fue anunciada una operación dirigida contra más de un centenar de instituciones estadounidenses dedicadas a servicios monetarios con operaciones en la franja fronteriza que incumplían las regulaciones anti lavado.

Ante esas acciones, el gobierno mexicano aceleró la implementación de mejorar al marco regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero. Entre ellas, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Antes, las instituciones del sistema financiera habían tenido que adaptarse para cumplir con la reforma del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los esfuerzos para frenar a los cárteles también involucran a los reguladores financieros. Así quedó patente el pasado miércoles 18: en un salón del centro expositor donde se celebró la 89 Convención Nacional Bancaria, sendas delegaciones de alto nivel de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFC), del FinCen —la red de control de delitos financieros— y del Servicio Interno de Rentas (ISR) estadounidenses escucharon a los oficiales de cumplimiento de los bancos mexicanos. La contraparte local tuvo al presidente de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza; a la procuradora fiscal, Grisel Galeano, y a la actual titular de la GAFI, Elisa de Anda Madrazo, como principales representantes.

Ausente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares. Y la representación de la FGR y de Banco de México, apenas testimonial.

Una ausencia justificada. Desde hace ocho meses, México está sujeto a una ronda de evaluación —la quinta— por parte de GAFI y la cita ocurrió este jueves 19 en la Ciudad de México. Además de las medidas correctivas a las vulnerabilidades detectadas en las rondas anteriores, ahora la revisión se concentró en la gestión de riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En la víspera, la UIF y la CNBV hicieron público un acuerdo para fortalecer los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.

La sanción de FinCen a los bancos mexicanos, en junio del año pasado, aceleró la implementación de mejorar al marco regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero. Entre ellas, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Antes, las instituciones del sistema financiera habían tenido que adaptarse para cumplir con la reforma del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Elisa de Anda Madrazo estuvo entre los funcionarios que estuvieron en Cancún y regresaron a la CDMX. Dentro de tres meses, la funcionaria mexicana entregará la presidencia de GAFI al británico Giles Thompson.