Un México menos fósil y un Pemex verde

Gases de efecto invernadero (GEI), huella de carbono, emisiones de ozono y CO2. Una colección de conceptos que cada vez con más conocidos en México. En efecto, nuestro país ha sido globalmente exitoso y sobresaliente en participar y ser signatario de múltiples encuentros y mecanismos que derivan de los conceptos mencionados, todo ello orientado a contribuir a la agenda del cambio climático. Ha hecho acto de presencia en foros y formalizado acuerdos que logren reducir o eliminar la contaminación del ambiente. En eso tenemos liderazgo. Tenemos la narrativa, pero nos falta sustancia.

Muchas de las actividades que contaminan no están acompañadas de incentivos relativamente óptimos para llegar a una frase contundente de que, “el que contamina (la) paga”. Hace una década tuve el privilegio y la oportunidad para proponer, con éxito, el cobro de una cuota a las descargas que se derraman al agua y la contaminan (Ley Federal de Derechos, LFD 2014). A partir de ello, los afectados por este cobro comenzaron a cambiar sus prácticas y operación para reducir al mínimo o de plano anular este cobro. Dejaron de verter materiales contaminantes en cuerpos de agua ya fuesen superficiales o subterráneos. Empezaron a reciclar y ahorrar agua volviéndolos no sólo social y ambientalmente responsables sino más eficientes, más rentables. Es sólo un ejemplo para centrarme en otro recurso natural no renovable: el petróleo.

La actividad petrolera, de manera muy general, “descarga” -vierte o libera- contaminantes en toda su línea de producción: exploración, extracción, producción de petróleo crudo. Lo hace también en otros sectores como la refinación desde luego y el traslado de petrolíferos o líquidos: gasolinas, diésel, querosenos y combustóleo, por mencionar ejemplos. El sector energético genera más del 90% de las emisiones de CO2 y 2/3 partes del total de emisiones de gases efecto invernadero. Es obvio que Pemex es un actor estelar en el sector y por eso es sorprendente que los impuestos al carbono o cobros por contaminar generen sólo el 0.01 del PIB y casi 2% de todos los IEPS o Impuestos por Producción y Servicios. Los impuestos verdes o de carbono no cuentan ni para la economía, ni la hacienda pública, ni para compensar la afectación al medio ambiente. La clave es la valuación o precio de la tonelada de CO2, que ajustada podría incluso superar la recaudación actual por IEPS aplicable a gasolinas.

Un Pemex verde requiere pagar impuestos y otras cuotas por la naturaleza de sus actividades. Los principales pagos que hace Pemex al gobierno federal se han agrupado en torno al concepto de “derechos”, originalmente parte de la LFD y desde la reforma energética establecidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Pero la lógica de derechos refiere a un cargo por explotar un bien de la nación, como los derechos de agua y de minería, por ejemplo. No son pagos que tengan que ver con una actividad industrial y mucho menos con la colección de conceptos que forman parte de la agenda del cambio climático, es decir, no se pagan por contaminar. Son más bien cobros propios de la extracción, como los que aplican a la minería metalúrgica.

En la era que parece estar por terminar, la extracción o explotación del petróleo crudo y su eventual exportación justificaron el cobro de un derecho, una especie de regalía por usar y aprovechar el petróleo. Pero Pemex no debe seguir esperando llegada del siglo XXI. Puede, como ya lo considera el recientemente presentado Plan de Sostenibilidad, convertirse en una empresa genuinamente verde pagando por contaminar en cada una de sus actividades directa o indirectamente relacionadas con la extracción de crudo y producción de refinados, por mencionar dos áreas. Por ejemplo, el potencial de los impuestos al carbono, como también se ha llamado a los IEPS actuales es enorme si su diseño es el adecuado. El que paga por contaminar tiene que pagar por la cantidad de contaminante que contiene el producto o servicio en cuestión y, desde luego, por la magnitud de contaminación o de impacto en su entorno y en el medio ambiente. Es lo que hace más de un siglo el economista inglés propuso en un libro clásico, La economía del bienestar. Debe de reducir las externalidades negativas e internalizar el costo de ello. Actualmente Pemex no tiene el incentivo microeconómico para no contaminar, pero es posible y viable que lo tenga.

Es necesario reconceptualizar y rediseñar la naturaleza del Pemex contribuyente. Hay que pensar “fuera de la caja”, como suele decirse. Al establecer un marco de referencia verdaderamente verde no sólo podrían redireccionarse los incentivos de Pemex hacia su viabilidad futura, sino que se tendría el enorme beneficio de ofrecer precios bajos de combustibles sin trastorno al medio ambiente. También podrían alcanzarse las metas recaudatorias que actualmente se tienen en el cobro de impuestos a gasolinas y derechos, hacia esquemas modernos y no necesariamente extractivos. Por ejemplo, los mercados ilícitos de gasolinas representan una pérdida en impuestos de alrededor de 150,000 millones de pesos. Un mejor diseño y una mejor aplicación de impuestos ayudarían enormemente a reducir dos de los fenómenos que más afectan su operación: la adulteración y el enorme contrabando de combustibles, por no mencionar el mercado ilícito de los mismos donde el llamado huachicoleo tiene un papel estelar. Los impuestos verdes podrían ayudar a reducir considerablemente estos flagelos reinventando la interacción entre las finanzas públicas y el sector energía. La “migración” de un modelo fiscal a otro puede ser gradual pero no debe ser interrumpido. Los impuestos no son “una varita mágica” pero sí son una innegable y potente herramienta para reorientar incentivos. Innegablemente tienen el potencial para construir un México menos fósil.

*El autor es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.

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