Abasto de medicamentos: El fin de la "Caja Negra" y la era de la reputación pública

Durante décadas, el abasto de medicamentos en México operó bajo la lógica operativa de una "caja negra". Entre la orden de suministro emitida por una institución de salud y la llegada —o ausencia— del insumo al almacén hospitalario, existía un abismo de información donde las responsabilidades se diluían. El hospital culpaba al proveedor, el proveedor culpaba al operador logístico, y el operador señalaba la falta de recepción en almacenes o en los propios nosocomios. En esa neblina administrativa, el único perdedor siempre fue el paciente.

La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 9 de febrero de 2026, del Acuerdo por el que se establecen las reglas para el Sistema de Monitoreo al Cumplimiento del Abasto, representa un "golpe de timón" sofisticado en términos de gestión pública sanitaria. No estamos ante una simple circular administrativa; estamos ante la digitalización de la rendición de cuentas y la recuperación, por fin efectiva, de la rectoría del Estado sobre la cadena de suministro.

Lo primero que hay que destacar de esta estrategia es la centralización de la data. El Acuerdo faculta a la Secretaría de Salud, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica (SISCOSAM), para concentrar la información de todo el ecosistema: BIRMEX, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Esto rompe con la fragmentación histórica. Hasta ayer, cada institución tenía sus propias métricas de "nivel de servicio", usualmente autocomplacientes o incompatibles entre sí. Al crear un tablero de control único, la Secretaría de Salud deja de ser un espectador para convertirse en el "cerebro logístico" que el sistema requería. La información deja de ser propiedad de los subsistemas y pasa a ser un activo de inteligencia sanitaria nacional.

Es justo reconocer que este avance no surge por generación espontánea. Vale la pena echar la vista atrás y recordar que, desde el año 2022, ya se había sembrado la semilla de esta modernización en la agenda legislativa con la iniciativa para la creación del SICAMED (Sistema de Control de Abasto de Medicamentos).

Aquella propuesta, inusual para la inercia burocrática, ponía el dedo en la llaga sobre un concepto que hoy es la columna vertebral del nuevo Acuerdo: la trazabilidad. El SICAMED planteaba, precisamente, la urgencia de dejar de "mover cajas" para empezar a gestionar datos, siguiendo el rastro del insumo desde la línea de producción hasta la farmacia del hospital, trazabilidad.

Es motivo de reconocimiento que el espíritu técnico y la ambición de transparencia de aquella iniciativa de 2022 no cayeron en saco roto. Por el contrario, se han integrado y robustecido en este nuevo sistema de gestión de la información. Ver materializados conceptos como el monitoreo en tiempo real y la trazabilidad integral confirma que las buenas ideas, cuando tienen sustento técnico, terminan por abrirse paso en la política pública. El SICAMED fue el diagnóstico correcto; el actual Sistema de Monitoreo es el tratamiento adecuado.

Sin embargo, el aspecto más disruptivo del Acuerdo —y donde los directores generales de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos deben poner atención— radica en la transparencia con dientes.

El documento establece que la información de cumplimiento será de acceso público y que el sistema emitirá "Constancias de Cumplimiento". Esto introduce una variable inédita en la ecuación comercial del sector salud: el Riesgo Reputacional.

Anteriormente, el incumplimiento de un contrato se saldaba con una penalización económica (deductivas) o, en el peor de los casos, con una inhabilitación que tardaba años en procesarse legalmente. Ahora, el mercado y la sociedad tendrán acceso a un "scorecard" en tiempo real. Saber qué proveedor entrega a tiempo y cuál arrastra rezagos sistemáticos ya no será uno de esos secretos a voces, sino un dato duro accesible al escrutinio público.

Esto eleva la vara de la competencia. Las empresas ya no solo competirán por precio en una licitación; competirán por cumplimiento (además del Contenido Nacional). Una empresa global o un distribuidor nacional no pueden permitirse que su marca aparezca en el "Semáforo Rojo" del portal de la Secretaría de Salud. El cumplimiento contractual se convierte, ipso facto, en el activo intangible más valioso de las empresas proveedoras.

La implementación de este sistema, que entra en vigor de manera casi inmediata con la emisión de lineamientos operativos en un plazo de 30 días, plantea un desafío logístico monumental para el sector privado, justo a tiempo para la publicación de las bases de la Compra Consolidada en mayo.

El Acuerdo es claro: el uso del sistema es obligatorio para los proveedores adjudicados. Esto significa que la industria debe alinear sus sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y sus plataformas logísticas con la interfaz gubernamental.

Aquí surge un riesgo operativo latente: la discrepancia de datos. ¿Qué sucede cuando el sistema del proveedor marca "Entregado" y el sistema del hospital marca "Pendiente"? La capacidad de la industria para generar evidencia de entrega digital, georreferenciada y en tiempo real será la única defensa ante posibles sanciones o daños reputacionales. Baste el ejemplo de un operador logístico del que se presume “perdió” evidencia de más de 20,000 acuses de recibo por millones de piezas.

Las empresas que han invertido en tecnología de trazabilidad —tal como lo anticipaba la visión del SICAMED—, trazabilidad para la cadena de suministro o sistemas avanzados de gestión de flotas, tendrán una ventaja competitiva inmediata. Aquellas que siguen operando con albaranes de papel y reportes manuales en Excel se enfrentarán a una pesadilla administrativa para "cuadrar" sus cifras con la realidad que dicte el Sistema de Monitoreo.

Es fundamental destacar el diseño de gobernanza que plantea el Acuerdo. Al involucrar a la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Unidad de Administración y Finanzas como soporte tecnológico, y a la SISCOSAM como responsable operativo, se crea un sistema de pesos y contrapesos técnicos.

El objetivo explícito de "visualizar la atención que dan los proveedores a las órdenes que reciben" elimina la discrecionalidad. Si la información no está en el sistema, la entrega no existe. Esto es un paso gigantesco hacia la integridad pública y el combate a la corrupción en la "última milla" del abasto, donde históricamente se han dado algunas de las mayores fugas de control y recursos.

La publicación de este Acuerdo transforma el derecho a la salud, consagrado en el Artículo 4° Constitucional, de un concepto jurídico abstracto a una métrica logística verificable.

Para el sector privado, el mensaje es contundente: el Estado Mexicano ha madurado como comprador. Ya no busca solo el precio más bajo; busca sostenibilidad, impulso a una industria nacional y la certeza en el abasto; y tiene, por primera vez, las herramientas tecnológicas para verificarlo en tiempo real.

Se abre una ventana de oportunidad para que la industria demuestre su valor. Los proveedores serios, aquellos comprometidos con el sistema nacional de salud, encontrarán en este sistema la mejor plataforma para diferenciar la excelencia operativa de la improvisación de los "aventureros" del sexenio.

El riesgo está ahí, por supuesto. La presión será mayúscula y la exposición pública será ineludible. Pero si el resultado es que el medicamento llegue a la mano del paciente en el momento correcto, entonces la presión habrá valido la pena. Llegamos a la era de la salud basada en datos, donde la reputación se gana o se pierde con cada caja entregada.

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Antoine Henri Jomini: "La logística comprende los medios y arreglos que hacen funcionar los planes de la estrategia y de las tácticas. La estrategia decide dónde actuar; la logística lleva a las tropas hasta ese punto".

*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.