¿Renunciaron o los despidieron? Luis Rivera Montes de Oca ex procurador mexiquense hace 100 días fue destituido como titular de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) e inhabilitado para ejercer cargos en el servicio público durante 10 años. ¿La causa? Negligencia administrativa.

Javier Tovar Jácome también fue destituido como administrador del puerto Topolobampo, Sonora. ¿Por presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la terminal marítima o por el robo de minerales? Nadie puede decirlo con certeza puesto que la identidad de los funcionarios involucrados en esta indagatoria está reservada.

Al cierre del tercer cuatrimestre del 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tres titulares de órganos del gobierno federal (sic) han sido inhabilitados por actos contrarios a la ley . Jorge Humberto López-Portillo Basave, ex director general de Exportadora de Sal (ESSA), completa esa ignominiosa triada: se le impuso una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 10 años, así como una multa que asciende a 139 millones de pesos, equivalentes a 1.5 veces el monto del daño patrimonial ocasionado a la paraestatal que explota la mina de sal al aire libre más grande del mundo.

¿De qué es presunto culpable? Por haber dado un anticipo para la compra de una barcaza por más de 92 millones de pesos, sin contar con la autorización del Consejo de Administración de dicha empresa paraestatal , decretó la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP.

Los funcionarios peñistas inhabilitados sin embargo tienen versiones distintas. El 14 de agosto, Rivera Montes de Oca presentó su renuncia a la Profedet y sólo cuatro días después fue decretada la resolución sancionatoria por el Órgano Interno de Control de la STPS. Catedrático, ex presidente de la Barra de Abogados y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, ya presentó una apelación, que dejaría sin efectos su inhabilitación.

López-Portillo Basave, por su parte, había presentado su renuncia al presidente del Consejo de Administración de ESSA, Mario Alfonso Cantú, en diciembre del año pasado, tras de un tortuoso año de diferendos y exabruptos cuyos detalles han trascendido a pesar del anacrónico sigilo que impide dirimir públicamente las diferencias entre tecnócratas y políticos.

El ex director general de ESSA, divulgó la SFP, entregó a un proveedor 92 millones de pesos como anticipo para la compra de una barcaza sin contar con la autorización de Cantú. Esas embarcaciones con 6,500 toneladas de capacidad , cumplen trayectos cotidianos de la planta purificadora a la Isla de Cedros. La Sur V saldría de circulación tras de 44 años en operación y un incidente ocurrido a finales del 2012 un hundimiento parcial generó una amonestación de la autoridad ambiental.

Los cuatro remolcadores tienen, en promedio, dos décadas en servicio. El más viejo es el Delfín, botado en 1976, y el Consejo de Administración también debía resolver la propuesta de sustituirlo. Así ocurrió en junio del 2013. El anterior director, Edmundo Elorduy, había propuesto adquirir una barcaza con capacidad de 10,000 toneladas y un remolcador de 4,000 caballos de fuerza.

El 13 de marzo del 2013, Mario Cantú presidió su primera junta de consejo de administración y el entonces director de ESSA informó sobre los resultados del ejercicio fiscal 2012. La producción y las ventas estaban 6% por debajo de lo presupuestado y entre los factores que explicaban tal caída estaban el arribo tardío de los tres buques, además del hundimiento parcial de la barcaza.

Las demoras propiciaron que la paraestatal mexicana pagara a Mitsubishi una penalidad de 13 millones de dólares por recargos. Hay otros gastos más lesivos: la salinera mexicana eroga 60 millones de dólares anuales por el arrendamiento de los buques de 180,000 toneladas que trasladan el producto a las plantas de Mitsubishi, que después de descargar, regresan a la bahía de Guerrero Negro sin carga y absorbiendo los gastos de regreso, incluyendo anualmente más de 150 millones de dólares en combustible.

Todavía el 19 de agosto del 2013 los directivos de ESSA discutieron sobre la compra de la embarcación. Cantú reclamó a López-Portillo que lo originalmente autorizado era de 10 millones de dólares para la compra de una barcaza de 10 toneladas de capacidad y no 27 millones de dólares.

El directivo justificó la ampliación, con el incremento de la producción del mineral. Todavía en diciembre tramitó la última autorización, antes de presentar su renuncia. El consejo condicionó su visto bueno, aunque la convocatoria finalmente fue expedida para construir una barcaza autopropulsada y autodescargable de 15,000 toneladas métricas. El contrato fue asignado a Corretaje Marítimo Sudamericano, que postuló la oferta más baja. La impugnación de Astilleros Marecsa e Infraestructura y Servicios Portuarios justificó en la queja que Cantú interpuso contra López-Portillo y los cuatro funcionarios que sancionaron la licitación, además del titular del OIC, Mario Vargas Aguiar. ¿Y el conflicto de interés? Ése no se sanciona en la SFP.

[email protected]