Tragamonedas y la libertad

Sin mayores cuestionamientos o discusión pública, hace unas semanas el gobierno publicó una reforma al Reglamento de La Ley Federal de Juegos y Sorteos. El Decreto de reforma afecta los sorteos de números o símbolos  que se ejecutan en las máquinas que se conocen como tragamonedas. El Decreto mantendrá las máquinas existentes, lo que se prohíbe es la instalación de nuevas máquinas en casinos ya existentes y en los de nueva apertura. Con ello, la finalidad es, transcurridos unos años, que desaparezcan por completo estas máquinas. En adición se redujo el plazo de las concesiones a casinos de 25 a 15 años para nuevas licencias. Pero sin la posibilidad de instalar tragamonedas, ya no será rentable abrir nuevos casinos. El Decreto también establece que los permisos para la apertura y operación del cruce de apuestas en lugares como hipódromos o similares y los centros remotos de apuestas para eventos deportivos tendrán una vigencia de uno a 15 años.

Esta actividad es un área de la vida personal donde el gobierno no tiene por qué entrometerse con un afán moralizador. Esforzados burócratas sintieron la necesidad que ésta sería un área donde podrían moralmente “proteger del vicio” a la sociedad. La defensa que hizo el gobierno es de un intervencionismo en las libertades al señalar que “el Estado mexicano tiene la responsabilidad de evitar  los efectos dañinos del juego con apuesta y azar que pueden impactar a la niñez, adolescencia y  a adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental, psicosocial o adicción, como la ludopatía o el trastorno del juego”.

En vez de prohibir, la solución es regular y supervisar apropiadamente el uso de esas máquinas. Estos artefactos se encuentran principalmente en los casinos que tienen que pagar cantidades elevadas en permisos. Las tragamonedas son la fuente de ingresos más importante de esos establecimientos, toda vez que los juegos de cartas y la ruleta no están permitidos. Típicamente hay decenas de esas máquinas instaladas en esos locales. Los ingresos se complementan con la venta de alcohol y espectáculos musicales. Pero también hay tragamonedas ubicadas en locales comerciales pequeños como farmacias, tiendas y estanquillos. Esto último dificulta el control para que menores de edad no tengan acceso para usar libremente dichas máquinas.

Lejos de erradicar el uso de tragamonedas, se convertirá en una actividad clandestina, con un contrabando de esas máquinas para introducirlas al país. Será un mercado negro que ofrece una oportunidad más amplia a la delincuencia organizada. Habrá una sangría al fisco, pues se calcula que los casinos pagan al año cerca de 12,000 millones de pesos entre el impuesto especial a las apuestas, el IVA, el ISR, los impuestos estatales y participaciones a la Secretaría de Gobernación. Este Decreto los dañará a la larga, conduciendo al cierre de estos establecimientos, con daños al empleo directo e indirecto.

Debe insistirse que el camino no es coartar libertades prohibiendo ciertas actividades (la prostitución y las drogas son otras), sino que hay que regular con inteligencia y efectividad esas acciones.

X: @frubli